Profundidad

Lourdes Cuesta: “Llevamos año y medio de un nuevo gobierno y sigue hablando de Correa”

La asambleísta de CREO, Lourdes Cuesta, ha tenido atención mediática por la polémica propuesta de crear un registro de violadores y abusadores sexuales. En esta entrevista habla sobre ese y otros proyectos de Ley, el gobierno de Lenín Moreno, su postura sobre el aborto y el trabajo legislativo en general.
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    Lourdes Cuesta es asambleísta por CREO. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Lourdes Cuesta, abogada cuencana, es alta, de tez muy blanca. Está sentada en su oficina en el centro de Quito, y lleva un vestido azul de manga corta. Saluda con amabilidad y conversa un poco antes de empezar la entrevista: cuenta sobre su hijo se siete meses y sonríe. Se sienta en una pequeña mesa redonda.

Según una encuesta de Cedatos de agosto de 2018, el 66% de los ecuatorianos no cree en la palabra de los asambleístas y el 54% desaprueba su gestión. ¿Cómo se siente al ser parte de una Asamblea tan desacreditada?

Ningún parlamento a nivel mundial tiene buena fama pero no es consuelo. Hemos vivido una época en que la Asamblea no representó a los ciudadanos. Es lamentable porque hay mucho trabajo interno que no se ve. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia. Ahí tenemos una cantidad de reformas y proyectos de Ley: Código Integral Penal, Código General de Procesos, Código de la Función Judicial, Código de la Función Legislativa. Nosotros trabajamos todos los lunes y miércoles en doble jornada. Es un trabajo muy intenso pero no es el trabajo que se ve. La mayoría de informes que se va al pleno de la Asamblea ha salido de la Comisión de Justicia. Más allá de la banderas políticas que pueden haber, porque somos de diversos partidos, las banderas se quedan afuera y adentro hacemos un trabajo técnico y jurídico.

Sí es lamentable que escándalos que están alrededor de la Asamblea empañen la labor que se está haciendo. Tenemos el tema de los diezmos, el tema de la asambleísta Espín, asambleístas que han tenido problemas con la Justicia o que están involucrados en escándalos, y eso es lo que se ve y lo que sucede ante el país que dice: esa es la Asamblea Nacional.

Yo sí rescato el trabajo intenso que se está haciendo. De hecho hubo un punto en el que la percepción de la Asamblea Nacional en este período empezó a subir: de ese prestigio, que me parece que estaba en 13%, subió al 26%, pero nuevamente se empaña por los escándalos. Entonces nos ponen en el mismo saco a todos: todos somos corruptos, todos somos sinvergüenzas, todos somos vagos, todos estamos ahí calentando el puesto. O lo que se oye siempre: ganan seis mil dólares, que no son seis mil dólares, y no hacen absolutamente nada.

Muchos asambleístas salimos de nuestras casas antes de las siete de la mañana y llegamos pasadas las ocho de la noche, justamente porque estamos rindiendo cuentas o en trabajo con la ciudadanía o legislando.

Como usted dice, hay un desprestigio no solamente de la Asamblea Nacional, sino de la clase política. ¿Cómo puede cambiar eso?

Se han hecho esfuerzos por informar lo que estamos haciendo pero se debe informar más. Contarles a los ciudadanos lo que hace la Asamblea y algo de lo que yo me he preocupado mucho es de ciudadanizar las leyes, porque, claro, nos reunimos los asambleístas en las comisiones o en el pleno a tratar leyes que van a regir la vida de los ecuatorianos sin preguntarles qué opinan, cuáles son sus perspectivas.

Yo formé un grupo parlamentario que es en defensa de las organizaciones de la sociedad civil, para con ellos, empezar a construir las leyes, que sepan qué estamos haciendo, cómo las estamos tratando. Yo he presentado un proyecto de Ley que he llamado Revaas, es el Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales. Previo a presentarlo en la Asamblea Nacional, pedí la participación de organizaciones sociales que trabajan con niños que han sufrido abuso sexual para que me den observaciones y hagan cambios porque yo puedo tener las mejores intenciones pero necesito personas que han vivido el día a día, que tienen mayor experiencia en estos temas. En el caso puntual de Rescate Escolar, la señora Sybel Martínez me hizo aportes, me dijo ‘esto cámbiale porque está mal enfocado’ o ‘auméntale esto’. Es una forma de trabajar con la ciudadanía.

