En agosto de 2018, Lenín Moreno lanzó su plan económico con un hashtag: #elmomentoesahora. La frase muy pronto se reinventó del proselitismo a la burla: las medidas anunciadas incluían el incremento de la gasolina súper —de 2,26 dólares a 2,98 dólares—, la reducción de 20 instituciones gubernamentales y la eliminación de pago de tarifas de celulares a ministros, subsecretarios, asesores y directores. Según Moreno, le generarían mil millones de dólares en ahorro. De forma paralela, el gobierno lograba la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Fomento Productivo por la cual busca que la economía pase de estar impulsada principalmente por el Estado a una mayor participación del sector privado. Las medidas han generado reacciones divididas, en una lógica más parecida a la década de 1990: los sectores sociales cuestionando el ajuste, las cámaras de la producción, celebrándolo. Una vez más, la discusión está sujeta a la que parece ser la palabra favorita de los economista: depende.
Para entender cómo funcionará el ajuste económico hay que entender el contexto en que se da. En el 2014, el precio del petróleo cayó más del 40%, se apreció el dólar, y países como Perú y Colombia devaluaron sus monedas. Para afrontar el golpe, el entonces presidente Rafael Correa redujo el presupuesto general del Estado para el 2015, implementó salvaguardias para controlar las importaciones, y endeudó al país. Según datos del Banco Central del Ecuador, de 2014 a 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas un 0,1% y del 2015 al 2016 decreció 1,2%. Y aunque la economía comenzó a recuperarse en el primer trimestre de 2017 (con un crecimiento del PIB de 2,7% respecto al mismo trimestre de 2016), los efectos en empleo adecuado, subempleo y empleo no pleno son notorios: según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), el empleo adecuado en Ecuador bajó de 49,3% en diciembre del 2014 a 41,2% en diciembre del 2016. En el mismo periodo, el subempleo aumentó de 12,9% a 19,9%.
Al día de hoy la tendencia negativa no ha cambiado.
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El 28 de julio de 2017, el presidente Lenín Moreno dijo que la situación económica del país es “crítica”. Dijo que necesitará 8 mil millones de dólares anuales para amortizar la deuda que heredó del gobierno de Rafael Correa. Según Moreno, la deuda alcanzó un monto agregado de 41.893 millones de dólares. A eso había que sumarle 8 mil millones de dólares de pasivos del Estado como operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos. Correa le dedicó 44 tuits a Moreno: dijo que “el gobierno actual sabía perfectamente bien las cifras de deudas y pasivos” y que “hacer una cadena nacional para ‘anunciar’ lo que siempre supieron” era tan solo parte de un show. Dijo que él enfrentó la caída del precio de petróleo y desastres naturales “sin incremento de pobreza y desigualdad”, e insistió en su idea de que en los próximos meses habría un paquetazo.
En septiembre de 2017, Moreno decretó que la función Ejecutiva entraba en austeridad para reducir el déficit fiscal y el gasto público. Redujo el 10% de los sueldos de los funcionarios del jerárquico superior—que ganen entre 2 mil 368 a 6 mil 261 mensuales—, eliminó las vacantes de todas las instituciones del Estado, reguló la contratación de propaganda y publicidad, y una reducción del personal de seguridad de las autoridades públicas, entre otras más. Pero los indicadores de empleo y de pobreza continuaron empeorando: según la ENEMDU (junio de 2018) entre junio de 2017 y junio de 2018, el empleo adecuado disminuyó de 40,1% a 38,9% —es decir que 161,689 personas pasaron a la informalidad.
El informe dice que esa variación no es “estadísticamente significativa”. Según Aldo Salinas, economista y profesor investigador de la Universidad de Loja, estadísticamente no significativo quiere decir que no se puede afirmar en un cien porciento que hay un deterioro de los indicadores que monitorean la realidad. Donde sí se ve un cambio significativo es el incremento del empleo no pleno: de 24,3% subió 26,5% en el primer año de gobierno de Moreno. Según Salinas, si bien a nivel nacional estas variaciones no son estadísticamente significativas, “a nivel de las principales ciudades, como Quito y Guayaquil, sí lo son”.
La ciudad más afectada es Quito. Entre junio de 2017 y junio de 2018 el empleo adecuado disminuyó significativamente de 63,1% a 59,1%. En el mismo periodo, la pobreza en Quito ha subido significativamente (de 7,8% a 12,8%) y la pobreza extrema pasó de 1,9% a 4,6%. En Guayaquil la pobreza subió de 10,5% a 14,1%. Mientras tanto, en Cuenca la pobreza disminuyó del 7,8% al 2,8% y el empleo adecuado creció de 60,1% al 66,5%.
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Si estas tendencias se van a revertir con los ajustes anunciados por Moreno, la gran respuesta es depende. Depende de a quién se le pregunte. Pablo Lucio Paredes, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, dice que estos cambios son normales: había una tendencia desde el 2014 y, además, es parte del ajuste económico a un Estado más pequeño: “Nadie va a estar contento en el año de ajuste, pero es necesario porque teníamos excesos y despilfarro”.
Según Lucio Paredes, el objetivo de las medidas económicas es que el sector público se achique y que, al mismo tiempo, el sector privado se reactive. “Pero la baja de uno y la recuperación de otro no se da al mismo tiempo”. Por tanto, dice, “tienes que sentir inevitablemente en la economía ese bajón y lo vamos a seguir viviendo durante un tiempo que se de ese reajuste de la economía”. Lucio Paredes dice que en un año o año y medio los indicadores mejorarán y se estabilizarán a medida de que el sector privado crezca.
