Nuestras historias no solo llegaron a millones de lectores, generando empatía y poniendo temas sensibles en la discusión pública, sino que movilizaron a colectivos ciudadanos, generaron cambios en el Estado y sirvieron como una reparación a víctimas de diferentes tipos de abusos y a sus familiares.
Estas son nuestras cinco historias de mayor impacto en el 2018.
En mayo publicamos la primera investigación periodística del Ecuador sobre acusaciones de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.
Contamos la historia de cómo al menos 10 jóvenes fueron sometidos a la ‘dinámica del pecado’, una práctica física no autorizada por la Iglesia Católica en la que los adolescentes se quedaban en ropa interior o desnudos mientras el entonces sacerdote Luis Fernando Intriago los tocaba con objetos.
La historia fue replicada por la gran mayoría de medios nacionales y en más de una decena medios internacionales.
Dos meses después de la publicación,Intriago fue expulsado de forma definitiva del sacerdocio. La Fiscalía reabrió dos investigaciones en contra de él que tenían más seis meses sin avances.
El caso también reactivó la denuncia de Jorge Palacios en contra del exsacerdote César Cordero en Cuenca. En octubre, Cordero fue expulsado del sacerdocio.
Se creó la Asociación de Lucha por los Sobrevivientes de Agresiones Sexuales (Alsas)conformada las víctimas de abuso clerical y sus familiares.
En marzo publicamos el reportaje El silencio más grande de todos que abordaba un tema incómodo pero de necesaria discusión en la sociedad ecuatoriana: el incesto.
Luego de la publicación, un grupo de organizaciones de mujeres y fundaciones de la sociedad civil se juntaron para crear una plataforma para visibilizar el incesto.
Organizaciones como Surkuna ya venían trabajando el tema, pero se logró coordinar esfuerzos para lanzar la campaña No más secretos familiares.
Además, se está trabajando en una propuesta de ley para incluir al incesto como un delito dentro del Código Orgánico Integral Penal (actualmente es solo un agravante, lo que impide que haya cifras y estadísticas claras).
En agosto publicamos Cómo se fabrica un suicidio.
Es el único reportaje sobre las irregularidades en el proceso de investigación de la muerte del oficial de Policía César Coronel. Contaba la lucha de su familia por esclarecer lo ocurrido.
Tras la publicación, la Ministra del Interior, María Paula Romo, convocó a los familiares de Coronel Olivo. La última reunión que habían tenido con una autoridad de ese nivel había sido cuatro años antes.
La Ministra también pidió información a la institución para esclarecer las dudas de la familia. Además, les aseguró que revisará las razones por las que se le negó una pensión.
En septiembre, la Fiscalía detuvo a Jonathan Carrillo, el pastor evangélico que era el principal implicado en la desaparición de Juliana Campoverde en Quito.
Cuatro días después, publicamos Me llamarán, y no responderé; me buscarán, y no me hallarán, un reportaje sobre la búsqueda incansable emprendida por la madre de Juliana, Elizabeth Rodríguez.
Durante 6 años, el caso pasó por 11 fiscales, 8 agentes, y 90 expedientes legales.
Los comentarios que recibimos de nuestros lectores nos demostró que contamos esta historia de la forma más completa y a profundidad en el país. “El caso de Juliana Campoverde solo cobró relevancia cuando GK lo reportó en profundidad. Por eso importan los medios independientes” o “había escuchado muchas cosas pero leyendo su artículo lo comprendí todo”.
Nos agradecieron por “visibilizar historias que transgreden memes, fake news y videos de gatitos” porque, nos dijeron nuestros lectores, generan un verdadero impacto para el desarrollo de casos como el de Juliana.
Coberturas como éstas marcan antes y un después en la discusión mediática y social de estos casos.
En agosto publicamos El sistema que deja un presunto abusador prófugo, una familia sin alternativas y un niño sin reparación.
El reportaje narra el caso de un niño que fue abusado sexualmente por su profesor dentro de su escuela. Revelamos la negligencia de diferentes instituciones del Estado como la Fiscalía, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
En este último, luego de la publicación, se tomaron medidas concretas para que los médicos se involucren en los procesos de denuncia en casos como este. Se capacitó a gerentes de hospitales de Quito en temas de violencia sexual en contra de niños y cómo denunciar si hay sospechas de abuso.
También se presionó para firmar un acuerdo que se estaba gestionando con la Fiscalía General del Estado para tener protocolos claros sobre cómo debe el Ministerio de Salud Pública proceder en estos casos.