¿Cómo empatan esas visiones dentro de su organización política? Porque si vemos los planteamientos dentro de CREO hay posturas incluso contradictorias entre los asambleístas de la misma organización. En el tema del aborto, por ejemplo, o cuando el legislador Roberto Gómez llamaba feminazis a las feministas. ¿Cómo dentro de un partido se conjugan esas posturas que puede ser contrapuestas?

Es complicado que en un bloque de asambleístas todos pensemos de la misma forma pero es algo también que yo valoro mucho de CREO: nadie nos impone una forma de pensar. Cada uno de nosotros tiene criterios, muchas veces contrapuestos, pero son todos respetados. Nosotros no tenemos a Guillermo Lasso que nos dice: ustedes van a votar de esta forma.

Hablamos, por supuesto: tenemos este proyecto o hay este punto, tratamos de llegar a puntos en común, pero muchas veces no se puede porque hay diversidad de criterios, diversidad de situaciones incluso. Parte de esa unidad que tenemos en CREO es que hay distintas corrientes: es un gran aporte porque uno aprende más de quien piensa distinto que de uno que piensa exactamente igual. Nosotros tenemos total libertad dentro del bloque de discrepar.

¿Y cómo votan? ¿FInalmente no hay una forma orgánica de votar? Le escuchaba en una entrevista que decía que, por ejemplo, en el tema del aborto, primarán los criterios personales al momento de votar.

Lo que pasa es que el tema del aborto, creo que es un tema que toca fibras muy sensibles. Imponer una forma de votar en estos temas es muy complicado.

Cuando a mi me han preguntado qué piensa el bloque, no puedo atreverme a hablar en nombre del bloque en posiciones tan personales, como no lo hace ninguno de mis compañeros. Pueden involucrar muchos temas, no me atrevo a dar un criterio a nombre de mis compañeros, incluso sería una falta de respeto.

¿Pero prima entonces la postura personal?

Por supuesto. Ahí sí va a primar el voto de cada uno de acuerdo a cómo piensa, qué defiende, cómo ve la situación.

Hay temas que son mucho más sencillos: los económicos, de empleo. Creo que todos estamos en la misma corriente. Podrá haber una pequeña discrepancia que se resuelve, pero en temas tan sensibles incluso se han visto las discrepancias en la votación. La votación de CREO no siempre es exactamente igual pero esa es una forma buena de legislar.

En ese sentido, ¿el votante vota más por Lourdes Cuesta que por CREO?

Tenemos bases comunes. Todos vamos a defender el libre mercado, el emprendimiento, el empleo, no creemos que generando mayores impuestos se le ayude al ciudadano. Tenemos criterios comunes en la reducción del Estado, en temas de libertad y, justamente, por eso es que nosotros tenemos nuestros propios criterios. Incluso va a variar por provincia: una cosa es lo que piden en Guayas, otra en Azuay, Zamora o Esmeraldas.

Sí sucede que los votantes votan de acuerdo a posturas claras.

Y en su caso, ¿cuál es su postura con respecto al aborto en caso de violación, que se está discutiendo nuevamente en la Asamblea?

Es un tema muy sensible, para mí es muy doloroso escuchar que hay mujeres que quieren o tienen que abortar. Yo, personalmente siempre he defendido la vida desde la concepción.

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Estoy escuchando distintas posiciones. Hay grupos de mujeres, han ido médicos a la Asamblea Nacional y estoy escuchando todos los criterios.

Mi posición no es una posición religiosa, si bien soy católica no es que respondo directamente a temas religiosos. El momento en que la ciencia me demuestre que no existe vida, creo que podría cambiar mi postura.

Hay otras formas de evitar los abortos, con la prevención, por ejemplo. Lamentablemente en nuestro país los violadores no han sido sancionados de la forma en que deberían haber sido sancionados: no ha habido campañas de prevención y tiene que haber mayor educación sexual en el país, les guste o no a ciertos sectores.

Vivimos en otros tiempos. Entonces, desde que el niño empieza a ser adolescente y empieza a tener una visión de lo que es el sexo, hay que hablarle claramente. No solo de riesgos de embarazo sino también de las enfermedades de transmisión sexual. Hay que hablarles claro y decirles: estos son los métodos anticonceptivos, si no los usas, estas van a ser las consecuencias.

Claro, pero usted está haciendo referencia a un segmento de la población que puede acceder a un cierto nivel de educación sexual, cuando las cifras son alarmantes. En 2017, 9950 mujeres murieron por abortos en Ecuador. Son casi 2700 niñas las que quedan embarazadas anualmente, la mayoría por violación, incluso dentro de su propio círculo íntimo. Ya no estamos hablando de dos jóvenes que tuvieron una relación consensuada. Los grupos que presionan para despenalizar el aborto incluyen también incluir el tema de prevención y acceso a la anticoncepción. ¿Qué hacer en estos casos en los que ya hay un embarazo en curso, sobre todo cuando es producto de una violación?

