Más detenciones por presunta rebelión durante el paro nacional

  • Dictan orden de prisión preventiva para Virgilio Hernández

    • Fotografía tomada de la cuenta de Flicker de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0.

    El 5 de noviembre de 2019, en la audiencia de vinculación por el delito de rebelión durante el paro nacional, el juez Julio Arrieta dictó orden de prisión preventiva contra Virgilio Hernández, exasambleísta cercano al expresidente Rafael Correa. Por el mismo delito es investigada la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien guarda prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi. Antes de entrar a la audiencia, Hernández dijo que los “buscan aniquilar porque nos conciben y nos creen enemigos políticos”, en referencia a la serie de juicios que enfrentan varios funcionarios de la época del correísmo, que ellos consideran un persecución política.

    El delito de rebelión consiste en, según el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP),  que una persona “se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido”. De encontrarse culpables, los investigados sancionado con una pena de cinco a siete años de cárcel. 

    La diligencia, que se realizó en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, fue de carácter reservado. Afueras de la Corte se concentraron varios seguidores de Hernández. 

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  • La Fiscal General asegura que el incendio de la Contraloría General del Estado fue “concertado”

    • Fotografía de Diego Ayala para GK.

    Diana Salazar, Fiscal General del Estado, dijo que tiene evidencia de “cómo se planificó, se consultó y se llevó a cabo” el ataque que terminó en el incendio de la Contraloría General del Estado en Quito, durante el paro nacional de octubre de 2019. Salazar dijo que su investigación no tiene motivaciones políticas, sino que es únicamente “técnico-jurídico”. 

    Salazar dijo esto el 6 de noviembre de 2019 después de asistir al izamiento de las banderas del Ecuador, Quito y la bandera institucional de la la Contraloría General del Estado. El acto simbólico se hizo en el edificio del organismo de control que aún muestra las consecuencias del incendio y saqueo que sufrió. 

    Según la Fiscal, cuando termine la investigación presentarán “los resultados ante los jueces y la ciudadanía” de cómo se planificó el ataque la Contraloría y otros actos violentos en el resto del país. Dijo que hay “abundante y contundente” evidencia en la investigación por rebelión por la que se les ordenó prisión preventiva a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el exasambleísta Virigilio Hernández, ambos partidarios del correísmo. Además, Salazar dijo que los hechos investigan “no tiene que ver únicamente con una protesta”, sino que fueron actos vandálicos. Pablo Celi, Contralor General, dijo que el ataque al edificio de la institución que encabeza tuvo como propósito destruir “la memoria documental de años de trabajo” para truncar las investigaciones del organismo. 

  • La ministra Romo en la Asamblea afirma que el paro tuvo más de un motivo

    • Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional

    El 6 de noviembre  de 2019, la Ministra de Gobierno del Ecuador, María Paula Romo, fue a la Comisión Multipartidista que la Asamblea conformó para analizar las protestas de octubre de 2019. Romo inició diciendo si  “tratamos de explicar con un solo motivo, con una sola manera, con un solo actor con una sola motivación lo que sucedió en el Ecuador a inicios del mes de octubre vamos a equivocarnos, no importa cual sea la explicación” 

    Según la Ministra, durante los días de protestas hubo violencia organizadas de grupos dirigidos que enfocaron sus ataques a la infraestructura del Estado y a los servicios del Estado. Once campos petroleros fueron atacados. El más afectado, según Romo, fue el Auca que perdió 82 mil barriles de petróleo, lo que equivale a cerca de 5.166.000. de dólares .El cuartel militar de la Balbina, en Sangolquí, donde hay armamento militar y aeronaves, también fue blanco de estos grupos, cuyas formas de actuar eran de “lógicas paramilitares”, pues usaron escudos, bombas molotov, granada caseras, voladores en tubos de pvc como proyectiles, dijo Romo. La Ministra dijo, además que el gobierno ha identificado lugares de entrenamiento que “durante algunos meses” han servido para la elaboración de “este tipo de bombas y ataques artesanales”. 

    Romo habló también de una guerra informativa y desinformación. La Ministra dijo que el hashtag #masacreenQuito se posicionó en redes sociales a través de organizaciones, bot, trolls, y de cuentas locales e internacionales. Entre la desinformación  que circuló, Romo citó el caso de un audio de voz de una supuesta enfermera que informaba la muerte de treinta niños. Romo lo desmintió. “Ningún niño murió durante estos días como consecuencia de una bomba lacrimógena ni en medio del paro ni por asfixia afortunadamente”.

    El 12 de octubre de 2019, explicó Romo, fue la jornada más violenta. Era “el día que estaba previsto el golpe de Estado”, dijo la Ministra de Gobierno, que ha sido fuertemente cuestionada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por cómo actuó la Policía durante el paro nacional. La Ministra dijo que el propósito del golpe era derrocar al gobierno del Ecuador y lograr el archivo de las causas penales que investigan a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. “Este día la violencia se distribuye por toda la ciudad y a medios de comunicación”, dijo María Paula Romo. 

    La Ministra atribuyó los días de paro a una disputa geopolítica en el continente y una estrategia regional a la que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha referido como la Brisa Bolivariana y a planes como los del Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 y conformado por partidos y grupos de izquierda latinoamericanos. 

    Hubo 1.228 detenidos durante el paro, según Romo. Hay 286 casos por ataque o resistencia, 280 por paralización de servicio publico, 165 por daño al bien ajeno y 35 por terrorismo, que se refiere a la quema de la Contraloría. “No hemos usado alegremente la figura penal de terrorismo”, dijo Romo.

    Romo sostuvo que son nueve fallecidos, que es la cifra oficial dada por la Defensoría del Pueblo. De las nueve muertes, dijo que dos son investigadas como violentas. “Tendrá que ser el trabajo de la Fiscalía y los jueces que determine la causa”, dijo. 

    De los siete fallecimientos restantes, Romo dijo que tres fueron por accidentes de tránsito (un atropellamiento de un civil que intentaba superar una barricada en Molleturo, Azuay y dos accidentes en motocicleta). Otra muerte habría sucedido durante un saqueo en Durán, provincia del Guayas. Otros casos son los dos jóvenes que escapaban de la Policía en el puente de San Roque, en Quito, y cayeron. Finalmente, citó la muerte del dirigente Inocencio Tucumbi, de la Conaie de Cotopaxi, que murió de por una contusión al caer mientras huía de un enfrentamiento con la Policía Nacional.

    Sobre el rol de la Policía durante las protestas, Romo dijo que su misión es dar seguridad y mantener el orden público. Apeló a la facultad policial, a nombre del Estado, de usar “con legitimidad la fuerza y lo hace siguiendo unas normas” que se encuentran la Constitución, leyes y reglamentos ecuatoriano.