Cuando en el 2013 Colombia y Perú lo firmaron, los productos ecuatorianos se volvieron más costosos. Era la primera desventaja que debía enfrentar el país frente a sus vecinos. En diciembre de 2016, el Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea (SPGs) caducará, y el Ecuador perderá aranceles que tienen ciertos productos textiles, agrícolas, industrializados. Sin estos beneficios, el país empezaba a relegarse entre las opciones preferidas por el mercado único europeo. Además, como el país no es parte de la Alianza del Pacífico (en la que están Chile, Colombia, México, y Perú) sus oportunidades de comercio exterior se veían aún más restringidas. Ecuador firma el acuerdo para, de cierta forma, no quedarse fuera del juego.
Pero hay sectores que creen que el acuerdo será más dañino que beneficioso. Uno de ellos son los productores lácteos. Elizabeth Bravo de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, dice que, según el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador (SIPAE), la producción de leche en la región andina es un importante generador de empleo: más de seiscientos mil campesinos dependían de ella en el 2007. La UE, en cambio, es la mayor exportadora de lácteos a nivel mundial, con subsidios de 50.000 millones de dólares al año para el sector agrícola. La UE ha excluido del acuerdo a la leche líquida, la mantequilla y el queso fresco. Para esto, Ecuador deberá abrir tres contingentes arancelarios libres de impuestos por un total de mil quinientas toneladas de productos lácteos anuales que entrarían procedentes de la UE. Esta cantidad crecerá un cinco por ciento cada año, sin que haya un plazo para frenar el incremento: en veinte años la cuota se habrá duplicado. Además, la UE tendrá liberalización arancelaria total en quesos —rallado, fundido, pasta azul, maduros, semi maduros, veteado— con una transición de 17 años para desgravar los aranceles. Y para la leche en polvo y los lacto-sueros, Ecuador acordó que creará una contingente de importación de cuatrocientas toneladas con un crecimiento de 20 toneladas por año. Los lácteos europeos entrarán en Ecuador con fuerza, y a los productores locales les preocupa competir con ellos.
En Colombia pasó lo mismo. Los miembros de la Cámara Gremial de la Leche temían que con la importación de productos lácteos, medio millón de productores quebrarían: solo en tres meses desde aprobado el acuerdo, los ingresos de los productores primarios de leche en polvo y queso se redujeron en un 4%. Algo similar sucede en México que ocupa el primer lugar en el mundo en importar leche en polvo para consumo directo: el 36% del consumo nacional es de productos internacionales y no nacionales. La preocupación en Ecuador se extiende a la importación de fréjol, arveja tierna y papa —por la tendencia en importar estos productos pero congelados— que, según Bravo, pondrían en riesgo a más de ochenta y dos mil productores del país. Ya sin un acuerdo comercial, los pequeños productores la tienen difícil en el mercado ecuatoriano. Con el tratado que se firmará en noviembre, avisoran días aún más duros.
El acuerdo comercial con la Unión Europea establece que todas las licitaciones públicas deberán realizarse a nivel internacional. Para las compras que realice el Estado, una junta parroquial competirá con proveedores de la UE para ofrecer desde insumos materiales hasta consultorías. Según Pablo Iturralde del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CEDS), “el gobierno ha hecho esfuerzo por democratizar las compras públicas, pero si actualmente tenemos problemas para enfocarlas en los pequeños productores, con este acuerdo sería más difícil”. Según el estudio realizado por el CEDS, las compras a las pequeñas empresas en Ecuador han disminuido del 32% al 23% en tres años. A las grandes ha incrementado de un 26% a un 39%.
Según Iturralde, las compras a las grandes empresas ocurren en sectores como la construcción (que pasó de 16,1% al 51,25%), manufactura (con el 21% del total) y el inmobiliario (con el 12%) por los proyectos del Estado en infraestructura, vivienda o carreteras. Pero la tendencia se repite en otras áreas como el comercio en que las grandes empresas tuvieron el 32% de compra, y la agricultura en que recibieron el 45% de compras. Para el economista Juan Carlos Méndez del Banco Interamericano de Desarrollo, todavía hay que hacer un fuerte trabajo para sacar adelante a los pequeños productores pero eso no depende de una firma o no del acuerdo. Se debe crear sistemas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas para que puedan escalar sus negocios mientras a la par se beneficia a los que sí están exportando. “Lo que está atrás de esto es una lógica de competencia y en las actuales condiciones es desigual” —dice Iturralde— “Los proveedores más grandes pueden ofrecer menores precios, y el Estado lo que hace para optimizar bajo una lógica privada les compra a ellos para optimizar recursos”. Para él, lo que se debería tomar en cuenta al momento de realizar una compra pública es que al comprar al campesino, por un efecto multiplicador, se va a generar más empleo e impuestos. Es una inversión a largo plazo.