Yo a veces me pregunto algo: al trauma espantoso que es una violación, ¿no será que crece con un aborto?

He escuchado casos de mujeres que han abortado que no logran salir del dolor de haber abortado. Pienso en otros casos, ¿cuántos padres no pueden tener niños? ¿Qué pasa si es que el Estado se hace cargo de la niña embarazada, le da educación, le da salud y se hace cargo del proceso de adopción? Porque los trámites de adopción son absolutamente engorrosos en nuestro país.

De hecho esa posibilidad no existe actualmente.

Y de hecho debería existir. Esa sí es una política pública que deberíamos abarcar.

¿Usted propondría que una niña embarazada dé a luz y dé en adopción a su hijo?

Por supuesto que sí. Claro, si es que tiene voluntad de hacerlo y creo también que si la niña embarazada decide quedarse con su niño, el Estado debería ayudarla.

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Lourdes Cuesta es abogada cuencana. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

En este punto de la conversación, Lourdes Cuesta está incómoda. Junta las manos sobre la mesa, baja la mirada como si realmente estuviese buscando la respuesta correcta.

¿Y si decide no tenerlo?

Es complicado, es un tema realmente complicado. Para mí toca fibras muy sensibles.

Recientemente fui madre, mi niño nació hace siete meses y justamente conversábamos con mi asesora al salir de la comisión. Yo le decía: yo le vi moverse desde muy chiquitito. Entonces alguien que fue a la Comisión decía que una mujer que fue violada no siempre da el paso de asumir esa situación por lo dura que es y de denunciar.

¿Cuánto tiempo pasa para que una mujer denuncie que fue violada? ¿Cuánto tiempo avanza un embarazo? Esta persona decía incluso que puede ser un embarazo de seis, siete meses. Yo di a luz a mi niño de 35 semanas.

Era un bebé, una personita completa, gracias a Dios, sana, y nació a los 7 meses de embarazo, entonces si me hablan de un aborto de siete meses, eso no es un aborto, yo creo que eso es un asesinato.

No, pero los tiempos para un aborto, en los países en los que está legalizado no llegan a siete meses.

Hablan de doce semanas, pero hay países en donde es más avanzado, pero si vemos un feto de doce semanas, es una persona completamente formada, entonces como digo, para mi es un tema muy sensible.

No me atrevería jamás a señalar con el dedo a una mujer que tome una decisión tan terrible, jamás me atrevería a hacerlo pero yo no lo haría.

Pero cómo legisladora, ¿cómo será su voto ahora que se está debatiendo el tema? Usted ha dicho que está escuchando varias posturas, ¿la decisión la tomará cuando haya escuchado a todos? ¿Aún no lo ha decidido?

Yo, por el momento, me abstendría.

Por todas estas dudas que tengo, no podría votar en contra y tampoco podría votar a favor, por lo tanto me abstendría.

Sin embargo, me falta aún por escuchar a muchas personas que han pedido comparecer y cada una tiene distintos datos. Por ejemplo, ahora nos solicitaron comparecer en la comisión algunas organizaciones de la sociedad civil de Cuenca que tienen cifras distintas a las que nos han presentado.

Es bueno escuchar todas las visiones y a todos los lados.

Otro tema que usted ha mencionado y que es importante es la educación sexual. Allí también había posturas contrapuestas en la Asamblea Nacional sobre lo que se considera educación sexual y de nuevo hago referencia a su propia organización, CREO. El asambleísta Héctor Yépez se alineaba con la señora Amparo Medina, del movimiento Con mis hijos no te metas, cuyas posturas son muy radicales. Así, ¿cómo pueden decidir qué se considera educación sexual saliéndose de la postura religiosa?

Yo creo que las posturas extremas no le han hecho bien al país. Tenemos una postura absolutamente extrema de la persona que usted menciona y tenemos posturas absolutamente extremas de los grupos feministas. Eso no le hace bien al país. Llegar a los extremos en los que la señora Medina se ha colocado es absolutamente fuera de foco.

Yo creo que debe haber educación sexual, por supuesto.