Si el sector privado crecerá con las medidas anunciadas, está por verse. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, llamó a la Ley de Fomento Productivo “un buen comienzo”, aunque no estaba totalmente conforme. Sin embargo, dijo “no podemos criticar todo”. Alarcón alabó, también, el regreso de los tratados bilaterales de inversión: “La única manera de atraer grandes capitales es dándoles acceso al arbitraje internacional.”
Aldo Salinas discrepa. Para él, es muy probable que estos indicadores empeoren no solo a nivel de ciudades sino a nivel nacional. Sobre el retorno de los tratados bilaterales de inversión, el experto en arbitraje comercial internacional Alejandro Herrera dijo que incluir al arbitraje como forma de resolución de conflictos es partir de la misma premisa equivocada con la que los suscribió en la década de 1990: “que su suscripción sirve para incrementar la inversión extranjera directa”. Herrera calificó a la propuesta del gobierno como “apertura desordenada”. Salinas ve en la Ley de Fomento Productivo un retorno al corporativismo de finales del siglo XX: el Estado y los grandes grupos económicos complaciéndose mutuamente, en detrimento de los más pobres.
Hay dos puntos principales que Salinas critica de la Ley Orgánica de Fomento Productivo: la remisión tributaria y la renuncia fiscal. La ley plantea que una remisión —es decir, la condonación o perdón— de intereses de impuestos vehiculares, así como de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular e infracciones de tránsito, en obligaciones patronales con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y servicios básicos. Además prevé la anulación de intereses y recargos para pequeñas, medianas empresas y grandes contribuyentes (personas jurídicas, es decir empresas, compañías u otras organizaciones) que tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 2 de abril de 2018, siempre y cuando paguen el capital adeudado.
Para Salinas el gobierno de Moreno está entregando un subsidio a los ricos porque “está renunciando a un dinero que iba a entrar al fisco y ahora no va a entrar”. A esto le añade la exoneración al Impuesto a la Renta por 12 a 15 años a inversiones productivas en industrias básicas en el país. “Estamos renunciando a esos ingresos” —dice Salinas— “por lo tanto es como decirle te estoy entregando sector privado este impuesto”.
Las críticas que hace Salinas son similares a las que hizo la asambleístas independiente Mae Montaño —que llamó a la ley “un premio a los más ricos”. El ex ministro de Economía, Diego Borja, dijo que la merma por ingresos tributarios “bordea el 1,5 % del PIB del 2018. De ese monto el 82 % se concentra en los 100 deudores más grandes”.
La Ley, dicen, beneficia a los grandes grupos económicos. Salinas sostiene que eliminar el subsidio a los combustibles afecta directamente a la clase media y a los más pobres. Pronostica, además, que —como la economía ecuatoriana dependía mucho del gasto público, al reducir el gasto y la inversión pública— va a haber una caída en los ingresos de los más pobres. Pone un ejemplo: los despidos en el sector público son de los puestos ocupados por la clase media.
Pablo Lucio Paredes, en cambio, considera que si bien esta ley no es perfecta, marca un rumbo distinto al que se tenía con el gobierno de Rafael Correa. Más allá de las medidas económicas, cree que los juicios por corrupción y los cambios en el gabinete ministerial de Moreno —cuyo ministro de Economía, Richard Martínez, lideraba el gremio empresarial antes de asumir el cargo—, significó un cambio radical en la política económica del país. Salinas es escéptico de la gestión del Ministro, y cree que la lucha contra la corrupción no es suficiente para que el sector privado se reactive. “La inversión privada no ve solamente el tema impuestos, si no por otros como ser un país creíble donde hay Estado de Derecho “. Dice que se ha descorreiszado al Estado, en lugar de fortalecer un marco jurídico estable, o de exigir que el presidente Moreno mantenga el plan de gobierno con el que fue elegido.
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El Ecuador estrena medidas económicas de ajuste mientras en Venezuela y Argentina, gobernadas por polos opuestos ideológicos, la inflación no para de crecer. El régimen de Nicolás Maduro ha creado una nueva moneda —el bolívar soberano— que ha atado al petro, una criptomoneda cuyo precio fluctúa con el mercado petrolero. El gobierno de Mauricio Macri ha tenido que elevar las tasas de interés al 60%, el 30 de agosto el peso registró su peor devaluación en 16 años y se han registrado los primero saqueos. A ambos extremos del espectro político- económico las culpas apuntan en sentido opuesto.
En el Ecuador, los espejos de ambos países producen incertidumbre ante el futuro económico. Hay un consenso en que alguna forma de ajuste era necesario. Aldo Salinas dice que es cierto que Moreno no recibió una economía con crecimiento sostenido y que era vulnerable “porque estaba basada en deuda pública”. Sin embargo, dice que se debieron implementar otras medidas: aumentar el Impuesto al Valor Agregado —cita el ejemplo de Colombia, que lo incrementó del 16 al 19%—, o aumentar el Impuesto a la Renta quienes más ganan, para cargar el costo del ajuste a los más ricos. Pablo Lucio Paredes ve a las medidas a los que menos tienen como necesaria pero temporal. Mientras tanto, los indicadores económicos en el Ecuador continúan a la baja, mientras que el desempleo y el empleo no adecuado suben.
