Ciento treinta niños venezolanos trataron de reencontrarse con sus padres en Perú el 15 de diciembre de 2017. La ONG Unión Venezolana en Perú hizo campaña en Lima para recaudar dinero para pagarle sus boletos aéreos desde Venezuela hasta la capital peruana. La idea era que estas familias separadas por la diáspora venezolana tuvieran unas navidades felices. Sin embargo, las autoridades migratorias detuvieron al grupo que tenía planeado salir del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía —a 45 minutos de Caracas—, y anularon los pasaportes de los niños alegando irregularidades en los permisos de viaje y supuesto tráfico de personas.
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) emitió un comunicado el sábado 16 de diciembre diciendo que 10 de los 130 permisos de viaje de los menores presentaban irregularidades: “Las firmas de los representantes no son exactas y el proceso para su emisión no es el adecuado” decía el texto. Ese mismo día el Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, informaba “primera vez que se comete tal atrocidad en Venezuela: una ONG, de manera ilegal, pretendía sacar a 130 niños del país”. Cuatro días después, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en su programa semanal en Venezolana de Televisión, la televisora estatal, dijo que él impidió el viaje: “Ahora los fascistas y traidores a la patria están tratando de robar a nuestros hijos. Lo digo con orgullo: yo ordené que se detuviera ese vuelo. Eso no puede pasar jamás”.
Hasta ahora han sido las únicas autoridades que se han pronunciado sobre el caso. Las redes sociales se llenaron de reclamos contra el gobierno venezolano por no dejar salir a sus ciudadanos.
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Luisana** tiene dos años viviendo en Lima y esperaba reencontrarse con sus hijas de dos y seis años. “Cuando mi esposo y yo nos fuimos de Caracas no teníamos el dinero suficiente para traernos a las niñas, así que las dejamos al cuidado de mi mamá. Mensualmente le envíamos dinero y les prometimos que pronto estaríamos juntos. Cuando la ONG Unión Venezolana en Perú planteó la idea de hacer colectas y campañas para traer a niños venezolanos separados de sus padres, nos unimos”, me dijo por vía WhatsApp. Ella y su esposo participaron activamente para llegar a la meta de recaudación. Confiaban en la trayectoria de esta organización.
Unión Venezolana en Perú se creó hace cinco años bajo la coordinación del diputado de oposición venezolano Oscar Pérez. Exiliado en Lima desde 2009 luego de que el tribunal trigésimo séptimo de control del Área Metropolitana de Caracas dictará una medida privativa de libertad al formularle cargos por instigación y asociación para delinquir luego de que participara en una manifestación en agosto de ese año en contra de una reforma a la Ley de Educación. Los abogados defensores de Pérez no han logrado presentar pruebas y evidencias que descarten estos cargos porque el tribunal siempre difiere las audiencias y ha cambiado al juez de la causa al menos cinco veces.
Unión Venezolana fue la ONG la que impulsó el proyecto de un permiso especial para que los venezolanos que lleguen al Perú y necesiten trabajar con legalidad puedan hacerlo en corto tiempo. También trabajaron porque el Congreso peruano aprobara la iniciativa de que todos los títulos de universidades venezolanas sean reconocidos en Perú sin la necesidad de apostillarse.
En su cuenta de Twitter Pérez subió un video en que les explicaba a los venezolanos que esperaban en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima que los agentes migratorios venezolanos impidieron el viaje de sus hijos. Además, denunció que su esposa e hija —que viajaban en representación de la ONG para acompañar a los menores— fueron arrestadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) bajo los cargos de emisión de documentos falsos y tráfico de personas. “Nuevamente el gobierno venezolano demuestra su talante dictatorial e impide que decenas de familias se reencuentren con sus hijos”. Además, confirmó que a los niños se les había anulado sus pasaportes (una medida que se ha hecho frecuente en Venezuela) y que estuvieron separados por horas de los representantes que los habían dejado en el aeropuerto, sin comer y sin permiso para comunicarse con el exterior.
Para que un niño salga de Venezuela sin uno de sus padres, o con un tercero, hay que cumplir con ciertos requisitos específicos. Si el niño viaja solo con la madre o el padre, el representante que no va con ellos debe firmar un permiso notariado indicando que no hay inconvenientes con aquella salida. Si el sin su padre o madre sino con un tercero, ambos progenitores deben firmar un permiso notariado que autoriza a esta persona a viajar con el niño. En el caso de que el menor viaje solo, ambos padres emiten un permiso notariado para que la aerolínea —de ofrecer ese servicio— se encargue de la seguridad del menor. A cada uno de los permisos se le debe anexar fotocopias de los documentos de identidad de los involucrados y del boleto de viaje. Para una ONG como Unión Venezolana en Perú estas exigencias no eran imposibles de lograr.