Cada padre podrá decidir también en qué momento le habla a su niño o a su niña, de acuerdo a la madurez de cada uno. Yo tengo dos sobrinos pequeños. A mi sobrina que tiene ocho años, mi hermano y mi cuñada siempre le han hablado de los peligros que existen en un lenguaje que ella entiende. Ella sabe cuáles son sus partes, que nadie se las puede tocar. Lo mismo mi sobrino de seis años.

Como anécdota le cuento: a mi sobrino lo llevaron alguna vez al pediatra a que lo revise si necesitaba circuncisión o no, y no se dejó tocar. Tuvo la mamá que ayudarle porque él decía a mi no me toca nadie, esto es mío. Esa es la forma en la que uno tiene que hablar con los niños no solo por el tema de embarazo sino también para evitar el abuso sexual.

Yo sí considero que debe haber educación sexual. Los tiempos avanzan. Los jóvenes, los niños tienen acceso a información que antes nosotros no teníamos. Es cuestión de tener un teléfono celular, acceso a internet y se van a enterar probablemente de las cosas de una forma distorsionada.

Por eso los padres tenemos que hablarles claramente desde que son pequeños y si es que no lo hacen los padres, están las instituciones educativas.

Y ahí vuelve la polémica: cuándo es el momento de decirles y qué consideran educación sexual. Hay gente que dice que no quiere que les hablen a los hijos de métodos anticonceptivos a los doce años. ¿Cómo es entonces que estas posturas religiosas quedarían en segundo plano para que los niños y jóvenes tengan acceso a una educación sexual que permita prevenir enfermedades o embarazos e incluso lo que usted menciona, reducir el riesgo de abuso sexual?

Ahí creo que es absoluta responsabilidad de los padres lo que pueda suceder si es que en la escuela o en el colegio tienen una clase de educación sexual y no le mandan ese día al hijo a clases.

Yo sí quiero que le hablen a mi hijo de educación sexual. Yo misma le hablaré a mi hijo de educación sexual, de métodos anticonceptivos y, sobre todo, del respeto a su cuerpo y al cuerpo de los demás.

Cambiando un poco de tema, usted planteó algunas inconsistencias en el tema de los grilletes y la fuga de Fernando Alvarado. Dijo que se había perdido el sistema durante un par de horas. Sumados estos datos a la comparecencia de las autoridades y sobre quién recae la responsabilidad, ¿qué conclusiones saca?

Lamentablemente  ninguna de las autoridades habló claro en la Asamblea, ninguna quiso responsabilizarse de nada.

La mayoría de autoridades señalaron al Ministerio de Justicia que es el ministerio rector, por supuesto. No dieron información, información que, por ejemplo, yo sí tenía. Yo tenía información que no tenían los ministros. De hecho yo le pregunté a la Ministra del Interior si ella conocía que el sistema se había caído durante dos horas. No sabía.

Ninguno de los ministros y de las autoridades informó que el gerente del proyecto, quien está a cargo, había renunciado dos días antes. No informaron a ningún operador a cargo de estos dispositivos que había un nuevo gerente, que se presentó en la noche del 20, cuando ya se había dado todo el tema.

Tampoco informaron que había varias alertas que mostraban que no estaban funcionando bien los grilletes, que había problemas, de hecho el mismo señor Alvarado acudió tres veces a visitas técnicas porque su dispositivo lanzaba la alerta de pulsera quitada.

En la última visita técnica del 28 de septiembre, ingresó con alerta de pulsera quitada y sale con alerta de pulsera quitada, y no se solucionó el tema. Como el caso del señor Alvarado hay muchos.

Por eso que estoy pidiendo, el día de hoy, mediante un cambio del orden del día, que se pida la comparecencia de la supervisora de operadores que es quien recibió el mensaje del señor Alvarado cuando le dijo que se iba, de la supervisora nacional, a quien se reporta de manera inmediata, y por supuesto, al gerente del proyecto, el anterior y el actual, para ver qué información nos dan.

Cuando habla de un tema como este, más político, la voz de Lourdes Cuesta se endurece. En la mesa del fondo, está sentada una de sus asesoras, que por momentos desprende su mirada del celular que lleva en sus manos, para ver a la asambleísta. Ella habla casi sin pausa, pronunciando con énfasis las palabras. No interrumpe las preguntas. Las escucha con calma, con paciencia y atención antes de responder.

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“No me atrevería jamás a señalar con el dedo a una mujer que aborte, que tome una decisión tan terrible”, Lourdes Cuesta. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Los representantes de la empresa china a la que compraron los dispositivos han dicho que el problema no es técnico sino humano, que se han emitido las alertas y que quienes no han advertido de las alertas son los funcionarios del Ministerio de Justicia. En ese sentido, ¿no recaería la responsabilidad sobre el ministro Granda más que sobre las otras autoridades?

Sin ninguna duda recaen sobre el Ministro de Justicia. Así lo señalaron incluso las otras autoridades.

Ahora, la empresa contratista también tiene mucho que explicar porque estamos hablando de un contrato de 14 millones de dólares, del cual ya hay informe de la Contraloría con responsabilidad penal en contra de la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Resulta que durante el año de vigencia, este contrato tuvo problemas pero cuando terminó, se dieron cuenta que se necesitaba una plataforma que dé el servicio y se pueda monitorear.

Decidieron contratar con Conecel durante seis meses, y les llegó un oficio diciendo que no podían contratar con el sector privado, que debían hacerlo con el sector público. Sin embargo, CNT no tenía la tecnología. Estos dispositivos funcionan como un celular.

El propio Ministerio de Justicia envió una carta al Consejo de la Judicatura diciéndole que instruyan a los jueces de abstenerse de utilizar grilletes electrónicos porque había problemas de tecnología. Pero el Código Integral Penal (COIP) los señala como una medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva. Entonces realmente llama la atención otra cosa: los técnicos a cargo de las revisiones tienen un horario de trabajo de ocho y media a cinco de la tarde.  

¿Qué pasa un fin de semana, un feriado, una madrugada? Absolutamente nada porque no hay quien haga revisiones técnicas. También creo que hay otra responsabilidad por parte del Ministerio del Interior. El señor Alvarado, como medida cautelar, tenía también la prohibición de salida del país. ¿Quién tiene a cargo los funcionarios responsables de migración? El Ministerio del Interior. Ese día la ministra dijo que el señor Alvarado no se había ido por ningún punto regular. Obvio que no se fue por ningún punto regular, pero no puede ser posible que en el país, la gente entre y salga como si es que no pasara nada.

Guillermo Lasso dijo que huele a pacto del morenismo con el correismo. ¿Concuerda con eso?

El señor Michelena dijo que había topos del correísmo. Si sabe que hay topos, que tienen funcionarios ahí que están de quinta columna, ¿por qué no han hecho nada? ¿Cuánto sabrá el señor Alvarado? ¿Conviene o no conviene que el señor Alvarado esté en el país?

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Entonces, no descartaría que, efectivamente, le hayan dejado ir.

Usted ha dicho que iniciará el trámite para un juicio político contra el ministro Paúl Granda por inobservancia en sus funciones. ¿Logrará los votos?

El día que estuvimos haciendo preguntas a las autoridades, varios asambleístas de distintos bloques se acercaron a decir: te apoyamos en el juicio político.

Algunos me dijeron: si no lo presentas tú, lo presentamos nosotros. En este momento hay los votos, falta ver la voluntad política.

¿Cree que habrá?

Yo creo que sí. Este tipo de actos generan consecuencias como que los ecuatorianos sientan que existe un ambiente de impunidad, que en este país puede pasar lo que sea, pueden hacer lo que sea y no pasa absolutamente nada.

Adicional a eso hay temas muchísimos más graves. Voy a tocar el caso de Posorja, más allá de que haya habido mala información, es el sentimiento de impunidad.

Todas las semanas estamos escuchando del robo de niños en Ecuador, las autoridades no han dicho absolutamente nada. El momento en que, en una población tan pequeña como Posorja se escucha, mal informados o no, que están queriendo llevarse un niño, sucede lo que sucedió.

Eso es consecuencia de que la Justicia y las autoridades no están actuando como deberían. Reprochable totalmente, no pueden pasar este tipo de cosas.

Pero entonces estamos hablando de un tema mucho más estructural: el estado de la Justicia. Si esto pasa con un funcionario de alto nivel como Fernando Alvarado, ¿qué ocurre con otras personas que usan el grillete? ¿Desde la Asamblea qué se podría hacer?

Fiscalizar, tiene que haber responsabilidades políticas.

En efecto, el caso del señor Alvarado no es el único.

Yo tengo un informe con más de 200 solicitudes de revisión de grilletes electrónicos a distintas personas porque están dando problemas. De hecho tengo información de que el 22, después de la fuga de Alvarado, decidieron hacer el cambio de grilletes a quienes están procesados por el caso Odebrecht.

Hay quienes tienen arresto domiciliario. Para quienes tienen esa medida, hay un sistema de verificación facial para quien porte el grillete. No funciona bien.

