La vida de los otros

Amaru y el desamparo de las niñas indígenas

Una mujer rompe el silencio quince años después de haber sido violada dentro de una comunidad amazónica, y es humillada en una audiencia ancestral. ¿Quién protege a las niñas y adolescentes de estas pequeñas sociedades?
  • justicia indígena

    Fotografía de Ana María Buitrón.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Amaru, con su rostro pintado con líneas negras, llegó a mi oficina con los ojos vidriosos. Me contó que cuando apenas era una niña, un adolescente de 16 años de su comunidad se había metido en la cama donde dormía y la había violado. El hecho ocurrió hace más de 15 años, pero ese día, a pesar del tiempo, Amaru se dio cuenta que no lo había superado. Me contó que cuando la imprescriptibilidad de los delitos sexuales ganó en la Consulta Popular en febrero de 2018, sintió que debía “hacer algo”. Entonces decidió sentar un precedente para que ninguna otra niña de su comunidad indígena ancestral sufriera lo que ella había padecido.

Amaru, a pesar del doloroso episodio, había logrado salir adelante. Su fortaleza, sin embargo, se desmoronó este año cuando los directivos de su comunidad le asignaron que trabaje en el mismo grupo que el joven que la había violado —quien hoy es parte del consejo de gobierno de su comunidad. Los líderes, sin saberlo, la revictimizaron, haciéndola volver a sentir sus peores miedos.

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El episodio revivió la impotencia que Amaru había reprimido por años. Dejarlo pasar era irse en contra de sus valores y límites de tolerancia. Encaró al agresor y les contó a sus dirigentes porqué no podía trabajar en el mismo grupo que él. Pero no la escucharon, a pesar de que insistió, no hicieron nada. No les importó. Frustrada, decidió hacer algo más.

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Como abogada, le expliqué sus posibilidades legales, y a través de documentos pude enterarme sobre lo que ocurría dentro de su comunidad. Luego de leer el estatuto y las normas de convivencia interna, concluí que la caza de dantas y el derecho que tiene cada familia a este animal es más relevante y trascendente que enfrentar la realidad de la violencia sexual con la que conviven sus niñas, adolescentes y mujeres.

No hay una sola norma en su estatuto sobre lo que deben hacer cuando una de sus integrantes ha sido abusada sexualmente. No conocen cómo recopilar información de la víctima, cómo brindarles apoyo, tampoco está escrito cuál es el canal legal adecuado que se debe seguir para no dejar el hecho en la impunidad. Especialistas de varias áreas en violencia de género me confirmaron que no existen estadísticas sobre violencia sexual en las comunidades indígenas.

¿Hasta dónde llega la autodeterminación de estos pueblos en cuanto a impartir justicia entre ellos, prescindiendo de las normas del Estado ecuatoriano?. ¿Qué significa realmente esta justicia propia e independiente para las comunidades indígenas ecuatorianas?. ¿Existe realmente una verdadera concientización por parte de los dirigentes en relación a las agresiones sexuales que sufren las niñas y mujeres? ¿Cuál es el verdadero alcance y límites de sus costumbres ancestrales? Lo cierto es que es un tema que muchos prefieren callar. Lo increíble es que éste silencio se da por los hombres que no quieren reconocerlo, y por las mujeres que, aunque entiendan que forzarlas a mantener relaciones sexuales es un acto que va en contra de sus derechos, prefieren no actuar.

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Amaru escribió su testimonio —en un documento formal— y lo entregó a las autoridades de su comunidad. Ellos convocaron al agresor y a ella a una audiencia de mediación para tratar de “conciliar” (lo inconciliable) entre los dos. Solo podían invitarlos a “solucionar” porque en el 2014 la Corte Constitucional determinó que la justicia indígena no es competente para resolver casos relativos a crímenes que atenten contra la vida o de los delitos sexuales. Así, el episodio más traumático de la vida de Amaru debía procesarse por las autoridades de su comunidad como un conflicto interno que estaba provocando roces entre sus miembros, no porque violar esté mal.

Amaru me pidió que le acompañara a la audiencia. Acepté. Al llegar vi a muchas niñas cargando a bebés. Me encontré con una comunidad no tan hospitalaria, a la que le molestaba nuestra entrada pese a que Amaru había anticipado que iríamos. En el pueblo pensaban que nuestra intención era hacer problema, remover cosas que estaban en el pasado, alterar su paz.

