Profundidad

El destino de todo migrante es una ciudad

Tras el brote de violencia xenofóbica en Ibarra el 20 de enero de 2019, hay lecciones sobre ciudad, ciudadanía y políticas públicas que deben sacarse y aplicarse lo más pronto posible.
  • xenofobia en las ciudades

    La mayoría de los venezolanos en las ciudades ecuatorianas tienen trabajos informales. Fotografía de Carlos Rodríguez/Andes bajo licencia CC BY-SA 2.0

Poco se habla del rol de las ciudades cuando se discute de sistemas migratorios y su impacto en las comunidades de acogida. Sin embargo, las ciudades absorben la cotidianidad de los retos de darles la protección social a los migrantes en su transición a un nuevo país, a una nueva ciudad —o en su inserción a la sociedad que los recibe.

Cuando se recorre los barrios y espacios públicos de Quito es común escuchar a la gente culpar a los venezolanos por la falta de empleo, la inseguridad y el desorden de la ciudad. Los argumentos no son exclusivos de la capital: se repiten en distintas ciudades del Ecuador. Los rumores son esparcidos por redes sociales, que abonan a su difusión y magnificación.

Esa exacerbación del sentimiento anti inmigrante urbano llegó a niveles macabros en Ibarra entre el 19 y el 20 de enero de 2019.

Los saqueos y agresiones registradas en esa ciudad ecuatoriana ilustraron dos flagelos: machismo y xenofobia.

La violencia estructural contra las mujeres no tiene nacionalidad. El machismo es la violencia que discrimina, agrede y vulnera los derechos de las mujeres. En su forma más violenta, las mata. El feminicidio está catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) —desde 2003— como un problema de salud pública. Eso fue lo que ocurrió en Ibarra: el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.

No la mató la migración, sino la violencia machista. Esa debió ser la lección que debimos sacar del episodio grabado en video y visto por millones en todo el mundo. Pero terminó convertido en el argumento de un sector de la ciudadanía ibarreña contra la migración.  

Nada justifica la xenofobia. Pero es clave que hagamos grandes esfuerzos por comprender sus causas para prevenirla y mitigarla. Más aún cuando sabemos que la diáspora venezolana no va a parar en el corto plazo y, además, que la situación económica y social que vive el Ecuador requiere tiempo para continuar fortaleciéndose. Debemos entender que se necesitan medidas desde lo regional hasta lo comunitario.

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Las autoridades en la región deben ser más decididas en el diseño de políticas públicas nacionales y locales concretas para manejar esta ola de migración. Específicamente, para fortalecer la cohesión social y prevenir actos de discriminación y xenofobia. La ausencia de estas políticas aumenta el riesgo de sentimientos de abandono y desesperanza por las comunidades receptoras, y puede servir de catalizador para nuevas situaciones de xenofobia.

Cualquier decisión de política pública pasa por tener datos oportunos, certeros, y transparentes. Es clave que las instituciones encargadas generen el censo necesario para saber cuántos venezolanos están en el país, su condición migratoria, qué hacen, cuántos son menores de edad, quiénes están en situación de vulnerabilidad. La información es fundamental para tomar acciones.

A nivel local es ya urgente que se tomen medidas concretas. En el caso de Quito, es necesario articular los distintos niveles de gobierno, para que cada quien desde su espacio de competencia pueda aportar soluciones.

A pesar de no existir cifras oficiales, se estima que la capital es la ciudad que más migración ha recibido. Muchos de los que han llegado están trabajando de manera informal. En una economía frágil como la quiteña, esto implica que hay una suerte de competencia inequitativa que termina desfavoreciendo al local. Esto, además, también afecta la situación económica del país al aumentar el empleo informal.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, la pobreza en Quito incrementó un punto (7,3% al 8,35). A junio de 2018, el desempleo en la misma ciudad llegó a 9,8%. En comparación, en Guayaquil, la segunda ciudad del país, fue de 3,4%.

Es frecuente ver a empleadores que favorecen la contratación de venezolanos sin cumplir con todos los requisitos legales y costos para mantener ese personal, costos que sí tendrían que cubrir para los ecuatorianos. Esto también resulta con frecuencia en explotación laboral para esos venezolanos, en una clara violación de sus derechos.

