Profundidad

La encrucijada entre dos crímenes

Tras la revelación del informe La trata en el espejo, quedan al descubierto la red de trata de personas en la que estarían involucrados jefes policiales de Lago Agrio, la misma ciudad donde murió el subteniente César Coronel, cuya muerte fue enmascarada como un suicidio. ¿Sabía Coronel demasiado?
  • Supuesta red de trata en Lago Agrio conectada a la Policía Nacional del Ecuador

    ¿Puede la red de trata en Lago Agrio explicar la muerte de César Coronel? Ilustración de Paula De La Cruz.

“Irene Guerrón, intendenta de la Policía Nacional, fue asesinada por intentar regular la prostitución en Lago Agrio”, dice el informe llamado La trata ante el espejo, financiado por la Unión Europea y dado a conocer por Plan V. Según el reporte, el 21 de junio de 2007 el dueño del prostíbulo El Imperio, el más grande de Lago Agrio, ciudad fronteriza con Colombia,  pagó a sicarios para que asesinaran a Guerrón, que había ordenado la reubicación del burdel. “Según consta en el proceso, los sicarios fueron llevados a Lago Agrio, en un vehículo particular del entonces alcalde (ahora prófugo), por el chofer del mismo.” El informe dice que quien contrató a los sicarios fue el jefe de seguridad de El Imperio, que también era jefe de seguridad de Petroecuador, la petrolera estatal ecuatoriana “y los sicarios dijeron que ‘alguien’, ‘un policía’ les dio la motocicleta y el arma homicida”. El informe dice, además, que “jefes de dos corporaciones policiacas (la Policía Nacional y la Policía de Aduanas)” estarían involucrados en la trata.

Que hay policías, jueces, fiscales y otros funcionarios de alto rango que podrían estar involucrados en redes de trata de mujeres y prostitución, es quizás uno de los secretos a voces en las zonas fronterizas ecuatorianas desde hace años. Pero lo que sucedía en Lago Agrio podría aportar respuestas a la muerte del subteniente César Coronel Olivo —un supuesto suicidio que, en realidad, fue un asesinato.

La investigación La trata ante el espejo fue entregada en 2012, el mismo año en que a César Coronel Olivo, oficial de la Policía Nacional de 27 años, lo encontraron muerto con un disparo en la nuca en la Comandancia de Policía de Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia. Siete años después, su muerte —que pretendió ser presentada como un suicidio— no se ha esclarecido. Pocos meses antes de su muerte, Coronel había supuestamente denunciado que un grupo de policías estaba involucrado en redes de trata y prostitución.

En la escena del crimen y en las investigaciones posteriores hubo inconsistencias y contradicciones en las declaraciones de los policías que estaban en el cuartel la noche previa a la muerte de Coronel. Para dispararse, Coronel tendría que haber usado su mano derecha, pero era zurdo. El tiro que lo mató se detonó, supuestamente, en la madrugada del domingo 8 de julio, pero nadie al interior del cuartel escuchó nada fuera de lo normal. Las versiones de los policías que lo vieron durante sus últimas horas son contradictorias. Se limpió la escena del crimen, borrando evidencia. No hubo cadena de custodia para las pruebas. Y quienes estuvieron a cargo de parte de la investigación eran policías que podrían tener relación con el crimen.

Las inconsistencias no solo estuvieron en la escena del crimen, sino, además, en el proceso investigativo posterior. En él, dieron su versión de los hechos varios policías de rango superior a Coronel, incluyendo el excomandante de la Unase, Juan Carlos Iza. Nunca rindió versión —ni fue investigado— el general Rodrigo Suárez, que era Comandante General de la Policía cuando murió Coronel.

Suárez fue quien ordenó —de forma, por lo menos dudosa— que Coronel se quedara en Lago Agrio a pesar de que el 12 de marzo de 2012 —cuatro meses antes de su muerte— le habían dado el pase a Quito por orden del entonces Ministro del Interior, José Serrano. Once días después, Suárez dejó sin efecto la orden de Serrano. Coronel debía permanecer en Lago Agrio. Sin explicaciones.

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Daniela Salazar, ahora magistrada de la Corte Constitucional, era una de las abogadas de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco que llevó el caso Coronel a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una entrevista de agosto de 2018, dijo “Coronel habría sido testigo de delitos cometidos por sus pares, que llevaban con frecuencia prostitutas al cuartel. El Subteniente habría tenido evidencia de trata de mujeres en las que estaban inmiscuidas las fuerzas a las que él pertenecía. Él tenía información sobre eso, había hecho denuncias y esa fue otra línea de investigación que jamás se abrió.”.

Las palabras de Salazar están publicadas en el reportaje sobre la muerte de Coronel, que incluía, además, el detalle de varias declaraciones de policías en la investigación interna que hizo la institución.

Entre esas, la versión del mayor Edison Galiano, en la que habla de los “negocios de los bares que tenemos tanto el mayor Diego Coba y el suscrito”. Según César Coronel Vega,  padre del oficial fallecido, a esos bares “parece que traían chicas de Colombia”.

La familia y sus abogados presumen que en el  computador de Coronel estaba la evidencia —e incluso la denuncia— que habría hecho. Pero la laptop nunca fue devuelta a la familia.