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Lourdes Cuesta: “Yo tengo un informe con más de 200 solicitudes de revisión de grilletes electrónicos”. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

Otro tema que usted ha mencionado mucho es el tema de los abusos sexuales. ¿Cuál es la propuesta concreta que usted hace desde la Asamblea?

Yo presenté un proyecto de ley que se llama Revaas que es el  Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores Sexuales. ¿En qué consiste?

La tasa de reincidencia de quienes han cometido este tipo de delitos contra niños, niñas y adolescentes, es muy alta. Lo que queremos es que quienes hayan cumplido ya una condena pasen a ser parte de un registro y al constar allí no pueden volver a trabajar cerca de niños, niñas y adolescentes.

No es una pena adicional ni un tema de discriminación porque podrán hacer lo que gusten menos trabajar con niños, niñas y adolescentes.

Mientras están en el centro de rehabilitación están en un período de falsa calma porque no son los adultos quienes despierta el impulso sexual, son los niños. Entonces, evitemos que vuelvan a trabajar con niños. Por ejemplo, no podrían volver a trabajar como chofer de una buseta o en el bar escolar, o administrar una escuela de ballet o la cancha de fútbol.

Me decían que estoy discriminando: no lo estoy haciendo porque, justamente, en base a la legislación internacional, lo que estamos haciendo es distinguir un grupo peligroso para cuidar un grupo que merece mayor atención de la sociedad.

¿Se ha hecho esto en algún otro país? ¿De dónde saca el modelo?

Hay varios países que cuentan con este tipo de legislación y que ha funcionado bien. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Ley Megan que es mucho más drástica: si una persona ha cometido un delito sexual y va a ir a vivir a un barrio, tiene que ir de casa en casa a decirles a sus vecinos ‘soy fulano de tal, vivo en tal casa y cumplí condena por abuso sexual’. Así, quienes viven en ese barrio sabrán qué hacer para que sus hijos no se le acerquen.

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Funciona en Argentina, Nicaragua, El Salvador. Ahora está aprobándose en Colombia, donde está en el tercer debate de los cuatro que son necesarios allá para la aprobación de una ley.  Se aprobó recientemente en Uruguay y en otros países lejanos como Australia.

Estamos ya en debate de quién sería el ente rector porque hay que tener mucho cuidado. Uno de los cuestionamientos que me hacían es qué pasa si se filtra la base de datos o qué pasa si no funciona la autoridad. Nosotros no podemos legislar en base a coyunturas políticas, en base a si funciona o no funciona. Nosotros tenemos que exigir leyes que sean bien administradas.

No es un registro público porque ahí sí sería discriminatorio porque yo creo que cualquier persona que busca personal no va a querer trabajar con una persona que ha abusado seualmente de un niño

¿Y quién manejaría este registro?

En principio habíamos propuesto que sea el Ministerio del Interior porque ha sido el que maneja los certificados de antecedentes penales y demás.

Entonces hacerlo público sí sería discriminatorio.

¿Y quiénes podrían consultar el registro?

Si es que yo quiero trabajar con niños, sería yo quien vaya al Ministerio del Interior a pedir un certificado de no encontrarme inhabilitada.

Si es que un rector de un colegio quiere contratar diez personas, pediría el certificado a los postulantes de no estar inhabilitados.

Otro tema que quería abordar es el de la Comisión Ocasional para tratar temas relacionados a niñez y adolescencia no se pudo reunir porque a la primera convocatoria hecha para el 3 de octubre, no hubo quórum. De 9 miembros, asistieron 3 asambleístas: Dayllana Passailague, Encarnación Duchi y usted. Su decisión fue la de renunciar a la comisión. ¿Cree que esa es la decisión correcta? ¿Retirarse? ¿No hay un compromiso ahí?

Creo que las comisiones ocasionales no suelen tener buenos resultados y se formó esta comisión y mis colegas del bloque me pidieron que yo fuera parte. Accedí porque he estado trabajando con este tipo de casos.

La persona llamada a convocar esta primera reunión, que era el asambleísta Bustamante, convocó a la primera reunión pero previo a esto renunció. Como ya estaba convocada, dijimos, reunámonos y sobre todo porque la ley da ocho días para que se dé la primera reunión de la comisión y se nombren incluso las autoridades.

La convocatoria era a las dos y media de la tarde entonces no es que no hubo quórum, sí hubo, pero se fueron. Llegaron algunos asambleístas, dijeron no, parece que no va a haber quórum, salieron y a los asambleístas que estaban llegando les dijeron que no había quórum.