En videos y fotos difundidos en Facebook y Twitter se veía a los niños acostados sobre sus maletas en el pasillo de la sala de migración internacional del aeropuerto. Muchos lloraban y no entendían qué pasaba. Entre ellos, las niñas de Luisana que lloraban desconsoladas. “Ha sido muy duro todo esto. A mi mamá también le anularon el pasaporte porque iba a viajar con ellas. Ya están en casa y no me rendiré hasta tener a mis niñas conmigo”, dice Luisana.
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Como todo en Venezuela, la posibilidad (o imposibilidad) de salir del país se balancea entre la política y la incertidumbre. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez, trató de cambiar la Constitución de Venezuela mediante una consulta popular. Al final, los números no le dieron y perdió. Desde entonces, los rumores solo han ido creciendo: que el gobierno nos quitaría las casas, que esto sería Cuba, que nos quitarían la patria potestad de nuestros hijos, y que el Estado exigiría permisos para salir del país, al estilo de la antigua Unión Soviética. Chávez cambió la Constitución mediante decretos con el apoyo de una Asamblea Nacional oficialista, y en ningún momento ejecutó aquello, al menos en ese último punto, que tanto asustaba a la población.
Desde finales de 2012, cuando comenzó a salir el flujo fuerte de venezolanos al exterior, los inmigrantes de Venezuela nos sentimos con esa espada sobre nuestras cabezas. “¿Escuchaste que después de julio no nos dejarán salir del país?”, se decía por los grupos de WhatsApp antes de la elección para la Asamblea Constituyente de 2017. “Tal parece que para el año que viene no dejarán salir a nadie de Venezuela, y los venezolanos que viven afuera y vengan para visitar a sus familiares, serán detenidos. No te vengas”, le dijo por teléfono mi suegro hace quince días a mi esposa. Este tipo de rumores se han convertido en un cliché, en un infinito ‘me dijo un amigo de un amigo que está en alto contacto con Miraflores (el palacio presidencial)’.
Lo que sí es cierto es que los mecanismos para salir de Venezuela en los últimos dos años se han vuelto una tortura para los que se atreven a la aventura. El primer obstáculo son las autoridades migratorias venezolanas: la Guardia Nacional y agentes del Saime. Son conocidas en los medios de comunicación nacionales e internacionales los atropellos que ejecutan sistemáticamente para que los venezolanos no la tengan fácil a la hora de cruzar la frontera. Roban divisas, extorsionan a los extranjeros que van al país, y se ha hecho política de Estado cancelar pasaportes a venezolanos que estén en contra del presidente Nicolás Maduro, o a periodistas que reportan la actualidad del país.
Lo segundo es el estado de los puertos de salida del país. Si es por tierra, las pocas compañías de transporte no tienen los autobuses suficientes para cubrir la demanda actual, y los pocos que están operativos se dañan constantemente por la falta de repuestos. Por aire, los aeropuertos —como el de Maiquetía que surte a Caracas, la capital del país— no tienen la seguridad adecuada para sus viajeros, por lo que a cada momento se reportan robos de equipaje, vehículos y celulares. Por ejemplo, para 2016, la compañía privada Skytrax, reconocida por su evaluación de los aeropuertos del mundo, calificó al aeropuerto de Caracas como el peor de Latinoamérica. Mientras que los tres primeros son el de Bogotá, Lima y Quito.
Además, en los últimos tres años al menos doce aerolíneas han dejado de volar a Venezuela. Alegan “inestabilidad del mercado” y compañías como Avianca, Delta Airlines, Lufthansa, Air Canada y Alitalia no consideran a Caracas como un destino fiable.
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Con la suspensión del viaje de los 130 niños venezolanos los mismos temores de que Venezuela se convierta en una nueva Corea del Norte toman fuerza. Más allá de los análisis y opiniones que buscan demostrar lo contrario, como el padre de un niño que sigue allá, no puedo dejar de perder el sueño todas las noches. Hace un año y medio, cuando mi esposa y yo decidimos emigrar a Ecuador, teníamos el dinero contado. Sólo nos pudimos traer a nuestro hijo menor, de un año. Pero el mayor, de siete, está con su abuela. Y nos parte el corazón llamarlo y observar cómo con una sonrisa nos pide que le mandemos azúcar para que le puedan hacer dulces.
Por eso, cada dólar que ahorramos, cada trabajo que tomamos, lo hacemos pensando en ese viaje que nos falta. En despertar un día y que los cuatro estemos juntos de nuevo.
¿La ONG actuó de manera correcta al tratar de sacar a 130 niños de una vez? No lo creo. Más cuando en el pasado el gobierno venezolano ha demostrado que es especialista en convertir cualquier evento en una herramienta propagandística para mantenerse en el poder. ¿Puede el Estado venezolano impedir la salida del país a sus ciudadanos? Al menos que estén solicitados por la justicia bajo un crimen comprobable, no debería. Es inconstitucional. Al final, los más perjudicados son los niños.
**Luisana es un nombre protegido