Durante el viaje, Amaru me relató de una ocasión en que estando en el pueblo se animó a hablar de violencia sexual con varios miembros del grupo de jóvenes. Los varones lo negaron. Las chicas, en cambio, se enojaron por esa reacción de ellos. Las chicas dijeron que eligen callar porque ven que no pasa nada si hablan. Un dato que los ciudadanos —no indígenas— no podremos jamás investigar, mucho menos corroborar.

Otra realidad dentro de las comunidades ancestrales indígenas es que están integradas por pocas familias. Los lazos sanguíneos o por afinidad fortalecen su sentido de pertenencia. Amaru era de una familia, el agresor era de otra. Esto hizo el tema demasiado difícil de manejar.

La noche anterior a la audiencia, le recordé a Amaru que ella es una mujer empoderada, fuerte, valiente e intelectual. Que de ninguna manera era responsable de lo que le había ocurrido. Le recordé que la finalidad o el objetivo de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales buscaba que la víctima se libere rompiendo el silencio aún cuando haya transcurrido el tiempo. Amaru confiaba en su Justicia, ya que la ordinaria cerró sus puertas con los barrotes de la prescripción. Tan sólo la Justicia indígena, que ella tanto protege, la podía ayudar. Al menos eso pensaba.

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Cuando inició la audiencia de “conciliación” por la violación cometida a Amaru, el conflicto ya había perturbado a la comunidad. Y como la gran familia que se supone son, Amaru confió que las partes se sensibilizarían y velarían por el equilibrio entre sus miembros aplicando su justicia y con equidad.

El ambiente en la casa comunal era de desconfianza, ira y miedo. Desconfianza de que personas ajenas a la comunidad observarían directamente sus costumbres jurisdiccionales. Ira de pensar en una posible divulgación de la utopía de su justicia. Miedo a que la fachada de constituirse como comunidad con reconocimiento internacional se vea cuestionada al descubrirse la violación de derechos humanos que en un momento dado fueron por ellos pregonados y defendidos.

La audiencia duró más de cinco horas. Y a pesar de que Amaru tenía defensa técnica, nuestro apoyo fue solo moral. La audiencia fue liderada por los dirigentes políticos, los reconocidos jueces ancestrales y los comuneros, quienes no permitieron que asesoremos a Amaru. Instalaron la audiencia en su propia lengua. La presencia de abogados los fastidió.

De los seis jueces ancestrales, uno era pariente del agresor; de los seis comuneros, dos eran hermanos del violador; de los siete dirigentes políticos, cinco eran hombres y dos eran mujeres: una tía y otra cuñada del agresor. El vicepresidente de la comunidad inició la audiencia recordando que la autoridad y capacidad para aplicar la justicia indígena nacía en la Constitución de la República, que estábamos ahí porque Amaru lo había pedido a pesar de que aquello que alegaba “no podía ser comprobado”.

En justicia ordinaria, si un juez está emparentado con una de las partes, debe excusarse de conocer el caso porque es evidente que no podrá resolverlo sin favoritismos. El sentimiento familiar es poderoso y objetivamente impide resolver un conflicto de manera justa. Sin imparcialidad no hay Justicia. Pero eso tampoco importó en la Justicia Indígena.

Amaru relató que fue violada. Lloró. Su madre, que nos traducía al español la audiencia, al verla y escucharla, también se quebró. Los presentes que escuchaban el relato transitaban de la frialdad a la indiferencia, de la incredulidad a la molestia, de la ira al reproche. No cuestionaron el acto de violación sino porqué Amaru lo contó luego de más de 15 años. No cuestionaron el fondo, solo la forma; el hecho ni la conducta no eran importantes, peor la agresión a la víctima. No cuestionaron al agresor ni lo reprochable de su acto. Atacaron solo a la víctima.

