La noche del 31 de diciembre de 2018, Brian y Valeria, que habían llegado desde Quito, disfrutaban Galápagos. Habían elegido la isla Isabela para pasar fin de año sabiendo de la prohibición de juegos pirotécnicos: recibirían el año con tranquilidad en medio de la belleza de las islas. Pero no: esa noche se lanzaron 200 globos de aire caliente y se encendieron dos castillos de fuegos pirotécnicos a 100 metros de un muelle para avistamiento de aves y lobos marinos. Brian Parker, estadounidense residente en Quito hace ocho años, lo contó en un post de Facebook y lo repitió en una entrevista telefónica. En un ecosistema tan frágil como Galápagos, los restos metálicos de los 200 globos —que seguramente terminaron en el mar— son un riesgo inminente para las especies que habitan el archipiélago. El estruendo de la explosión pirotécnica, también. Pero a nadie parecía importarle. Esa noche lo que importaba era la fiesta. El alcalde de Isabela, Pablo Gordillo, desde la tarima —la misma desde la que se habían repartido los globos— despejó las dudas sobre la prohibición de usar pirotécnicos en la isla:

— La orden viene desde arriba pero en Isabela mandamos nosotros.

Las cámaras del sistema de seguridad ECU911 captaron también la pirotecnia en la isla. Era una flagrante contravención de la resolución emitida tres días antes por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos —la entidad encargada de la administración de la provincia. La orden “desde arriba” de la que habló Gordillo prohibía el “ingreso, comercio, distribución y uso de fuegos pirotécnicos con excepción de aquellos que producen fenómenos luminosos de forma insonora”.

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Emilio Orrala entregó los globos a varios asistentes. Imagen de Brian Parker.

Intenté en varias ocasiones contactarme con el alcalde Gordillo, sin embargo no devolvió las llamadas ni respondió a los mensajes que le envié. Lo que sí hizo es postear en su cuenta de Facebook su postura frente al tema — aunque posteriormente borró ambos posts. En el primero, publicado el miércoles 3 de enero, se dirigía a “quienes están ‘preocupados’ por la pirotecnia de fin de año” (la palabra preocupados literalmente entrecomillada, como ironizando). Gordillo se justificaba, además, diciendo que la notificación fue recibida recién ese día.

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El Alcalde Gordillo puso este post y luego lo eliminó.


Verdad a medias.

La comisaria de Policía de Isabela, Flor Naranjo, confirmó que Gordillo no fue notificado el 28 de diciembre —como a los alcaldes de Santa Cruz y San Cristóbal—  porque en su despacho no hubo quién recibiera el documento. El primer intento se hizo a las dos y cuarenta de la tarde de ese día, dice Naranjo por teléfono. “Lamentablemente la señorita que estaba afuera del despacho del Alcalde leyó y me dijo que la señora que es normalmente la recepcionista no se encontraba y que regrese más tarde”. Cuando Naranjo le preguntó quién estaba encargada, la mujer le dijo que nadie. “Intenté dos veces más y no quisieron recibir. Esta no es la primera vez que el señor se niega a recibir algún escrito del Consejo de Gobierno”.

En el segundo post, hecho el 4 de enero, y también eliminado posteriormente, el alcalde Gordillo respondió a un comunicado del Consejo de Gobierno de Galápagos que rechazaba “el desacato del Municipio de Isabela y su alcalde Pablo Gordillo”. El Consejo anunciaba, además, que había hecho un pedido oficial al Parque Nacional Galápagos para que inicie un proceso de sanción en su contra.

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Este es el segundo post que también fue eliminado en la cuenta de Facebook del Alcalde Pablo Gordillo.

Emilio Orrala estuvo la noche del 31 de diciembre en el festín de pirotecnia y desacato. Él era Jefe de los Bomberos de Isabela, pero dejó su cargo hace poco para postularse a concejal por el Partido Social Cristiano. Es la misma lista por la que se postula —por tercera vez— el alcalde Gordillo. Orrala es, además, entrevistador en Radio Isabela, la estación municipal. Por teléfono dijo que estuvo a cargo del conteo regresivo de los últimos minutos del año 2018. Brian Parker lo vio en la tarima, micrófono en mano, y dijo que se acercó a reclamarle por lo que estaba ocurriendo. Orrala le mostró el dedo medio, según Parker. Pero Orrala lo desmiente: “El señor venía de frente, alzando las manos y gritando”. Dice que no le alcanzaba a escuchar hasta que estuvo más cerca y que Parker le decía “qué asco me dan, qué vergüenza”. Orrala, exjefe de bomberos, candidato a concejal, maestro de fiestas populares, dice que le sonrío y siguió animando. “Nosotros no nos debemos a gente extraña que viene acá a querernos obligar a hacer lo que ellos piensan que está bien”.

