Profundidad

El cerco al fiscal Paúl Pérez Reina

El fiscal del Ecuador renunció y dejó como su mayor legado una política de restricción hacia los medios de comunicación. En su breve paso por la Fiscalía, quedarán para el recuerdo las convocatorias a la prensa sin permitir preguntas, los silencios a los pedidos de entrevistas e información y las restricciones en el acceso a los documentos públicos.
  • renunció Paúl Pérez Reina

    El fiscal Pérez Reina se refugió detrás del cerco mediático creado por su equipo de comunicación


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio anunciaba que había recibido la renuncia del Fiscal General, Paúl Pérez Reina, un grupo de periodistas conseguía adhesiones para plantear un reclamo a la Fiscalía por las restricciones impuestas por esa institución para las coberturas. No era un tema nuevo: habían sido meses de quejas en los chats de prensa, en las coberturas, en las reuniones.

La molestia se hizo evidente el martes 13 de noviembre de 2018, cuando fueron impedidas de entrar a las instalaciones tres periodistas que iban a revisar un expediente público. Marieta Campaña de diario Expreso, Susana Morán de Plan V y Soraya Constante, periodista independiente, llegaron a la Fiscalía General, en el centro norte de Quito, fueron recibidas en recepción, les pidieron sus identificaciones, y desde allí llamaron al departamento de Comunicación para solicitar autorización. Esto no era habitual: normalmente los periodistas ingresaban sin requerir ni llamadas ni autorizaciones.

Pero ese día, algo había cambiado: ya no podrían entrar sin la aprobación del director de comunicación, Robert Carrera, nombrado hacía cuatro meses, pocos días después de que Pérez Reina fuese designado titular de la Fiscalía. El martes 13, a las tres periodistas les negaron el acceso sin que ellas pudieran ver a quien dio la orden, pues aunque pidieron conversar con alguien del departamento de comunicación, nadie las atendió. Tuvieron que marcharse sin tener siquiera, a quién reclamar.“Eso para mi es un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.” dice Susana Morán, periodista que cubre hace varios años la Fiscalía.

Las quejas se trasladaron a los chats de prensa y a las redes sociales. “Me consta que la Fiscalía no permite el ingreso a la prensa a sus instalaciones.” tuiteó la periodista Sara Ortíz de diario El Comercio. “En la recepción dicen que es orden del Director de Comunicación, quien no responde correos, pedidos de información o mensajes; organizan ruedas de prensa en las que no se permiten preguntas”.

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Desde el nombramiento de Paúl Pérez Reina como Fiscal General Subrogante, a finales de julio de 2018, la política de comunicación de la Fiscalía dio un giro abrupto. Pocos días después de su nombramiento, en un chat creado en el período anterior —de Carlos Baca Mancheno— se supo que el nuevo director de comunicación sería Robert Carrera, un periodista veterano.

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Varios reporteros lo felicitaron. Creían que por haber ejercido el oficio, entendería los requerimientos de la prensa y estaría más abierto a atenderlos. Se equivocaron. A las pocas semanas, empezaron las quejas. La primera, cuando de a poco, salieron del chat de WhatsApp los funcionarios del departamento de comunicación, sin previo aviso.

Paúl Pérez Reina

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Julio César Trujillo, posesionó a Pérez en mayo de 2018. Fotografía del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El chat había sido creado por la administración de Baca Mancheno para difundir información y atender pedidos. Cuando los periodistas que cubren la Fiscalía se dieron cuenta, empezaron a discutir, nadie entendía qué había pasado. Averiguando, pronto se supo que el canal ya no existía: la Fiscalía había decidido reemplazarlo por una lista de difusión. Así, se terminó el canal de doble vía para dejar uno unidireccional: la fiscalía enviaría las convocatorias a ruedas de prensa y, básicamente los tuits, a quienes fueran parte de la lista. En las semanas posteriores, la dificultad para tener acceso al fiscal, puso en evidencia el poco interés de Pérez Reina para tener cercanía con la prensa. “En los tres últimos pronunciamientos se ha intentado hablar con el fiscal y no se nos ha permitido acceder a él para poder entrevistarlo” dijo Daniel Borja, periodista de televisión.

A pesar de que aún se mantenían las convocatorias a la prensa, la dinámica era restrictiva. El 19 de septiembre de 2018, en la Asamblea Nacional, el Fiscal Pérez decía, ante los medios de comunicación que había recibido cuatro denuncias de cobros indebidos por parte de colaboradores de asambleístas. Fue una declaración sin preguntas. Como esas, ha habido varias más. El 3 de octubre, la Fiscalía convocó a una rueda de prensa para informar sobre casos de personas desaparecidas. Como ya era casi habitual, tampoco se aceptaron preguntas. Los periodistas se quejaron, pero sus palabras cayeron en saco roto. “El director del departamento de comunicación de la fiscalía me dijo que le preguntamos al fiscal temas que no son los que a ellos les interesa que les pregunten, y que nos desviamos a preguntar otras temáticas” dijo Daniel Borja. Entonces, para la Fiscalía, no ha quedado clara la función de un periodista: no estamos para complacer a las autoridades, estamos para exigirles respuestas.