Esto que se está abordando como una grave crisis es, en realidad, una gran oportunidad. La ciudad puede beneficiarse de información clara que le ponga orden al caos del mercado informal en las calles y espacios públicos.

Saber quiénes están trabajando en la calle, en qué espacios, cuántos tienen permiso y cuántos no, permitiría saber cómo se está ocupando el espacio público. Solo así se podrá generar acciones que le den orden.

Es fundamental que la ciudad coordine con el Ministerio de Relaciones Laborales para emitir permisos a todo quien trabaja en las calles y espacios públicos, y si la ciudad determina que no hay espacio para todos, se debe dar la posibilidad de acceder a otras fuentes de empleo.

Es importante también conocer en qué barrios se están asentando y en qué condiciones. ¿Sabemos si los venezolanos viven hacinados? Se debe conocer sus condiciones de vivienda, y qué necesidades de protección pueden tener. En varias ciudades, por ejemplo, se establecen normas para los arrendatarios a fin de controlar el número de personas que pueden vivir en un sitio.

Es importante también conocer de problemas de convivencia social, incluyendo el uso de espacios públicos, por ejemplo. En estos casos, desde los municipios se puede trabajar en programas de cohesión social y de inserción de los migrantes, por ejemplo a través de campeonatos deportivos o actividades culturales donde la internacionalidad es el pilar de la política. Se debe también atender las necesidades de escolaridad de los niños migrantes de manera inmediata en todo el sistema educativo, incluyendo a las escuelas municipales.

Quito, al igual que todas las otras ciudades que están acogiendo este éxodo, debe apelar a su resiliencia. Debe prepararse para el cambio que significa, en este caso, la llegada de miles de migrantes y contar con las medidas adecuadas para atender las situaciones distintas que esto genera.

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La migración no es un cataclismo, ni es nueva en nuestra región, es en realidad una constante para nuestros países Hay momentos —como los actuales— en que sus niveles han tomado dimensiones impresionantes y que ameritan ser atendidos de manera especial.

El hecho es que ningún país de la región estaba preparado para manejar los volúmenes del éxodo venezolano. Según las Naciones Unidas, ya supera los 3 millones de personas y podría llegar, en 2019, a superar los 5 millones. Es clara la importancia de agilizar , de inmediato,  más medidas integrales en materia laboral, de protección, de cohesión social y otras para dar una respuesta a esta situación.

Debemos ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos. Su salida del país no ha sido voluntaria. Más bien, es un éxodo  forzado visto como la única manera de tener una vida más digna.

La migración no se resuelve cerrando fronteras. Fuera de las estridencias discursivas, cerrar o restringir el paso en las fronteras no hace otra cosa que incrementar los cruces ilegales poniendo en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas y creando una industria ilegal de trata. Se sabe ya que en el Ecuador hay al menos 70 pasos ilegales donde coyoteros cruzan por precios exorbitantes a los inmigrantes hacia el Ecuador.

Urge que todo aquel migrante que exprese su deseo de quedarse en el país, se le pueda emitir al menos permisos temporales o visas temporales, y la posibilidad de acceder a un permiso formal de trabajo. Con ello, además, las autoridades laborales podrán ejercer controles efectivos para no permitir contrataciones ilegales.

Escribimos este artículo dos mujeres. Una ecuatoriana y una venezolana, en espíritu de hermandad. Desde un punto común, rechazamos la violencia contra las mujeres y la xenofobia. Lo que vimos el  19 de enero de 2018 nos horrorizó, al igual que al mundo entero. Pero la reacción no puede ser de simple condena o, peor aún, de asociaciones de nacionalidades y criminalidades.

La crisis en Venezuela es estructural. Eso implica que por muchos meses más llegarán venezolanos a fronteras de la región. Que lo sucedido en Ibarra nos lleve a reflexionar el rol de la ciudad y sus habitantes en un fenómeno que no tiene parangón en la historia latinoamericana contemporánea.


Este reportaje es elaborado gracias al apoyo del Programa Ciudades Intermedias SosteniblesGIZ

Daniela Chacón es concejala de Quito y Betilde Muñoz-Pogossian es Directora de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos.