El 28 de febrero, el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, dijo en la rendición de cuentas del período mayo 2017 – febrero 2018, que Ecuador posee “la primera Asamblea Nacional, o el primer parlamento, del mundo que ha vinculado de manera obligatoria a nuestra producción legislativa y de fiscalización los Objetivos De Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas hacia el 2030”. Su afirmación es falsa.
Del 25 al 27 de septiembre de 2015, 193 países —incluido Ecuador— asistieron a la Cumbre de Desarrollo Sostenible, en Nueva York, para aprobar la Agenda para el 2030. Aunque el documento contiene 17 objetivos —que deben ser aplicados y rigen desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2030— los tres más importantes, según las Naciones Unidas, son: terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y reparar el cambio climático. Estos tienen metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años e involucran la participación de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil.
Ecuador no es primer parlamento en implementar los ODS, como dijo Serrano. En mayo de 2016 México creó el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los ODS para acompañar al gobierno mexicano en la implementación de la Agenda y cumplir con las 169 metas para el 2030 en su Plan Nacional de Gobierno (PND). Y en mayo de 2017 el Senado mexicano aprobó la Ley de Transición Energética que busca regular el aprovechamiento sustentable y las obligaciones en materia de energías limpias, y reducción de emisiones contaminantes de energía eléctrica.
Otro país que ha legislado a favor del cumplimiento de los ODS es Costa Rica: el 9 de septiembre de 2016 aprobó un acuerdo para que se implementen los 17 objetivos. En esta asamblea las iniciativas para cumplir los objetivos se relacionan con el 12 —Producción y consumo responsables, el 13 —Acción por el clima, y el 16 —Paz, Justicia e Instituciones sólidas. La Asamblea costarricense está implementando un plan de gestión ambiental, responsabilidad social y gestión normativa voluntaria que incluye el uso adecuado de recursos a través de ahorro de energía y capacitaciones al personal en instituciones públicas y privadas, escuelas, colegios y universidades sobre el manejo de residuos sólidos que permitan reducir el impacto climático.
El 20 de julio de 2017, la Asamblea Nacional de Ecuador se comprometió a implementar la Agenda 2030 y los ODS en todas las leyes que aprueben. La resolución recibió el apoyo de 126 legisladores y la abstención de uno. Pero desde que la Asamblea fue posesionada, el 14 de mayo de 2017, se han aprobado ocho leyes y dos códigos. De estas 10 leyes solo en dos se han aplicado los ODS, que se refieren a: la igualdad de género (objetivo 5), aplicado en la ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a la vida de ecosistemas terrestres (objetivo 15) en la Ley de Defensa Contra Incendios.
La declaración de Serrano es falsa porque la Asamblea ecuatoriana no es la primera que ha vinculado de manera obligatoria a la producción legislativa y de fiscalización los objetivos de desarrollo sustentable, y porque de las 10 normativas aprobadas en el último periodo, solo dos se alinean a estos objetivos.
