La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, que incluía el Impuesto Verde, fue derogada como parte del Proyecto de Ley reformatorio aprobado en la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2019. El impuesto fue eliminado argumentando que no había cumplido su objetivo de impulsar una conducta social que sea responsable con el ambiente.
En los debates en la Asamblea respecto a su eliminación, se dijo que los ingresos de este tributo “perjudicaron el bolsillo de la clase trabajadora”, aseguraron varios asambleístas en el Pleno, además de afirmar que esta ley no cumplió con su cometido. Los legisladores destacaron que el impuesto era inconstitucional e ilegítimo pues formaba parte de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, que entró en vigencia en el gobierno de Rafael Correa sin el pronunciamiento ni discusión en el órgano Legislativo del Estado. El proyecto de Ley no fue tratado por la Asamblea Nacional, no se produjeron los correspondientes debates, ni fue aprobado, modificado o archivado dentro del plazo legal correspondiente determinado en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador y el Presidente promulgó como decreto el proyecto por lo que fue publicado en el Registro Oficial el 24 de noviembre de 2011.
Otra de las razones por las que se considera que la norma no cumplió el objetivo de mitigar la contaminación ambiental es que el impuesto sólo aplicó a 2,8 millones de vehículos, es decir el 17% del parque automotor del país.
Estaban exonerados del pago de este impuesto los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, los vehículos de transporte escolar y taxis con permiso de operación, los vehículos motorizados de transporte terrestre directamente relacionados con la actividad productiva del contribuyente, las ambulancias y hospitales rodante, los vehículos considerados como clásicos, los vehículos eléctricos, y los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. Además, según varios asambleístas, el tributo no logró cambiar una conducta ciudadana amigable con el medio ambiente, los recursos recaudados no se destinaron a remediación ambiental y era inaplicable para la realidad de los más pobres, quienes generaron deudas impagas.
