El lunes 15 de julio, en una rueda de prensa, Ana Vera —abogada de la organización Surkuna—, Stephanie Altamirano —una de las víctimas de Alcides Patiño—, y Rubi Torres —el papá de Salomé, otra de las víctimas—explicaron las medidas de protección tomadas por la Junta de Protección de Derechos. Este órgano administrativo del Municipio que vela por los derechos de los niños exigió que se cierre el gimnasio hasta que determinen que hay condiciones que garanticen la integridad física psicológica y sexual de las niñas, ordenó también el alejamiento inmediato de Patiño a todas las niñas y adolescentes que entrenan en el gimnasio. Además, prohibió que el entrenador haga amenazas o insulte a las niñas y adolescentes que acuden al gimnasio hoy, y a sus parientes. Finalmente, la Junta pidió que la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de manera semanal, y por un periodo indeterminado, verifique que se cumpla la suspensión del funcionamiento.
La Junta entregó el comunicado el viernes 12 de julio. La notificación a la Dinapen fue entregada el sábado 13. Sin embargo, según la Junta, no lograron notificarle el fin de semana, por lo que procederán a las diferentes formas de notificación legales. El cierre del gimnasio debería ser inmediato.