Amaru, un poco más tranquila, respondió el reproche de la comunidad: ¿Por qué ahora y no hace 15 años? Respondió que en esa época era solo una niña, que tenía miedo de no ser escuchada. Dijo que a los nueve años se quiso suicidar pero no lo hizo porque tenía que cuidar a su hermana menor. Terminó diciendo que no se puede sanar solo olvidando, que sabe que no es la única que ha sufrido este tipo de ataques y que, como comunidad, debían hacer algo, debían impartir Justicia y trabajar para que otro hecho como este no vuelva a suceder.

Amaru se equivocó al confiar en ellos. La acusaron de que hablar ahora era exagerado, que seguramente tenía la intención de dividir a la comunidad; que buscaba era reconocimiento político y generar rupturas internas.

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Luego, a favor de Amaru habló su madre, quien confirmó el dolor de su hija, explicó los cortes que se hacía en los brazos cuando era niña. Habló de las terapias psicológicas, de su habitual depresión, de la profunda tristeza de vivir con un agujero dentro del alma. De la imposibilidad de olvidar.

A favor del agresor en cambio, habló un tío. Contó que él conoció a una mujer que fue violada durante muchos años por su padre y que actualmente estaba tranquila, viviendo con su esposo que es médico y que ella no tenía dolores ni tristezas, como si aquello era un ejemplo que debía haber seguido Amaru antes de decidirse a hablar. Sugirió que quien debía ser castigada era ella por poner desorden en su pequeña sociedad, ya que les tenía allí escuchando acusaciones que no podía probar, en lugar de dedicar su tiempo a trabajar.

Uno a uno los dirigentes opinaron. De los siete, solo uno consideró que Amaru no estaba mintiendo. La cuñada del agresor dijo que era necesario fortalecerse como comunidad, no sólo desde las apariencias, porque el índice de madres jóvenes era elevado y esto revelaba que algo internamente estaba muy mal. La tía del agresor —también parte de la dirigencia— dijo que ella le habría creído a Amaru si ella lo hubiese contado antes. Dijo que si la acusación se hubiera realizado en contra de cualquiera de sus otros sobrinos, ella podría creerlo, pero no en contra de ése porque era el más tranquilo.

Al final de la audiencia hablaron los jueces ancestrales, quienes hasta ese momento, habían permanecido en silencio. El rostro de Amaru era desesperanza. Ella conocía dentro el pensamiento de su gente y la mentalidad machista de todos, incluso de las propias mujeres.

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El primer juez ancestral instó a encontrar una solución. Otro adujo que el problema era de enamoramiento. Otro le dio el beneficio de la duda a Amaru, puesto que su relato había sido claro, a diferencia del relato del agresor, quien no se había defendido. Otro se acercó al podio y dijo que había tomado ayahuasca y que durante el evento tuvo una revelación que le decía que todo eso que estaban viviendo era falso, que Amaru era una vergüenza y que su motivo oculto era destruir la organización. Al final habló la jueza ancestral. Miró con reproche a Amaru y le dijo que no le creía, que sus lágrimas no eran reales, que ella misma se lo había buscado. Dijo que conocía cómo las niñas a esa edad persiguen a los chicos. Le advirtió que si ella quería hacerle daño a la gran familia y comunidad ancestral, se iba a quedar sola porque ellos eran más.

Cuando se le concedió la palabra al hombre que había violado a Amaru, habló d cómo tenía una carrera siendo dirigente, que siempre había ayudado a los jóvenes y por eso, su participación en la comunidad era activa. Le preguntó a Amaru por qué no le reprochó antes. Dijo que probablemente ella quería hacerle daño a su familia y buscaba separarlo de su esposa. No negó haberla violado, pero tampoco lo aceptó. Ni siquiera se disculpó.

La mamá de Amaru parecía arrepentida. El descrédito de los principales miembros de la comunidad en contra de su hija parecía haberla convencido de que las culpables eran ellas por no callar. Amaru estaba inmóvil. Después de tantas miradas inquisitivas, su indignación parecía haberse transformado en poder. Un poder que no la abandonaba. El mismo que la había llevado hasta allí para luchar por sus derechos y los de las niñas y mujeres de la comunidad.

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Como mujer y abogada, conseguí que me dejaran hablar. Les expliqué, como observadora de su proceso jurisdiccional, lo irracional que era su posición frente a este tema. La incoherencia de su actuar. Los estándares que deberían respetar. El riesgo inminente de sus niñas. La tortura de pretender que lo callen y que piensen que todo va a seguir igual.