La escandalosa información publicada por Plan V sobre la trata de personas y las autoridades de alto nivel que pudieran estar implicadas hace inevitable preguntarse si la muerte de Coronel no estaba relacionada. “El poder económico y el poder político fuertemente ligados detrás de este asesinato, impune en los hechos porque el ex Alcalde se encuentra prófugo, el ex dueño de El Imperio se dio a la fuga a Colombia donde fue asesinado, y nadie siguió la investigación hacia otras vertientes, complicidades y cadenas de mando”, dice un extracto del informe refiriéndose al asesinato de la intendenta.

El informe recoge también un testimonio sobre la inacción de la Policía en Shushufindi, Sucumbíos, luego de que seis mujeres lograran escaparse del prostíbulo La Flor de Lis, en febrero de 2010.

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, (Dinapen), la Gobernación provincial y la Policía Nacional conocieron de los hechos, pero, según el informe, no hubo ninguna investigación criminal y nadie fue sancionado. “El Jefe de la Policía de Aduanas sigue siendo el mismo, el jefe de la policía de Shushufindi estuvo preso por extorsión en Quito, y salió una semana después bajo fianza. La dueña del prostíbulo se fue de Shushufindi y arrienda el lugar que sigue siendo prostíbulo”.

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La tarde del viernes 6 de julio de 2012 fue la última vez que Verónica Vallejo, la enamorada de César Coronel, habló con él. Coronel tenía dos teléfonos: un Blackberry y un Iphone. Ella lo había llamado varias veces al Blackberry y varias veces le había contestado una mujer con acento colombiano.

En la noche él la llamó desde su Iphone, confundido. Le dijo que no sabía qué había pasado con su Blackberry. Ambos debían encontrarse al día siguiente, en Quito. Verónica pensó que ahí podrían hablar, por eso, cuando él la llamó cerca de las seis de la tarde, ella ya no contestó. Lo único que quedó de César fue un mensaje de voz:

— Te repito que he estado desde las tres de la tarde en mi habitación; no he hecho nada, no sé qué mierda pasó con mi teléfono.

En las investigaciones sobre su muerte, varios policías dijeron que esa tarde, en el edificio de la Policía de Migración de Sucumbíos, frente a la Comandancia, varios policías se reunieron en la habitación del teniente Patricio Esparza para, supuestamente, planificar un viaje en la playa.

Según dos versiones, Coronel estuvo ahí pero en el libro de registro de visitantes al edificio, su nombre no aparece. El teniente coronel Walter Salguero, de la Comandancia de Policía de Sucumbíos, le dijo a la Fiscalía que recibió un mensaje de texto de un número desconocido que le advertía de la reunión.

Cuando fue al cuarto de Esparza, encontró dos botellas de whisky vacías. Esparza le dijo que se la habían tomado los policías que estuvieron en la tarde en su habitación y “dos chicas”. Nunca se investigó quiénes eran, pero la familia Coronel cree que una de ellas podría ser la mujer que le contestó el teléfono a Verónica Vallejo —o que podrían ser dos colombianas detenidas el día anterior por irregularidades en su documentación migratoria.

La hipótesis cobra fuerza con los hechos que se describen en el informe de Plan V. Los dos jefes policiales involucrados en la red de trata tendrían “relaciones personales con quienes manejan los burdeles, asignando policías de a pie a ‘vigilar y castigar’ a las  mujeres que huyen, para regresarlas a la explotación”. Según los testimonios que recogió La trata frente al espejo, “los policías tienen ‘autorización’ para violar sexualmente a las mujeres antes de regresarlas con su ‘dueño’. Según diversos testimonios, en Sucumbíos se mezclan las empresas petroleras con los burdeles y las policías, y un jefe de policía, bien puede ser, o han sido, también jefe de ‘seguridad’ de los burdeles y colaborar o dirigir la seguridad de las petroleras.”

¿Es posible que César Coronel hubiera querido denunciar estas prácticas? ¿Qué información tenía en el computador que jamás apareció? ¿Por qué la Fiscalía jamás investigó a las mujeres que estuvieron al interior de un recinto policial?

La familia Coronel tiene demasiadas preguntas que intentó resolver buscando a las autoridades. Lograron que, en junio de 2013, se crease una comisión técnica bajo supervisión del Ministerio del Interior, cuando José Serrano era su cabeza.

El informe, que debía ser entregado en 30 días, llegó —incompleto— a manos de los Coronel dos años después y luego de interponer acciones ante la justicia. La Policía hizo su propia investigación, pero tampoco dio resultados.

Lo que sí hubo, fueron intentos por desprestigiar la carrera de Coronel a través de versiones contradictorias de sus superiores, la eliminación de documentación referente a su educación y a los cursos que había hecho.

En una entrevista a la Ministra del Interior, María Paula Romo, publicada en noviembre de 2018, dijo que los policías sobre los que recaían sospechas ya no eran parte de la institución. Sin embargo, eso es impreciso: si bien algunos fueron separados, hay muchos que fueron parte de la cadena de irregularidades en la muerte —y posteriores investigaciones internas— de César Coronel que aún están en la Policía.

El informe publicado por Plan V y lo ocurrido con Coronel pudieran no ser dos hechos aislados. La Fiscalía debe investigar si altas autoridades de la Policía Nacional estaban, en efecto, involucradas en las redes de trata fronterizas. Y si ese crimen se conecta a la muerte —disfrazada de suicidio y aún impune— de César Coronel Olivo.

María Sol Borja
Periodista con experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha colaborado con medios internacionales como New York Times, CNN en Español y DW. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es la editora política de GK.