La información pública del Municipio de Guayaquil es casi inasequible. Desde julio de 2016, el equipo de El Verificador ha contactado a sus oficinas para solicitar datos y así comprobar las declaraciones —como la licitación de la aerovía o los contratos de Mi Lote II— del alcalde Jaime Nebot. En total, hemos llamado ocho veces y nunca hemos recibido la información requerida. Los motivos varían: que el encargado no se encuentra en las oficinas, que llamemos más tarde, que hay que llenar un formulario que demora de 15 a 20 días en ser respondido, pero los datos nunca nos han llegado después de esos plazos. Esto no solo dificulta nuestro trabajo para revisar la información pública, sino que dice mucho de la apertura de datos en Guayaquil y el país en general.

En 2014, el Open Data Barometer publicó un ranking sobre los datos abiertos de 77 países del mundo. Los resultados revelaron que, a pesar de que el 76% de los países tienen bases de datos publicados en algún formato —pdf, cvs, excel— en la web, solo un tercio ofrece bases de datos completamente abiertos en formatos que pueden ser manejados por cualquier persona. Ecuador tuvo un puntaje de 35 sobre 100 —está en el puesto 38 de 77— calificado en base a su capacidad para apoyar iniciativas de datos abiertos, implementación de programas de datos abiertos, y el impacto que tienen los datos abiertos en la sociedad. Y aunque el reporte reconoce que Ecuador ha incrementado su interés en apoyar a iniciativas de datos abiertos, en el Municipio de Guayaquil el secretismo es la regla general.

No solo hemos tenido este problema con el Municipio de Guayaquil sino también con otras instituciones. Cuando nos acercamos a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) para solicitar información sobre el precio de la energía en cada país de la región, rechazaron la petición porque consideran que esos datos son ‘sensibles’. Cuando pedimos al Municipio de Quito información sobre obras de alcantarillado en el barrio Pablo Arturo Suárez, los encargados nos remitieron a un boletín de prensa y, al solicitar el informe completo, dijeron que ellos se basan en él para crear el boletín y que esa es toda la información que nos podían dar. Y aunque el Gobierno Central tenga muchas cifras completas y actualizadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) o el Banco Central del Ecuador (BCE), tampoco las tiene completamente abiertas: no nos han dado entrevistas sobre temas puntuales que hemos pedido como — el síndrome de Laron— ni nos han entregado bases de datos más detalladas sobre el desempleo en Ecuador. El fellow de School of Data, Julio López, dijo en una entrevista para la plataforma Más Conocimiento que el problema en Ecuador es que se pone toda la responsabilidad de tener datos al gobierno. Según él, una forma de abrirlos es que haya más organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas  o periodistas usando datos para hacer proyectos o desarrollo tecnológico. Así no se depende solo en una entidad sino en muchas, y la necesidad de tener esta información crece.  El problema es que mientras menos acceso haya a la información, menos ciudadanos informados habrá. La escasez de datos abiertos es, también, una escasez de una verdadera democracia.