La noche del lunes 7 de octubre de 2019, un grupo de manifestantes intentó tomarse la Asamblea Nacional. En un video se ve una nube de humo afuera del legislativo, mientras la Policía busca tomar el control del lugar. Los manifestantes apedreaban cámaras de seguridad en las calles aledañas a la Asamblea.
En un comunicado, la Asamblea rechazó los actos de vandalismos y llamó al diálogo: “Somos garantes de la democracia abrimos nuestras puertas para que en uso de los canales legítimos se generen espacios de discusión”. En un tweet, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, solicitó al Ejecutivo que envíe a la Asamblea la Ley Económica de manera urgente.
Esa misma noche, otro grupo de manifestantes irrumpió en la Contraloría General del Estado, a pocos metros de la Asamblea. En varios videos (como este) publicados en Twitter, se ve cómo cientos de manifestantes ingresan entre las rendijas que cercan el edificio de la Contraloría. Otros, sacan las rejas, que protegen el edificio, y se los llevan. Después de los saqueos, el Contralor General, Pablo Celi, atribuyó los hechos a una banda organizada que buscaba “sustraer y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales e investigaciones en marcha. “La Contraloría general del Estado, no se dejará intimidar con este tipo de acciones”, dijo Celi en un video.
Unas horas antes, en un comunicado, la Corte Constitucional estableció que el estado de excepción regirá por treinta días y no por sesenta, como ordenó inicialmente el presidente Moreno. Entre los puntos señalados por la Corte en su decisión, están el mandato de respetar los derechos de la libertad de asociación, reunión y libre tránsito, el derecho a la protesta pacífica y el deber de proteger los derechos de los periodistas por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.