En el caso de la asambleísta Passailague llegó a las dos y treinta y tres de la tarde y decía por qué se están yendo.

Entonces hay intereses personales, más allá de quiénes iban a ser las autoridades de la comisión, la comisión necesita continuar. Los temas de la niñez y de la adolescencia son temas sensible que hay que tratar con mucha responsabilidad.

Yo vi que eso no iba a funcionar, lamentablemente así que creo que desde otros espacios se puede apoyar y se puede trabajar más.

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“Tiene que haber mayor educación sexual en el país, les guste o no a ciertos sectores”, dice Cuesta. Fotografía de Lisette Arévalo para GK.

¿Se retira entonces porque considera que no hay un objetivo en la comisión?

Considero que no va funcionar. Ojalá me equivoque, ojalá funcione y funcione de maravilla y que la producción legal en defensa de los niños, niñas y adolescentes salga hasta el mes de abril que tiene que durar esa comisión.

Han pasado 34 minutos desde el inicio de la entrevista y la asesora de la asambleísta Cuesta empieza a angustiarse por el tiempo. Cuando ella termina de responder a la pregunta, su asesora se pone de pie y avanza hacia la mesa en la que la legisladora apoya sus brazos mientras responde a las preguntas. Hace un gesto de que ya es hora de terminar.

Sabemos que tiene prisa. ¿En qué aún está en deuda la Asamblea con los ciudadanos?

En temas de fiscalización. Creo que ahí hay una deuda muy grande. A pesar de que considero de que no debemos quedarnos enredados solamente en este tipo de problemas, sí se necesita fiscalización clara. Presentamos alrededor de nueve juicio políticos. ¿Cuáles han prosperado? Uno que presenté yo en contra del exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa; otro en contra del excontralor Carlos Pólit también prosperó porque lo presentó la bancada oficialista; pero ni siquiera la Comisión de Fiscalización, antes conocida como Comisión de Archivo, ahora es la Comisión del Limbo porque no hay quórum o porque no dan los votos necesarios ni para archivar ni para que pase al pleno, se quedan en un limbo jurídico. Sucedió con el exvicepresidente de la República; sucedió con el exministro de Agricultura Rubén Flores; y así, una cantidad de casos. Ahora, recientemente en el pleno de la Asamblea se quedó en el pleno la censura en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Ahora se está llevando a juicio al exprocurador General del Estado y veamos qué sucede. La solicitud de juicio político a la excanciller María Fernanda Espinosa ni siquiera ha pasado al Consejo de Administración Legislativo, CAL , sigue en el escritorio de la presidenta y es por eso que hemos presentado ya una reforma a la Ley Orgánica a la Función Legislativa, en donde planteo que una vez presentado una solicitud de juicio político, la Presidencia debe poner en conocimiento del CAL en un plazo no mayor de tres días, para que este sea calificado. Este momento hay un vacío legal, entonces a presidenta, si es que quiere tener ahí guardado ese juicio durante los tres años que queda del período legislativo, queda ahí y no pasa nada.

¿Es decir que no hay un límite legal que le obligue a tomar una decisión en un tiempo determinado?

Exactamente. Es parte del hiperpresidencialismo que también existe en la función legislativa.

Otra de las cosas que les han criticado mucho es esta incapacidad de lograr acuerdos en la oposición. Los socialcristianos critican mucho a CREO y viceversa, incluso a través de redes o en el pleno ha habido roces entre asambleístas de ambas organizaciones. Son dos partidos de derecha que no logran ponerse de acuerdo a pesar de, en principio, pertenecer a una corriente similar. ¿A qué cree que se debe eso?

Nosotros no transamos con lo que creemos que no debemos transar.

Nosotros no creemos que el gobierno esté siguiendo un camino adecuado. Por ejemplo, ahora nuevamente está en la Asamblea, la proforma presupuestaria. Y no ha cambiado en absoluto el modelo económico. Nosotros no podemos darle un cheque en blanco al Presidente de la República a que se siga endeudando y siga hundiendo el futuro de los ecuatorianos. Por ejemplo, en la Ley de Fomento Productivo, nosotros votamos en contra de que el Presidente de la República pueda endeudarse más allá de ese 40 por ciento que permite la Ley.

De hecho estamos mucho más endeudados que eso y nosotros no vamos a transar con el gobierno.

A nosotros no nos interesan cargos públicos, no queremos cuotas políticas. Nosotros fuimos elegidos para velar por los ecuatorianos y en oposición porque nosotros siempre hemos sido un movimiento de oposición: en la era del correismo y, por supuesto en la del morenismo, porque no ha cambiado nada.

