Este verano ha vuelto el debate sobre el independentismo de Cataluña: las autoridades han convocado para el 1 de octubre de 2017 una nueva consulta cuya única pregunta es ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Esta será la segunda vez que votarán, en menos de cuatro años, y decidirán si quieren seguir siendo parte de España bajo la misma relación jurídica, o llevar a cabo un proceso que garantice su independencia y conformar una República Catalana. La primera vez fue el 9 de noviembre de 2014, sólo tuvo carácter informativo pero logró la participación de 2,3 millones de votantes —el 30% de los habitantes en Cataluña— y tuvo como resultado la independencia con más del 80 por ciento.

El de esta semana es un proceso planteado de manera unilateral desde las autoridades, organizaciones soberanistas catalanas y parte de los partidos políticos del Parlamento de Cataluña (Junts Pel Sí, y CUP). De acuerdo a la ley española, el referéndum no puede brindar las garantías necesarias: la única manera para que Cataluña pueda ser independiente es mediante un Referéndum pactado con el Estado Español. Sin tomar en cuenta la legalidad, el independentismo tiene más adeptos: según el Centre d´Estudis d´Opinió el porcentaje de catalanes que apoya al independentismo ha crecido del 15% en 2005 a más del 48% en 2015. Esta inclinación se ha notado en las manifestaciones desde 2012. Entre las más grandes están Catalunya nou estat d´Europa” (Cataluña nuevo Estado de Europa en catalán) en 2012, la gran “V” humana creada a favor de la victoria y el voto en la Diada o día nacional de Cataluña en 2014, la manifestación en el palacio de Montjuic en junio de 2017 y la diada del mismo año cuyas insignias fueron a favor del Referéndum, y exaltación de la Paz después de los atentados terroristas de agosto. Todas celebradas con multitudes que van desde 500 mil a un millón de personas.

La situación actual solo se entiende si se suman diferentes hechos. Uno de ellos, la distribución política del parlamento catalán —después de las elecciones autonómicas en Cataluña del 2015— que resultó en un panorama que ponía a los partidos independentistas como primera fuerza política de Cataluña. Una situación que no se había dado desde la Transición Española —período en el cual se dio el proceso para formar el Estado español actual dejando atrás el régimen del dictador Francisco Franco. El Partido Demócrata europeo catalán (PDeCAT o antiguo Convergencia democrática de Cataluña), ERC (Esquerra Republicana) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular) dominan; la unión de los primeros dos se formó mediante la plataforma Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y obtuvo 62 escaños que, conjuntamente con los 10 de la CUP, mantienen 72 de 135. Aunque el PP y Ciudadanos se oponen abiertamente al independentismo representan 36 escaños de oposición.

Otro tema que ha causado descontento es una de las consecuencias de la organización territorial mediante autonomías que mantiene España porque genera una situación de dependencia de Cataluña a las medidas del partido que preside el gobierno nacional. Esta relación ha causado recortes en sanidad y educación, y la disparidad entre lo que la región aporta en impuestos al país y lo que recibe en financiación causa malestar. Así, después de la crisis del 2008 que supuso graves consecuencias para la economía española, las medidas del Partido Popular —que gobierna España desde el 2011 con Rajoy— para afrontarlas generó un descontento generalizado en Cataluña (el PP es el partido menos votado en la región solo comparable con la CUP, 11 y 10 respectivamente en 2015). A esto, se suma la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PP en 2006 en contra del Estatut de Catalunya alegando que España no era una “nación de naciones”. El Estatut es un pacto entre el parlamento de Cataluña y las Cortes Generales de España —ratificado por el pueblo catalán— que otorga la capacidad de autogobierno a Cataluña. En 2010, el Tribunal constitucional resolvió el recurso del PP declarando inconstitucionales 14 artículos y diciendo que el término “nación” del preámbulo no tenía ninguna validez jurídica. Sumado a todo esto, en 2012, Rajoy negó un “pacto fiscal” propuesto por el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, que proponía 22 medidas para ayudar con la situación en Cataluña.

Así, la falta de diálogo entre el gobierno de España y el autonómico catalán ha fraguado un conflicto que deja de ser silencioso semanas antes del referéndum del 1 de octubre. En consecuencia, la postura independentista ha aumentado en más del doble desde que Rajoy tomó las riendas del Gobierno español y niega la posibilidad de mantener negociaciones políticos con las posturas independentistas. Y aunque todas las razones mencionadas pesan, quizá la que ha tenido mayor repercusión y es considerada como una verdadera fábrica del independentismo es la campaña de desprestigio y negación del sentimiento de nacionalidad catalana por parte de los medios de comunicación y ciertos partidos políticos españoles. Entre lo más grave está la comparación de los independentistas (que son personas comunes y corrientes) con el régimen nazi.

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Por eso, para terminar de entender este conflicto es también necesario considerar el sentimiento de nacionalidad catalana y la reivindicación independentista como posturas democráticamente legítimas que merecen de igual manera el diálogo y la búsqueda de acuerdos que ya han funcionado en contextos como el canadiense (Quebec) y el escocés. Hay errores muy comunes como concluir que el independentismo catalán es un proceso que solo se ha dado en estos últimos cinco años. Para contextualizarlo muy brevemente, hay precedentes históricos sobre proclamaciones de independencia que han sucedido desde el siglo XVII, como la de 1641: una revuelta conocida como la “Guerra dels segadors” (referencia del actual himno de Cataluña).