A puerta cerrada se decidieron los compromisos para Amaru y el agresor. Primero, se dictó una orden de alejamiento que no le permitía a él acercarse a Amaru ni a su familia de manera indefinida. Este además sería apartado del trabajo que realizaba en la comunidad por un año. Se acordó reformar los estatutos de la comunidad, para establecer que los abusos de tipo sexual son un tema que no se puede dejar de tratar.  Se recalcó que cualquier persona acusada de un delito de esta naturaleza, no podría ocupar un cargo en la comunidad. Y se permitió que se “abra la puerta” a personas ajenas a su territorio —expertas en el tema— para que capaciten sobre ello a su gente. Amaru pidió que su caso no sea tratado como la excepción, que actúen de manera responsable si conocían de otros casos que salgan a la luz. La comunidad debía comprometerse a tratarlos con seriedad.

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Hasta el cierre de esta columna, nada de lo que se comprometieron a hacer se ha concretado.

La brutal experiencia en esa audiencia terminó forzando a Amaru a firmar un documento en el que se comprometía a no volver a “hacer problemas” del tema nunca más. De lo contrario sería sancionada por la comunidad. Actitud que confirma que el espíritu de tan sui generis evento de conciliación no fue precisamente resolver un conflicto en justicia, sino evitar un inminente escándalo, y obligar a la víctima a callar para siempre. Pero después de esto ¿Qué esperanza les queda a las niñas, adolescentes o mujeres indígenas en un caso similar?

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Su denuncia corrobora una triste realidad: la violencia es parte de su sistema tradicional. Sus costumbres patriarcales implican conductas misóginas y son más poderosas que cualquier entendimiento social.

Amaru es un ejemplo de mujer. Tras haber sido linchada en una audiencia por su propia gente, siempre se mantuvo firme y respetuosa. Es un modelo a seguir para las niñas que habitan allí. Su historia, puertas adentro, tal vez constituya un aporte para que otras rompan el silencio y se evite que haya más víctimas de violencia sexual. Su historia, puertas afuera, nos alerta cuán desprotegidas y vulnerables están las niñas indígenas. Y además, de la triste ingenuidad con que algunos defensores de la justicia indígena cohonestan y encubren conductas delictivas.

El principal problema de la mujer indígena es que no conoce otra realidad. Crecen con la idea de que el hombre goza de superioridad.

Con una política gubernamental de cero tolerancia a los abusos sexuales no es aceptable invisibilizar este tema por nadie, menos aún por parte de comunidades indígenas. Su “autodeterminación” no les exime de pertenecer al territorio ecuatoriano y estar sometidos a una ordenamiento jurídico, constitucional y legal que no debería reconocer excepciones o exclusiones, menos aún para dar validez a una caricatura deformada de un remedo de justicia que no es tal. Aplicar su justicia ancestral les exige respetar todos los derechos, principios y garantías previstos en la Constitución en los tratados internacionales que garantizan los Derechos Humanos. En la Consulta Popular de febrero de 2018, ellos también fueron consultados sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Y la respuesta de la mayoría fue el Sí. Por lo tanto, conocen el alcance del término agresión sexual y saben que cometerlo no solo es un delito sino que además es reprochable por la sociedad, y debe ser sancionado con rigurosidad por jueces probos.

Es incoherente que estas comunidades indígenas ancestrales, pretendan hablar de autodeterminación y respeto a sus costumbres cuando omiten hablar o normar cómo proteger la santidad e inocencia de sus niñas. Defienden a la selva, a la Pacha Mama, pero no la indemnidad de sus mujeres. El respeto a los semejantes, por su condición misma de ser humano, es un derecho de tipo natural que no se puede negar, debe protegérselo y está por encima de cualquier costumbre ancestral.


Esta columna es parte del proyecto Hablemos de Niñas que se hace gracias al apoyo de

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Gisela Vaca
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en Victimología por la Universidad de Sevilla, España. Miembro del Directorio del Observatorio de Derechos y Justicia. Gerente General de LOE Litigación Oral Ecuador y socia de Yépez & Vaca Abogados. Mamá de 3 varones, esposa de un hombre intenso que no acepta justificaciones. Hace bici, corre, trota y boxea.