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El cerco mediático del fiscal era, cada vez, un cerco de conveniencias y porosidades cuestionables. Querer atender solo sobre lo que les interesa es atentar contra un derecho ciudadano e incumplir una obligación básica: responder. La política no era general, sino que habría admitido ciertas excepciones. “Tengo la impresión de que sí hay uno que otro periodista que entra a la Fiscalía sin problemas. ¿Será que la condición es “adular” al fiscal? Están equivocados” tuiteó Fausto Yépez, periodista de Teleamazonas. Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Español, replicó el tuit y comentó: “Sería gravísimo que algunos periodistas puedan acceder a audios o expedientes de Fiscalía con exclusividad y con la condición de adular. Terrible”

Los intentos para obtener entrevistas tampoco rindieron. Varios medios —incluido GK— ha pedido entrevistas en reiteradas ocasiones, pero no ha habido respuestas. Ni siquiera para decir que no. Marieta Campaña dijo que ha hecho media docena de pedidos y apenas le han respondido uno, diciendo que no cuentan con la información requerida. “Cuando el fiscal fue nombrado en el Consejo de Participación Ciudadana, dio declaraciones tres veces en el mismo día” dijo Campaña “Entonces nosotros pensamos que iba a haber apertura pero luego, pedimos entrevista al fiscal y el director de comunicación dijo que todavía no estaba asentado en el cargo, que esperáramos un poco”. Esperaron un mes, dos, tres. No hubo respuesta.

No es la única. Varios periodistas que cubren la Fiscalía confirmaron que no han tenido respuestas del departamento de comunicación. A GK tampoco le ha respondido los reiterados pedidos. Ni siquiera el que se hizo para consultarle sobre la política de comunicación de la Fiscalía. A pesar de que respondió un mensaje aceptando que le enviáramos las preguntas por mail, respondió otra funcionaria, Fernanda Mercado, diciendo que están preparando un conversatorio para tratar estos temas. El día y hora los notificarán a través de la lista de difusión de WhatsApp.

fiscal general del Ecuador

El ahora ex fiscal Pérez Reina, durante una comparecencia en la Asamblea del Ecuador. Fotografía de la Asamblea del Ecuador.

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El Fiscal Pérez Reina era un saltador de periodistas. El 24 de octubre de 2018, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares al exministro Fernando Alvarado, el Fiscal intentaba evadir a los medios. Con varios periodistas detrás, se apresuraba a salir  de la sala de audiencias para correr las escaleras, sin regresar a ver. La escena graficaba bastante bien la dinámica de la fiscalía en estos últimos meses.

Con el impedimento de acceder a revisar expedientes públicos —o las trabas para hacerlo— las dudas de los periodistas han aumentado, incluso a pesar de la renuncia del fiscal.  “Siempre ha habido la posibilidad de acceder a los expedientes públicos” dijo Soraya Constante. “Ese acceso ahora nos han negado y ya no sabemos cómo va a funcionar: nos van a dar la copia de un expediente o nos van a permitir consultar durante un tiempo”. No hay claridad salvo en la disposición de no permitrle el acceso.

Con ella coinciden otros periodistas. No creen que la solución sea hacer pedidos por mail, pues es bajo esa modalidad nunca han llegado las respuestas. Además, a algunos periodistas les han dicho ya que incluso para acceder a la información de las fiscalías provinciales tiene que haber autorización del departamento de comunicación de la Fiscalía General del Estado. “Dicen que apoyan al periodismo de investigación pero cuando vas a hacer este trabajo, hay este tipo de bloqueos. Es la primera vez que me pasa” dijo Susana Morán.

Las restricciones no han sido, sin embargo, exclusividad de esta administración. Hay periodistas que tuvieron dificultades, aunque quizás no tan evidentes, también con el exfiscal Baca Mancheno. Fausto Yépez lo resumía en un tuit, el mismo día que la fiscalía impedía el acceso a las periodistas: “Pensé que no podía haber peor trato a los medios que en la fiscalía de Carlos Baca Mancheno”. Soraya Constante recordó algo similar: “Hice pedidos por el tema Odebrecht y jamás fueron respondidos. Me pasaron una exposición de alguna cosa que el fiscal dijo en la Asamblea, algo que no me servía pero siempre hubo la posibilidad de acceder a los expedientes públicos”.

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La tendencia no los salva. A algunas autoridades les cuesta relacionarse con la prensa, entender que hay una legislación que permite acceder a la información pública, asumir que parte de ser funcionario público es transparentar la información y, aunque Pérez Reina se irá —y con él, probablemente Robert Carrera— ,el pedido de una fiscalía de puertas abiertas, con libre acceso a la documentación pública y respuestas oportunas a los pedidos de la prensa, firmado por más de cuarenta periodistas, quedará en algún escritorio de la Fiscalía. Estará ahí, a la espera de que el próximo fiscal sí crea en la transparencia y sí entienda que es intrínseco al cargo rendir cuentas y abrir puertas a los medios. Aunque lo critiquen, aunque lo cuestionen, aunque lo incomoden.

María Sol Borja
Periodista y publicista. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha publicado en medios como New York Times, Mundo Diners y Soho. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Editora asociada en GK.