La situación de los últimos años podría contarse desde el 2012, cuando la reivindicación independentista se reactivó socialmente con la manifestación “Catalunya nou estat d´Europa”. Esta marcha coincidió con las consecuencias de la crisis de 2008 en la economía española y el primer año del gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular. Los resultados de estas manifestaciones se plasmaron en la consulta sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014. Casi tres años más tarde, el 9 de junio de 2017, el presidente de la Generalitat —gobierno autonómico de Cataluña—, Carles Puigdemont, anunció que se hará una nueva consulta. La diferencia con la anterior es que los organizadores del 1-O (en referencia a la fecha de este domingo 1 de octubre) la definen como “referéndum” y han declarado que si gana el SÍ, el 2 de octubre se declarará la independencia unilateral, y por consecuencia se dispondrán de las medidas para la formación de la “República Catalana” (una decisión que no se tomó en 2014 porque no se planteó que los resultados sean vinculantes, solo informativos). Para los responsables políticos del referéndum, la decisión se tomó a partir del derecho a la autodeterminación de los pueblos: un precepto jurídico enmarcado solo para las naciones que se encuentran en situaciones de dependencia colonial (de acuerdo a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960).

En un breve análisis jurídico sobre la viabilidad de la consulta del 1-O, se concluye que la posibilidad de que brinde las garantías de un referendo son incompatibles con la normativa española ya que va en contra del artículo 2 de la Constitución (que defiende la indivisibilidad de la Nación española), y no va dirigida a la totalidad de la población de España sino solo a la sociedad catalana (la Ley no establece la posibilidad de celebrar un referendo autonómico sino únicamente a nivel nacional). Es decir que dentro de las competencias autonómicas —forma de subdivisión política del Estado español— no está el decidir sobre la unidad de España pero sí proponer una reforma a la Constitución que permita iniciar un proceso de independencia en Cataluña, una propuesta dirigida políticamente hacia el parlamento que difícilmente logre realizarse sin el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos o el PSOE.

A pesar de la negativa compatibilidad con el marco normativo español, el parlamento catalán ha tomado la decisión de tomar medidas tanto para realizar la consulta del 1-O como para declarar la independencia si ganara el SÍ. Si bien no está confirmado de manera oficial, el gobierno catalán ha dispuesto la compra de urnas para la consulta (si oficializa la compra podría suponer una querella por la “ilegalidad” de su objetivo). Desde el parlamento catalán se aprobó una reforma al reglamento de la Cámara (órgano del sistema político que se encarga de legislar) que permite que cualquier grupo parlamentario promueva leyes a través de un procedimiento de urgencia que acorta los plazos del debate y restringe la presentación de enmiendas, una medida de vital importancia para la aprobación de las “leyes de desconexión” que servirán a la consulta del 1-O. Estas leyes permitirían adjudicar competencias del Estado español a la administración pública catalana.

Por la situación y polarización del debate jurídico, el conflicto independentista se traslada al terreno político y mediático, que se encuentran todavía más divididos.

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Frente al proceso unilateral puesto en marcha desde la Generalitat (gobierno catalán) y el Parlamento de Cataluña, el Gobierno español dispone de algunas medidas que van desde querellar a los responsables con multas de la totalidad del dinero público que se utilizó en la consulta (lo que ya pasó con los responsables de la consulta del 2014), la suspensión de la autonomía de Cataluña (suspensión de competencias estatales mediante la utilización del artículo 155 de la Constitución Española) e incluso la utilización de las fuerzas armadas para “defender la integridad y la soberanía”.

En la tercera semana de septiembre de 2017, el gobierno español ya ha realizado algunas medidas en contra de la realización del referéndum catalán: se han abierto causas judiciales para más de 700 alcaldes que permitirán el referéndum y dispondrán de locales públicos, catorce altos cargos del Gobierno catalán fueron detenidos por la policía (por delitos como malversación, revelación de secretos o prevaricación) lo que provocó manifestaciones en las calles hasta su liberación, han habido incautaciones de millones de papeletas y redadas en sedes de partidos como la CUP e instituciones como la Consellería de Economía en Barcelona. La Fiscalía española ha denunciado por “sedición” los altercados de Barcelona de los últimos días de septiembre. Esta denuncia podría suponer el enjuiciamiento de los responsables de organizaciones como Ómnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana por un delito que conlleva de 10 a 15 años de cárcel.

A pesar de las medidas que sirven en el discurso independentista como “amenazas” desde España, el 2 de octubre se declarará la independencia unilateral si el SÍ ganase. De igual manera el Presidente catalán ha declarado que el referéndum se celebrará sí o sí, sin importar las actuaciones del Estado español. Rajoy ha declarado que “no hará nada fuera de la ley” frente al referéndum en Cataluña, lo cual hace pensar que el gobierno mantendrá su rígida postura en contra de la independencia escudándose en la legalidad de la Constitución. A partir del 2 de octubre tanto el gobierno catalán como el español deberían proponer mesas de diálogo para solucionar el conflicto ya que si sigue la grave polarización política alimentada por las partes, veremos en menos de cuatro años otro intento de referéndum, lo que seguirá reavivando la conflictividad tanto en la sociedad española como en la catalana.

Dos posibles respuestas que podrían resolver la conflictividad frente al choque de legalidades —la nacional española y la autonómica catalana— serían una solución política que disponga un referéndum pactado con Cataluña o un acuerdo para diseñar una nueva forma de organización territorial para las regiones de España (a manera de Federalismo).