[dropcap] U[/dropcap]n gobierno manejado por el uno por ciento más rico de la población para ese uno por ciento es el mayor riesgo autoritario de las democracias contemporáneas del mundo. En el 2016 Trump, el magnate estadounidense, llegó al poder en Estados Unidos. Mauricio Macri, multimillonario, ganó en Argentina. Las élites económicas más corruptas asentadas en el senado de Brasil destituyeron a Dilma Rousseff de la presidencia de su país, y tomaron el poder sin intermediación del voto popular. Todos estos hechos marcan una tendencia global de cooptación de los sistemas políticos por las élites económicas. Hemos llegado a uno de los momentos de mayor desigualdad en la historia: el quintil más rico de la población no sólo ha llegado a acumular la mayor parte de la riqueza mundial sino que ha empezado a acaparar poder político.   

Ecuador no es ajeno a esta realidad: el magnate ecuatoriano Guillermo Lasso ya está en segunda vuelta. De ser electo, sólo remarcará la tendencia de crisis y cooptación de las democracias contemporáneas por el poder económico. Su historia política se remonta al periodo 1994 – 1996, cuando fue presidente de la Asociación de Bancos Privados y vocal de la Junta Bancaria. Estos organismos y el Banco Central fueron los encargados de iniciar el proceso de liberalización del sistema financiero que otorgó a los bancos libertad para funcionar sin regulaciones estatales: otorgar créditos vinculados —a empresas de los grupos empresariales de los que eran dueños los bancos, sin garantías, ni colaterales, que se esfumaron en piramidaciones del dinero de los depositantes. Este proceso concluiría en 1999 con el feriado bancario decretado durante el gobierno de Jamil Mahuad, en el que Lasso fue Superministro de Economía. La operación política de salvataje y congelamiento de los fondos de los ahorristas del Ecuador generó la mayor crisis económica y social de la historia y, como consecuencia, millones de ecuatorianos se vieron obligados a emigrar a España y otros países. Lasso, en cambio, continuó fraguando su fortuna.

La otra opción es Lenín Moreno, de Alianza País, partido que ha gobernado durante una década con el liderazgo de Rafael Correa. Lenín Moreno es la mejor opción que tenemos en segunda vuelta. Lo digo lejos de la perspectiva propagandística del gobierno actual que insiste en mostrar un país completamente transformado: la Revolución Ciudadana está lejos de ser ciudadana y revolucionaria, y viejas y nuevas injusticias son todavía parte del Ecuador contemporáneo.

Redistribución, reconocimiento y representación son las tres esferas desde donde se puede evaluar la justicia en una perspectiva teórica. Coinciden, además, con las tres grandes demandas sociales que cuestionaron al neoliberalismo en el Ecuador. Mayores niveles de igualdad redistributiva, reconocimiento de las diversidades y ampliación de la democracia representativa son las tres grandes demandas por la justicia que la sociedad ecuatoriana reclamaba en las calles a principios de este siglo. El proyecto político encabezado por Correa tuvo avances redistributivos (a nivel socioeconómico), pero deja mucho que decir en lo que tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias y la  agenda de democratización.

La década de este gobierno nos deja avances importantes en lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza y una reducción de las desigualdades económicas. La incidencia de la pobreza a nivel nacional disminuyó del 36,7% en diciembre de 2007 al 22,9% en diciembre del 2016 y de la pobreza extrema disminuyó del 16,5% al 8,7%. La reducción de la brecha se logró a partir la recuperación del Estado y su política pública. No hubo gobierno en la historia democrática de nuestro país que haya dado tanto énfasis a la política pública como herramienta para la redistribución y para la construcción de un país más justo en términos sociales y económicos. Como consecuencia de las políticas públicas, miles de personas salieron de la pobreza, la clase media creció y hubo una movilidad social ascendente.

