La esposa del exvicepresidente Jorge Glas, Cinthia Díaz, lo demandó por alimentos. Ella, que lo acompañaba a algunas audiencias, con la Biblia bajo el brazo; ella, que salía de su mano y miraba con desdén a los periodistas, a quienes culpaba de la caída jurídica de su esposo; ella, ella, lo ha demandado a inicios de octubre en un juzgado de Guayaquil por alimentos.

No se conocen los detalles de la demanda. Lo que sí sabemos es que Jorge Glas tiene sus cuentas congeladas, como parte de las medidas tomadas por el juez Edgar Flores en diciembre de 2017, cuando fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita dentro de la trama Odebrecht. El congelamiento de sus cuentas, implicaría también la retención de la pensión vitalicia —o parte de ella— a la que tiene derecho como exvicepresidente de la República. El pago al que tiene derecho Glas asciende a de 4057 dólares —el 75% de su salario cuando estaba en funciones.

Independientemente de si la relación entre los esposos Glas Díaz sigue sólida y cercana —como hace algunos meses cuando ella lo respaldaba públicamente— la demanda por alimentos es una decisión que Díaz podría haber tomado (¿en conjunto con Glas?) para lograr que la pensión del exvicepresidente sea destinada, al menos en parte, a la manutención de sus hijos.

Tras la demanda, un juez podría decidir que el monto designado para la pensión de los hijos sea retenido, antes de ingresar a la cuenta congelada de Glas, y sea entregado a la madre.

Según la tabla de pensión de alimentos vigente, a Glas le correspondería entregar por sus dos hijos un monto aproximado de 1712 dólares . Ese es un valor referencial que debería ser pagado hasta que sus hijos cumplan 18 años, o 21 si es que son estudiantes. El cálculo corresponde al 42,21% de sus ingresos menos sus gastos. Si en realidad este es un proceso adversarial entre los esposos Glas, Díaz debería probar que Glas, al estar detenido, no tiene mayores gastos. Si ese es el caso, además, podría intentar probar que el exvicepresidente tiene otros ingresos para incluirlos en el cálculo de la pensión.

Requerida por la prensa, los abogados de Glas no han dado explicaciones.

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Son tres meses desde que el legislador Eliseo Azuero (del Bloque de Integración Nacional, BIN) planteara en la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) para que expresidentes y exvicepresidentes que fueren llamados a juicio por algún delito penado con reclusión  dejen de percibir las pensiones vitalicias. El proyecto se encuentra en análisis en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por Liliana Durán, asambleísta correísta. Un intento similar ocurrió en 2015, planteado por la entonces asambleísta Rosana Alvarado, pero no logró concretarse.

Pero desde 2015 las cosas han cambiado. Hace tres años no había un exvicepresidente preso ni un expresidente que podría ir a juicio. El balance de fuerzas ha cambiado también: en 2015, el bloque correísta era una fuerza sólida, en la que Alvarado era una figura importante —hoy es una de aquellos señalados como traidores por el expresidente. Hace 3 años, la caída de uno de los hombres más poderosos del país era impensable —hoy, Jorge Glas suma un proceso judicial más. Las motivaciones de la demanda de alimentos son parte de la ya de por sí compleja trama judicial que envuelve al exvicepresidente de Rafael Correa.  

*En la versión inicial de este texto se dijo que una de las posibilidades es que la esposa de Glas hubiese demandado una pensión correspondiente al año que él lleva preso. Para evitar confusiones, se eliminó esa parte que del texto, cuya premisa surgió de una opinión legal. Sin embargo es el consenso mayoritario de varios abogados que solamente se puede cobrar a partir de la fecha de presentación de la demanda, en este caso el 3 de octubre de 2018.