Lo que sí reconoce es que se lanzaron los 200 globos y dos castillos pirotécnicos. “Pero el viento va de la playa hacia la zona rural, jamás viene el viento hacia el mar. Es algo inaudito y estúpido que nos vengan a decir que todos caen al mar. Vean bien la información”, dice alzando la voz y enfatizando las palabras, impaciente.

Hay algunas imágenes, enviadas por Brian Parker en las que ya se puede ver los restos de metal de los globos en los árboles. Orrala también lo admite, pero repite que no cayeron a la playa. “No se puede tergiversar la información. No es el primer año que hacemos esto.” Dice que si hubiese habido información en años anteriores de que las playas se afectaron no lo habrían repetido. “Un castillo no hace bulla. No fueron fuegos pirotécnicos, solo eran luces. En otros lados, en otras fiestas había sonido”. Además, admitió que en el fin de año de 2017 a 2018 “sí enviamos fuegos pirotécnicos y por supuesto que retumbó. Este año no lo hicimos”. Dice que “nosotros” (sin especificar bien a quién se refiere) “no nos vamos a dejar llevar por alguien que no vive acá, que manda información a lo bruto, gente que no tiene la capacidad de pensar a dónde van los vientos y en dónde caen los globos”.

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En los árboles se pueden ver los restos de los globos lanzados en la fiesta de fin de año. Imagen de Brian Parker.

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El pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos se reunió el 28 de diciembre para tratar precisamente ese tema. En el pleno están los tres alcaldes —de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela—, representantes de los ministerios de Turismo, Ambiente y de otras entidades de gobierno. En total son nueve miembros. Ese día asistieron siete y votaron por unanimidad la aprobación de la resolución. Uno de los dos ausentes fue el alcalde de Isabela, Pablo Gordillo. Tampoco envió a un delegado.

Emilio Orrala, sin embargo, cree que fue una decisión arbitraria. “No se puede tomar una decisión desde Quito un 28 cuando entrábamos al feriado sin nisiquiera haber socializado con la población, que somos los que hacemos patria acá”. Dice que el Consejo de Gobierno es un ente “mal parado que toma una decisión en Quito y nos quieren obligar acá”.

Esa es, quizás, la lógica bajo la cual la Alcaldía se negó a aplicar la norma. El problema es que aunque existe una resolución, no existe una capacidad de sancionar. La forma de hacerlo es a través de ordenanzas emitidas por los municipios: San Cristóbal tiene una desde 2017, Santa Cruz la dictó apenas unas horas después de emitida la resolución, el 28 de diciembre de 2018. Isabela, sin embargo, no ha emitido ordenanza alguna.

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El ECU911 registró imágenes de la pirotecnia en Isabela. Imágenes del ECU911.

Hay, además, un oficio del Ministerio de Ambiente, emitido en enero de 2018, mediante el cual se informa a los municipios los  parámetros máximos permisibles de contaminación para Galápagos (en cuanto a ruido, contaminación de suelos, etcétera). “Los municipios ya sabían de este tema. Lo que el pleno del Consejo de Gobierno hace es fortalecer esta decisión” dice Carlos Ortega, Secretario Técnico del Consejo de Gobierno.

Para crear sanciones económicas hay también la posibilidad de que el pleno emita una ordenanza. Para ello, es necesario que se cree una comisión técnica que redacte un borrador, se lo presenta en un primer debate en el pleno y se apruebe en un segundo debate. Solo entonces el cumplimiento es obligatorio y se estipulan sanciones, explica Ortega. “Yo creería que antes de mediados de febrero ya debería estar aprobada la ordenanza”. Hasta entonces, el alcalde Gordillo y su posible futuro concejal, Orrala, podrán insistir en que el problema son los visitantes con sus acusaciones “inauditas” y “estúpidas” porque en el Ecuador, pero de una forma muy particular en Galápagos —un archipiélago habitado por colonos— la culpa es siempre del afuereño.