En diez años, sin embargo, se pudo hacer más y, sobre todo, de forma más democrática.  El gran despliegue estatal de estos diez años contó con una limitada participación de la sociedad civil y los ciudadanos. No se entendió la capacidad de la sociedad para decidir su propio destino, ni para dar pertinencia cultural a las políticas públicas diseñadas en los márgenes del Estado, principalmente en Quito. En educación, por ejemplo, se construyeron las mismas escuelas del milenio, con poquísimos ajustes de los ingenieros en la Costa, la Sierra, la Amazonía. Los pueblos indígenas, afros, montubios o los mestizos tuvieron el mismo diseño curricular. Se reunificó de las misma forma a las escuelas en todo territorio.  Se pusieron los mismos recursos a disposición de las escuelas en todo el país. La diversidad que es una virtud de nuestro país se esfumó en un proyecto homogeneizante y vertical. También la posibilidad de voz de la ciudadanía.

El gobierno de la revolución ciudadana tuvo muchos problemas para hacer justicia con los indígenas, las mujeres, los pueblos diversos. Así como también para lograr una mejor redistribución en el campo y en la Amazonía en donde el proceso de reprimarización de la economía ha aumentado la acumulación de la tierra, el agua, los recursos naturales en favor del capital transnacional. Alianza País nos debe mucho, nuestras luchas sociales buscaban mucho más que un proyecto estadocéntrico, parcialmente redistributivo.

Partiendo del reconocimiento de éstas y otras críticas legítimas al proyecto político de Alianza País, hay varios puntos por los que el voto a Lenín es menos descabellado que el suicidio colectivo que implicaría votar por Lasso.

En primer lugar, Lenín no es Correa. En un contexto de crisis económica y con un liderazgo más débil al interior del partido que el de su antecesor, el nuevo presidente precisará abrir espacios de diálogo. Democratizar el partido, reconocer la voz de la oposición con demandas legítimas, abrir canales de participación, serán tareas fundamentales que Lenín deberá emprender, si quiere terminar su mandato. Con Lenín Moreno hay mayores posibilidades de abrir una fase más democrática del gobierno de Alianza País en la actualidad.  

En segundo lugar, la crisis económica global y el bajo precio de las materias primas seguirán jugando un rol en la economía del país. Un proyecto estadocéntrico es menos viable en un contexto de crisis económica. Comités de padres de familia, asociaciones de profesionales, organizaciones de madres, organizaciones barriales podrán reaparecer en un contexto en el que el Estado vuelve a precisar de la cogestión con la sociedad. Los servicios públicos conquistados en esta década (hospitales públicos, unidades educativas públicas, universidades públicas, centros de salud, centros de atención a la primera infancia) podrán ser el espacio en donde la sociedad se reencuentre consigo misma en un contexto en el que el Estado ya no puede resolverlo todo. La propuesta de Lasso, al contrario, es eliminar el sentido de lo público, cobrar menos impuestos para entonces dejar que la esfera privada lo resuelva todo, incluso el derecho básico a la salud con su propuesta de zonas francas. ¿Dónde se encontrará la sociedad consigo misma para organizarse, en un contexto de exclusión social exacerbada y salida de lo público como el de Lasso?

Lenín es la única opción que tenemos en la segunda vuelta porque la sociedad civil no ha logrado organizar un proyecto político democrático nuevo con reales posibilidades de ganar elecciones. El proyecto de Lasso no es social, no es democrático y no busca la justicia, ni la solidaridad. Habrá que esperar un ciclo más, quizá, para lograr construir alternativas. Mientras tanto es preferible generar algún sentido de lo colectivo y cuidar las conquistas de los servicios públicos que se han logrado en esta década.  

Este es un buen momento para reencontrarnos en las organizaciones y en la sociedad  y también para cuestionar con más posibilidades aquello que tiene que cambiar la dirección de este gobierno. La opción de Lasso en cambio es entregar nuestro acervo común a la banca y a la esfera privada. Lejos de democratizar, es contribuir a una suerte de despotismo económico de millonarios que acumulan la riqueza y buscan controlar también poder político. Es eliminar los espacios públicos donde podemos recrearnos como sociedad y construir nuevas alternativas.