La Comisión Legislativa de Participación Ciudadana —la comisión de la Asamblea Nacional encargada de la legislación y fiscalización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social— llamó a comparecer a Tuárez el miércoles 3 de julio de 2019. Tuárez marchó desde la sede del CPCCS en el centro norte de Quito hasta la Asamblea Nacional, acompañado por varios seguidores que decían respaldarlo.
Cuando llegó a la Asamblea, a donde fue convocado por las denuncias presentadas por la Comisión Anticorrupción, la casa Legislativa de Guayaquil y la realizada por la Unión Nacional de Educadores (UNE) por los supuestos delitos de perjurio, falsificación y uso de documento falso.
En una intervención de menos de diez minutos, Tuárez dijo que él no es sujeto de fiscalización ni de juicio político por acciones anteriores a su ejercicio como presidente del Consejo. Dijo que ostenta un nombramiento de elección popular en firme, el cual pasó por un proceso previo de calificación con los debidos filtros y tiempos de impugnación en el Consejo Nacional Electoral, incluso con la veeduría de organismos internacionales.
Finalmente, dijo que varios fueron los procesos de análisis técnico de los requisitos a los que fue sometido y que el propio CNE ratificó su candidatura. Aseguró además que las denuncias en su contra “son falsas, sin sustento, sin fundamentos e improcedentes”.
El presidente de la Comisión, Raúl Tello le aseguró a Tuárez que es sujeto de fiscalización y control político desde el momento en el que asumió el cargo como funcionario público. Además, le dijo “si usted no quiere hacer uso de esta posibilidad de presentar la información a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, a sus electores, ya es responsabilidad suya». Tuárez a pesar de esto, agradeció el haber podido estar ahí y al terminar, salió de la sala sin que los asambleístas pudieran hacerle preguntas.