Otro tema que genera preocupación por la firma del acuerdo con la UE es el de patentes de medicamentos. Según Paulina Muñoz Samaniego de la articulación social Ecuador Decide, se abre la posibilidad de patentar organismos vivos, plantas, animales, y conocimientos ancestrales. Las empresas europeas podrán investigar en Ecuador y utilizar plantas medicinales —como la manzanilla, toronjil, orégano—, para crear un medicamento y registrarlo como su propiedad industrial e intelectual: se elevaría el costo del acceso a la medicina, o no se podría consumir fuera de la marca farmacéutica europea. A esto se le añade que las patentes extranjeras pueden dificultar la creación de medicamentos genéricos en el país porque se podría demorar hasta 25 años para fabricar un medicamento con patente. Y aunque el Ministerio de Comercio dice que siempre se preocupará por proteger la salud pública, la nutrición de la población, el acceso a las medicinas e impedir el abuso de éstos derecho, habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra con estas industrias en la Amazonía, una zona históricamente explotada por compañías y desarrolladores extranjeros. ¿Se respetarán, esta vez, los beneficios que debe recibir el Ecuador y, especialmente, la gente del Oriente? Según Iturralde, hay que admitir que un acuerdo comercial no puede hacer ganar a todos: “Va a haber gente que va a perder. El problema es que la gente que va a perder acá son de sectores vulnerables” dice. Las sogas del comercio internacional, como en todo, suelen romperse por los lados más finos.
Cuando una empresa extranjera ingrese en el país, sus dueños exigirán una protección para sus inversiones. Esto, según Muñoz, implica que pedirá tratos iguales a los nacionales: si siente que alguno de sus derechos fue vulnerado, podría demandar al Estado ante cortes en el extranjero. “En cierta forma, perdemos la soberanía y los problemas no se resolverán internamente sino en organismos internacionales”, dice. Es muy común que los gobiernos de los países pobres sean quienes salen perdiendo porque se protege más a los inversionistas privados —como el caso entre Chevron y Ecuador o cuando la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp anunció que demandará al Estado colombiano después de que se apruebe una demanda de congresistas para impedir minería en páramos o zonas protegidas. Pero Méndez considera que este riesgo no es suficiente para no formar parte del acuerdo. Lo compara con un arriendo de un departamento: ¿no arriendo nunca mi departamento porque el arrendatario está más amparado por la ley y voy a salir perdiendo yo, o tomo el riesgo? Él, al igual que Iturralde, creen que se puede llegar a acuerdos o alternativas que no dependan tanto de una sola fuente comercial. Una alternativa que permita a Ecuador mantenerse en el juego pero sin sacrificar tanto.
Pero sacrificio ha habido. La UE exigió derogar ciertas leyes, y el gobierno y la Asamblea, finalmente, cedieron como una reducción en las salvaguardias ecuatorianas. A cambio de esto, Ecuador podrá pagar un arancel de 97 euros —que son 0,01 centavos por caja— en lugar de los 126 euros por tonelada que se paga ahora para exportar banano a UE. Según el Ministerio de Comercio Exterior, Ecuador tendrá acceso a servicios, ingresará al mercado de la UE con bienes industriales, pesca, y bienes agrícolas —como rosas, palmito, café— de los que muchos vendrán de pequelos productores: el 71% del plátano, el 68% de cacao, 63% de brócoli. Pero se debe observar que lo que está en papel se cumpla. Son concesiones sin las que habría sido imposible firmar el acuerdo.
Una de esas opciones es diversificar. Iturralde considera que se debería ampliar las opciones a China, Rusia, y otros países del Sur. Crea una cooperación más diversa y sólida: en resumen, tener un plan B. Juan Carlos Méndez concuerda con Iturralde pero cree que cooperaciones con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y un mecanismo de cohesión sur-sur pueden ir de la mano con un acuerdo comercial con la UE como se está planteando: “Lo que debe ser es que Ecuador en su soberanía puede tratar con todo el mundo”.
Hay un sentimiento generalizado de que, a pesar de los riesgos que podría traer el acuerdo con la Unión Europea, Ecuador debe firmarlo. Eso no implica desatender los sectores vulnerables frente a las condiciones del acuerdo, sino enfocarse más en atenderlos y crear alternativas que no los perjudiquen como ha ocurrido en Colombia o México. Como dice Méndez, es fortalecer las políticas nacionales para cuidar a los pequeños y medianos productores aprovechando la tecnología, capacitaciones o formas de producir nuevos bienes, más allá de la agricultura. Todo esto siempre asegurando que el acuerdo se cumpla, que los productores salgan progresivamente de la pobreza. El acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea llega después de años de negociación, con un país cuyas autoridades dicen estar listas para un mejor comercio pero con sectores que aun desconfían de lo que vendrá.
