A nivel internacional, la importancia de la seguridad social universal se fortaleció en 2012 cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó la implementación de pisos de protección social que deben incluir: acceso a la atención en salud, seguridad básica de ingresos para que niñas y niños puedan acceder a una alimentación adecuada, a educación y cuidados, seguridad social para personas en edad de trabajar en casos de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez, y seguridad básica de ingreso a mayores.
Este tema es primordial también para la ONU: el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, y para ello establece “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos”. La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe de 2015 también menciona el rol fundamental de la seguridad social no-contributiva (aquella que se financia desde el Presupuesto General del Estado, y no desde contribuciones de personas afiliadas a regímenes de la seguridad social como el IESS, el ISSFA y el ISSPOL en el Ecuador). La propuesta de Moreno, se alinea con estas recomendaciones internacionales sobre el tema.
En el Ecuador también han habido avances: la Constitución de 2008 establece como deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes”. Los artículos 34, 37 y 367 también garantizan la seguridad social como derecho irrenunciable y la jubilación universal para personas de la tercera edad. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 —que según el artículo 280 de la Constitución debe ser aplicado por el sector público— establece “la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, de forma independiente de la situación laboral de la persona”. Entonces la propuesta de Moreno es parte de lo que ya se planteó y debería estar sucediendo en el país, y en parte, sucede.
En el Ecuador, la cobertura de seguridad social ha mejorado en los últimos años: la población económicamente activa (PEA) cubierta por la seguridad social (IESS, ISSFA e ISSPOL) pasó del 26,3% en diciembre de 2007 al 44,2% en diciembre de 2015, según el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. También se amplió la cobertura a personas dependientes —esposas e hijos— y se dio cobertura a los trabajadoras y trabajadores del hogar (incluyendo el trabajo no-remunerado). En los pendientes aún está el trabajo autónomo, los actores de la economía popular y solidaria, los artistas y gestores culturales.
En el caso particular de quienes hayan cumplido los 65 años de edad o más, la cobertura de la seguridad social (IESS, ISSFA e ISSPOL) pasó del 28,3% en diciembre de 2007 a 42,2% en diciembre de 2015. Si a esto se aumenta la cobertura de pensiones no-contributivas (pagadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES), la cobertura total subió de 45,4% en diciembre de 2007 a 71,8% en diciembre de 2015. Estas pensiones tienen un efecto directo en la reducción de la pobreza: 0,8 puntos porcentuales en diciembre de 2015, es decir más de 128 mil personas (de la tercera edad y quienes viven con ellas) superaron la línea de pobreza por ingresos gracias a esta pensión, que actualmente es de 50 dólares al mes.
Entonces ¿qué significa la propuesta de Moreno? ¿qué es aseguramiento universal a todas las personas de la tercera edad con una pensión que les permita vivir dignamente? Es bastante intuitivo que para incluir a las personas adultas mayores a la seguridad social se lo debe hacer a través de pensiones no-contributivas —que deberán ser financiadas permanentemente desde el Presupuesto General del Estado—, a diferencia del caso de los jóvenes donde se espera que contribuyan a lo largo de su vida laboral al IESS, el ISSFA o el ISSPOL).
En el Ecuador, a diciembre de 2015 se estima que hay alrededor 1,1 millones de personas mayores a 65 años, de esas, 475 mil (42,2%) están afiliadas a la seguridad social en régimen contributivo (IESS, ISSFA o ISSPOL). Entonces son cerca de 651 mil quienes deberían recibir una pensión no-contributiva para lograr el aseguramiento universal propuesto. El valor de la pensión, cuyo monto no se ha propuesto aún, debería permitir vivir dignamente y esto es algo difícil de cuantificar pero pensando en un valor mínimo, la pensión debería cubrir por lo menos la línea de pobreza (83,79 dólares mensuales, a diciembre de 2015). Es así que la inversión anual en pensiones no-contributivas para mayores de 65 años, que debería hacer el Estado ascendería a alrededor de 655 millones de dólares (0,7% del PIB) al año. A futuro el monto de la pensión individual se esperaría que se ajuste al alza por la inflación, pero que el total disminuya poco a poco en la medida en que nuevas generaciones estén afiliadas al régimen contributivo.
El gobierno de Alianza País, partido que Moreno representa, ya promovió un programa de pensiones no-contributivas desde 2012 en el MIES, con un presupuesto anual que en 2016 alcanzó los 274 millones de dólares (según la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019) el cuál, de aplicar la propuesta de Moreno, sería ampliado en cobertura y monto. Esto significa que, tomando ese programa como punto de partida, el presupuesto adicional necesario sería de USD 380 millones (0,4% del PIB), y no se necesitarían nuevos gastos de implementación y operación del programa.
Para financiar este rubro no hace falta pensar en generar nuevos ingresos (a través de impuestos), sino que bastaría con optimizar otros gastos. Por ejemplo, de acuerdo a la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019, se podría revisar parte de los 1.888 millones de dólares (1,9% del PIB) para subsidios a los combustibles en 2016, o los 1.251 millones (1,2%) destinados a incentivos productivos (cuyos beneficios no son claros), o los 388 millones (0,4% del PIB) destinados a gastos personales deducibles del impuesto a la renta en 2014. Y considerar desde una mirada de equidad que, como se muestra en la programación presupuestaria, mientras de estos subsidios se benefician mayoritariamente los grupos más ricos de la población —quienes tienen carro y usan combustible subsidiado, las grandes empresas, y quienes tienen un ingreso superior a la base imponible de impuesto a la renta—, las pensiones no-contributivas se focalizan en personas de bajos recursos económicos, e incentivarían el consumo.
Si es que se logra cubrir a este grupo de la población con seguridad social, el efecto sería universalizar las seguridad social en personas mayores a 65 años de edad, reduciendo el porcentaje del sector de esta población que es pobre de 27,5% a 13,3% (160 mil menos en pobreza). Es positivo avanzar hacia garantizar una vejez libre de pobreza por ingresos (la vida digna es más que eso, pero sin duda sería un avance importante). La tasa nacional de pobreza también se reduciría de 23,3% a 22,5% (en función de los hogares en los que viven las personas mayores). Es decir 258 mil personas saldrían de la pobreza.
La propuesta de Lenín Moreno se enmarca en dos objetivos centrales de la agenda de desarrollo nacional e internacional: universalizar la seguridad social y erradicar la pobreza. Es necesario revisar cuáles serían los mecanismos para lograrlo.
Fotografía de ojo_de_vidrio bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0