El impuesto verde se implementó con el objetivo de desincentivar las prácticas contaminantes, partiendo de “un principio básico de la legislación ambiental: quien contamina, paga” como dice la exposición de motivos del proyecto Ejecutivo R.O Suplemento 583.  

El proyecto de ley también establecía que con su implementación se lograrían dos objetivos y principios constitucionales esenciales. Especialmente, la obligación estatal de reconocer a sus ciudadanos el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Desde el año 2012 cuando se implementó la recaudación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV), el Estado ha recibido por este concepto un promedio de 120.471.981  millones de dólares anuales hasta 2018. Una cifra que no es considerable pues en comparación, el Impuesto a la Salida de Divisas recaudó solo en mayo de este año un total de 1117 millones de dólares.