Profundidad

Más allá de la corrupción, ¿por qué el caso Odebrecht no se detectó antes?

Sin tantas falencias y duplicación de competencias en el sistema de seguridad interna el caso de corrupción más grande la historia contemporánea del país pudo haberse destapado antes
  • caso Odebrecht en Ecuador

    Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente Jorge Glas, saliendo de rendir su testimonio en la Fiscalía.

Algunos analistas han señalado la falta de leyes contra la corrupción como causa del caso Odebrecht en el Ecuador. Aunque esta explicación puede ser condición necesaria, no es determinante. La realidad es más compleja: el mayor escándalo de corrupción de la democracia reciente es la consecuencia de un aparato de seguridad interna plagado de indefiniciones, fraccionamientos y debilidades operativas.

La primera grieta de este aparato es que tiene dos autoridades que controlan su parte operativa: el Ministerio del Interior y la Fiscalía. El Ministerio del Interior cuida la seguridad interna del Ecuador con la Policía Nacional como su órgano ejecutor. Sus misiones son vigilar el orden público y la investigación criminal. Los policías que patrullan ciudades y pueblos reaccionan ante alteraciones del orden público (por ejemplo, un asalto a mano armada), pero no investigan las actividades de grandes bandas criminales, o crímenes de corrupción como el caso Odebrecht. Esa actividad le compete a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, que no está a cargo de este Ministerio, sino en manos de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía actúa cuando hay denuncias de corrupción (como el esquema armado por la constructora brasileña para sobornar funcionarios) pero su misión en sí misma no es la investigación policial. Su misión es, en realidad, dirigir el proceso de acusación penal. La investigación policial (y el desarrollo de habilidades para la investigación) está a cargo de la Policía Judicial, que no puede hacer mucho sin un fiscal que dirija el proceso de investigación.

Es un círculo vicioso que crea serias brechas: mientras los policías judiciales son formados con definiciones muy laxas sobre lo que constituye evidencia y prueba en procesos penales, los fiscales son casi ignorantes de los peligros y desafíos de penetrar y mapear actividades criminales. Como resultado, las investigaciones criminales rinden pocos frutos, como lo ha mostrado el caso Odebrecht: toda la información inculpatoria relevante ha venido de Brasil, Estados Unidos, o confesiones luego de publicaciones de audios o videos.

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Las capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación del Estado ecuatoriano han sido consistentemente fraccionadas entre distintos organismos. Este desguazamiento se ha hecho bajo el pretexto de separación de poderes y temores de abusos de autoridad (como los mostrados en la reciente ola de reportajes respecto a la Senain). Fraccionar capacidades —en teoría— disminuye la probabilidad de abusos, también hace más difícil la prevención, detección, y penalización de delitos en Ecuador.

El caso Odebrecht demuestra lo laberíntico del asunto. Por ejemplo,  existe una acusación de una fuente —un antiguo empleado de Televisión Satelital— de que el vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera se comunicaban con pseudónimos por Telegram. Esta fuente humana pudo haber sido explotada antes por la Policía Judicial , pero en el proceso penal —en que la Fiscalía es el investigador y acusador— hay que entregar pruebas de tales comunicaciones para corroborar la existencia de los delitos de asociación ilícita y colusión criminal.

La Policía Judicial pudo haber buscado personas con acceso a Televisión Satelital para obtener información sobre los movimientos y rutinas telefónicas de Ricardo Rivera y pudo haber usado recompensas monetarias para conocer sobre los pseudónimos y agenda privada del ahora acusado. Pero aún así, la Policía Judicial habría requerido acceder a los celulares y computadoras de Rivera para obtener la evidencia necesaria que le dé un caso inculpatorio exitoso a la Fiscalía. Aquí es donde se muestra otro tipo de acceso a información que no es por fuentes humanas sino medios electromagnéticos, cibernéticos, tecnológicos tales como dispositivos de interceptación de comunicaciones celulares y electromagnéticas, pero para obtenerlas se requiere que el Fiscal conozca el hecho, pida a un juez que la autorice, y luego solicite acceso a la Senain o al Ministerio del Interior que haga, efectivamente, la escucha. Tres entidades distintas en dos funciones del Estado deben hacer bastante papeleo para ordenar una sola intercepción. Todo esto aumenta la probabilidad que alguien ponga sobre aviso a los investigados.

Este fraccionamiento de funciones también salpicó al caso Odebrecht en otra área. En el país jamás se detectó siquiera parte de la información revelada por el delator brasileño, José Conceicao Santos Filho, que indica que existían pagos vía efectivo o por empresas offshore fantasmas para ganar los contratos.  En el país no se detectaron estos movimientos financieros irregulares dentro del país, ni las correlaciones con movimientos migratorios, ni los desplazamientos para invertir este dinero, ni la información de los beneficiarios que residen en el Ecuador con inversiones en el país. Nada se hizo. Quizás porque la autoridad con la capacidad para monitorear estos flujos es una Unidad de Análisis Financiero que depende de la Procuraduría General del Estado, una institución cuya misión es defender judicialmente al Estado ecuatoriano en litigios internacionales. La Unidad tiene una capacidad y misión netamente de lucha contra delitos financieros (como los pagos de Odebrecht), pero está bajo la jurisdicción del representante judicial del Estado. Las capacidades que existen hoy son insuficientes para prevenir hechos como el caso Odebrecht porque están atomizadas entre instituciones que impiden actuar de manera oportuna.

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Este oscuro panorama no quiere decir que la lucha contra la corrupción y el delito estén condenados al eterno fracaso en Ecuador. La esperanza está en que se puedan corregir, progresivamente, las estructuras. Primero, la Fiscalía y la Policía Judicial tienen que reconsiderar los requerimientos profesionales y académicos de sus integrantes: a corto y mediano plazo sería necesario que los aspirantes cumplan requisitos de formación universitaria que les permitan hablar el mismo idioma profesional y generar mejor entendimiento sobre las realidades y desafíos de cada una de sus misiones. El policía debería entender la calidad de evidencia que demanda el Código Penal para fundamentar una acusación criminal. El fiscal debería comprender que penetrar un anillo de corrupción como el de Odebrecht presenta desafíos operativos y de investigación especiales.

A largo plazo también es necesario integrar todos los medios que requiere la lucha contra el crimen y delito en torno a la Policía Judicial o Fiscalía manteniendo controles que eviten su abuso. En la Policía Judicial debería haber medios de intercepción de comunicaciones, señales, cibervigilancia, y flujos financieros para que pueda apoyar más oportunamente la investigación penal de la Fiscalía. Esto puede igualmente ser controlado por la función judicial y la función legislativa para evitar excesos contra la sociedad civil como ha pasado con la Senain. Y, sobre todo, a manera más estructural se debe pensar en una reforma institucional que consolide la seguridad interna del Ecuador en una entidad que pueda precautelarla cumpliendo con las normas y garantías constitucionales. Así se evitaría que un caso de las proporciones del de Odebrecht pase por debajo de las narices de las autoridades totalmente desapercibido.

Fotografía de la cuenta de Twitter de la Fiscalía.

César Cedeño
Experto en operaciones militares. Fanático de Bob Esponja y convencido en la idea que Ecuador puede ganar en todo lo que se proponga.