El 8 de agosto los asambleístas Lourdes Cuesta (independiente) y Roberto Gómez (CREO) presentaron en la Asamblea Nacional 42 firmas de respaldo para iniciar el proceso de juicio político en contra de la ministra María Paula Romo por incumplimiento de funciones por la inseguridad en el país, la crisis carcelaria, por la inacción del Ministerio de Gobierno en el femicidio de Diana en enero de este año y el presunto mal uso de bienes públicos.
El expediente presentado por los asambleístas Cuesta y Gómez de juicio político deberá pasar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ahí los miembros de la comisión deberán emitir un informe que recomiende el archivo del juicio o que dé paso a su discusión en el pleno de la Asamblea donde los asambleístas podrían votar por la destitución y censura de la Ministra de Gobierno.
Además, la Fiscalía General del Estado anunció, el 15 de agosto, que inició una investigación previa en contra de la ministra Romo y el secretario Granda por la denuncia hecha por el abogado Pedro Granja, el 2 de agosto. Granja acusa a Romo y Granda de peculado y abuso de confianza. Según el Código Integral Penal, la sanción por peculado (art. 287) es de entre diez y trece años de cárcel, en cambio, el abuso de confianza (art.187) tiene una pena entre uno a tres años de cárcel.