Han cambiado las formas, no ha cambiado el fondo. Nosotros somos una oposición clara, no nos debemos a nadie.

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¿El socialcristianismo no es una oposición clara?

Ellos tienen, algunas veces, posturas un poco más laxas.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, en el tema de la deuda pública, en donde un sector se beneficiaba entonces decidieron votar a favor de eso, sin pensar que si nos seguimos endeudando vamos a tener graves consecuencias a futuro.

Y dígame, ¿la Asamblea está fiscalizando al gobierno actual? Porque hay una obsesión con el correismo, con los exfuncionarios, buscar mucho todo lo que hizo el anterior gobierno, pero queda la duda, ¿a este gobierno se le está pidiendo cuentas?

Por nuestra parte sí.

En varios medios de comunicación he dicho: ya basta de echarle la culpa a Correa.

Ya sabemos que fueron 10 años nefastos; que Correa tiene culpa de un montón de cosas, temas de corrupción que no pueden dejarse de lado, tienen que seguirse tratando, temas de deuda, por supuesto tiene que seguirse tratando, la situación económica es culpa de Correa, por supuesto.

Pero llevamos año y medio de un nuevo gobierno y siguen hablando de Correa.

¿Y este gobierno qué ha hecho para empezar a mejorar o cambiar todo lo malo que hizo Correa?

El modelo económico sigue siendo el mismo. Los funcionarios siguen siendo los mismos. Entonces, seguimos oyendo que la mesa no está servida, que hay topos del correísmo. Pero, ¿qué está haciendo el señor Presidente? Tiene un discurso absolutamente contradictorio: un cosa es la que dice, otra cosa es la que hace.

La última pregunta, Asambleísta. En este año y medio que lleva como legisladora, ¿qué errores ha cometido?

Cuando comenzamos y somos absolutamente nuevos cometemos un montón de errores. Ventajosamente, creo no haber cometido un error tan grave todavía y espero mantenerme así.

Creo que nos falta mucho. En mi caso caso personal, los manejos políticos. Uno llega con una visión a la Asamblea y el error que uno comete es creer que lo que uno quiere va a salir de una forma sencilla, tranquila, porque uno tiene buena voluntad, porque no hemos aprendido aquella parte que hay detrás de la política que es el acuerdo, el manejo.

Entonces algunas veces que me he tropezado ha sido porque no he hablado con los otros asambleístas, o porque no he llegado a consensos con otros bloques. Son temas que estoy aprendiendo ahora. Para presentar una resolución y contar con los votos, yo ya no le pido la firma solamente a la gente de CREO, porque ellos van a votar conmigo, seguramente me apoyarán. Empiezo a buscar firmas de otros bloques, de otros asambleístas, explicándoles qué es lo que quiero hacer, cómo quiero hacer y eso me ha servido mucho.

Espero no cometer ningún error tan grave, sobre todo, para no violar la confianza de quienes votaron por mí.

¿Apostará por otro período?

Sí me gustaría poder servirle al país.

Estoy enfocada en este momento en cumplir, hasta el año 2021, todas las metas que nos hemos puesto: hacer leyes que generen empleo, hacer leyes que protejan a los niños.

Por ejemplo, ahora estoy con un proyecto de ley en base a lo que vivimos en mi ciudad, que es el tema del tranvía.

La idea es que cualquier ninguna megaobra que se vaya a hacer —porque ahora escuchamos del Tren Playero— no tenga un plan de contingencia para que las personas que tienen que cerrar sus locales puedan ser reubicadas sin mayor trámite, que exista promoción para sus locales, etcétera.

Estoy muy enfocada en los objetivos que nos hemos puesto. Nos quedan todavía dos años y medio y bueno, habrá que ver en ese momento la situación del país, cómo va y, sobre todo, si es que yo siento que he cumplido, tendré cara para presentarme a otro período.

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De momento, ¿descartadas las seccionales entonces?

Sí. Tengo un compromiso hasta el 2021. Sería irresponsable. Hablo por mí, irresponsable de mi parte decir ‘bueno, hasta aquí llego y voy a postular para algo en las seccionales’. Yo fui elegida hasta el 2021 y hasta el 2021 estaré en la Asamblea Nacional.

María Sol Borja
Periodista y publicista. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Docente universitaria y traductora. Ha publicado en medios como New York Times, Mundo Diners y Soho. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Editora asociada en GK.