Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, tiene fama de ser la más insegura del país, ¿pero es tan alto su índice de inseguridad y violencia como para justificar la cantidad de ciudadelas privadas amuralladas en su conurbano? Para 2013 habían 134. El flujo de migración interna y el aumento de la brecha de desigualdad social y económica en la ciudad han creado un estado de inseguridad sine qua non para imaginar a Guayaquil. Esto ha repercutido en las decisiones sobre su territorio conurbano. En las últimas dos décadas el modelo de desarrollo habitacional son residencias amuralladas por grandes cerramientos que se han extendido al cantón Samborondón y hasta la parroquia satélite urbana de la Aurora en el cantón Daule. Esto, de ninguna manera, ayuda a disminuir la inseguridad sino que perpetúa la idea de la ciudad peligrosa.
Si comparamos a Guayaquil con otras urbes de América del Sur cambia la perspectiva: en 2014, San Pedro Sula, Honduras registró 171,20 homicidios por cada 100 mil habitantes; en Caracas, 115,98 por cada 100 mil. En Guayaquil, 8,54. Nuestra ciudad está muy lejos de ser una de las más inseguras y violentas de América Latina.
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Según el libro “Los Delitos en Ecuador, una mirada desde las cifras” de la fiscalía General del Estado, entre enero y julio de 2014 se recibieron 5.878 denuncias en Guayaquil del delito “robo a personas”, en Quito, 4.527. El estudio también concluyó que en Guayaquil ese mismo delito aumenta la sensación de inseguridad, sobre todo en la noche en las zonas con deficiente iluminación, como el centro. Esto sucede porque Guayaquil no está pensada ni planificada como una ciudad de 24 horas que promueva una economía nocturna. Entonces, ¿cómo es posible que una ciudad que no presenta una alta tasa de homicidio es percibida como tan insegura en su espacio público por el delito de robo?
Para comprender qué significa en realidad la inseguridad urbana, hay que mirar a Medellín, una ciudad que vivió violencia e inseguridad en los 70 y 80, a raíz del narcotráfico controlado por el cartel de Medellín (1976) que duró cerca de quince años. En esta época hubo sicariatos, bandas delincuenciales en barrios populares, secuestros, que fueron gradualmente deteriorando la calidad de vida de sus habitantes. A principios de los 90 se registraba una tasa de homicidios superior a 300 personas por cada 100 mil habitantes. A este conflicto social de impacto local y nacional se sumó la guerrilla y el paramilitarismo causando que la ciudad no tuviera una vida pacífica y segura. La principal causa de mortalidad en ese tiempo era homicidio. Pero Medellín combatió la inseguridad y violencia apostando a la cultura como motor de cambio social y urbano, por ejemplo, con la construcción de los Parques Bibliotecas desde el 2004. Estos espacios han permitido a muchos niños y jóvenes cambiar las armas por los libros y las actividades artísticas como talleres de música urbana y danza. La ciudad transformó sus espacios públicos en verdaderos lugares de cohesión social construyendo una cultura colectiva y no individualista. Fue un urbanismo pensado desde lo ciudadano y humano en el que se invirtió en las zonas más vulnerables para mejorar sus condiciones de vida, y así mejorar la seguridad en toda la ciudad.
En Guayaquil no existen políticas parecidas, de hecho si se analiza el modelo de desarrollo urbano impuesto en Guayaquil se ve que los espacios públicos (en su mayoría privatizados) con guardianía privada solo son un erróneo espejismo de seguridad, ya que cruzando la cerca, fuera de ellos, no hay garantía de estar seguros. En términos de calidad de vida urbana, la seguridad ciudadana no se trata de la guardianía privada o accesos restringidos sino de mejorar las condiciones de desigualdad de oportunidades —con una fuerte segregación espacial— en la que vive la gran mayoría de la población guayaquileña, que, de alguna manera, condena a todos los ciudadanos a estar expuestos a actividades delictivas.
La violencia e inseguridad urbana en Guayaquil está vinculada a la desigualdad de oportunidades dentro de una inequitativa estructura social y económica. En una investigación para el Banco Mundial, el economista Hernan Winkler concluyó que la desigualdad genera una sensación de injusticia entre las personas en desventaja que les lleva a buscar una compensación por otros medios, incluyendo actividades criminales. En una entrevista para el diario argentino El País, en 2014, Winkler dice que la actividad criminal también se puede explicar por un análisis costo-beneficio, es decir cuanto más escasas sean las oportunidades económicas para los más pobres y mayor sea la brecha de ingreso entre pobres y ricos, los beneficios económicos de crímenes como robos o secuestros —que muchas veces terminan en homicidios— tienden a ser mayores.
En 2013, un artículo de diario El Universo publicó entrevistas a habitantes de la vía Samborondón. En el texto quedó claro que la principal razón por la cual escogieron la zona para residir fue porque es “un lugar seguro para vivir”. En el imaginario de la población se ha instaurado una paranoia sobre lo inseguro que es Guayaquil, lo que ha permitido la rápida proliferación de estas ciudadelas amuralladas en Samborondón. En Guayaquil la cultura del miedo vende y esto ha expandido de forma innecesaria el crecimiento horizontal de la conurbación de la ciudad, y ha dejado a un lado el crecimiento vertical que sería la solución habitacional al incremento demográfico en Guayaquil en un modelo de ciudad compacta. Una prueba de cómo trastorna la cultura del miedo a los guayaquileños fueron unos cerditos pintados con stencil en distintos lugares de la ciudad en 2004. El proyecto de la Chanchocracia del artista urbano Daniel Adum Gilbert evidenció que nuestra sociedad y prensa -de manera irresponsable- convirtieron un arte urbano en una paranoia colectiva. Las estrategias de mercadeo del miedo funcionan de manera exitosa en una sociedad como la guayaquileña en beneficio de las inmobiliarias. Esto solo es posible por la incorrecta cohesión social causada por la segregación espacial que hace que la convivencia ciudadana y urbana se sienta insegura. Sobre todo cuando a la ciudad se le ha creado un mito que está en boca de locales, nacionales y extranjeros: “Guayaquil es la ciudad más peligrosa del Ecuador”.
La segregación social y espacial en Guayaquil no es un tema nuevo, históricamente la élite guayaquileña siempre ha procurado distanciarse del resto de la población. Inicialmente lo hizo hacia el barrio del Centenario, luego a Urdesa y los Ceibos y luego a vía a la Costa y vía Samborondon. Estos desplazamientos sobre el territorio de la conurbación de la ciudad, y las inmobiliarias que han fomentado estos proyectos, han determinado los polos de crecimiento (sin mayor planificación técnica) de la ciudad en conjuntos habitacionales. El resto de la población del Guayas, motivada por la búsqueda de un mejor statu quo en una sociedad elitista y con una percepción sobrestimada de la inseguridad en Guayaquil, pretende vivir en estas urbanizaciones.
Pero Guayaquil sí tiene solución. Por ejemplo, se podría replicar la experiencia de Medellín: apuntar a la cultura y complementarla con el urbanismo para corregir el problema de raíz. El primer eje, la cultura, servirá para transformar la conducta urbana hacia prácticas positivas comunitarias y colectivas entre ciudadanos sin prejuicios clasistas, y el segundo, el urbanismo social, para crear una ciudad de tranquila y sana convivencia sin una cultura de miedo. Pero mientras en el “gran Guayaquil”, la élite guayaquileña con capacidad en la toma de decisiones para la ciudad se siga conformando con amurallarse en una ciudad satélite tras grandes cerramientos y vigilancia privada de 24 horas, la ciudad seguirá siendo percibida como “la más peligrosa”.
