Es hora de que Alianza País deje el poder. No importa quién gane las elecciones de 2017, lo importante será que no sea el actual partido de gobierno. Sé que suena radical, si se toma en cuenta que apenas hay un puñado de precandidatos presidenciales de oposición, entre los que destacan Guillermo Lasso, Cinthya Viteri y Abdalá Bucaram. Puertas adentro del correísmo, cada vez se repite más que la fórmula presidencial la encabezará Lenin Moreno y Jorge Glas —al que no hay levadura política que lo haga crecer en las encuestas— será su vicepresidente. La gran preocupación en Alianza País sobre la candidatura de Moreno no ha sido solo su cercanía con personajes vetados en el correísmo (como los hermanos Larrea), sino también su salud. Pero ante la incapacidad del actual vicepresidente de conectar con los votantes, parece que no queda otra opción.  Este es el escenario, más o menos gris, en que los ecuatorianos tendremos que decidir quién nos gobernará los próximos años. Sería un error volver a elegir a Alianza País, no porque sean alguna especie de grupúsculo malvado que nos lleva a la perdición del comunismo, ni tampoco porque la oposición sea una avanzada de salvación frente a ese mal, sino por algo mucho más sencillo: un Ejecutivo no liderado por Alianza País nos va a dar un país de menos imposiciones, con el poder más desconcentrado y más diálogo político.

Puede sonar demencial porque lleva implícito ciertas posibilidades chocantes: que el Partido Social Cristiano vuelva al poder, que el roldosismo 2.0 de Fuerza Ecuador gane, o que a menos de dos décadas de la mayor tragedia nacional (el feriado bancario) un banquero vuelva a estar en el círculo donde se toman las decisiones políticas. Pero, si se lo piensa con calma, hay menos riesgos en tener un Presidente de oposición, y quizá hasta la democracia salga fortalecida. Esto debe sonar a maldad pura para los partidarios del gobierno, y más de uno dirá que estoy loca o que tengo alguna agenda secreta imperialista. Pero no, nada de eso: en un país donde las autoridades de control, las cortes, el legislativo y esa extraña función llamada Consejo de Participación ciudadana y Control Social están en manos del actual partido de gobierno, un Presidente opositor no podrá entrar con bravatas a gobernar el país, sino que tendrá que buscar consensos con sus adversarios políticos. La práctica política de llegar a acuerdos se ejerce en todo el mundo, y de mejor manera en las democracias más sólidas del planeta como Alemania, Reino Unido o Canadá, donde gobiernan (o han gobernado) coaliciones. Hasta en Estados Unidos hay un llamado recurrente (aunque con frecuencia desoído en la última década) de propuestas legislativas bipartidistas. En el Ecuador, sin embargo, nos hemos acostumbrado a que hablar con el adversario es señal de debilidad o de corrupción. La década de Alianza País en el poder ha desechado el diálogo con la oposición y ha proyectado la personalidad y formas autoritarias del presidente Correa en su gobierno. Si la dupla Moreno-Glas llega al poder, esta forma de gobernar se perpetuará. En resumen: un presidente opositor tendría un rango de acción mucho más limitado, y tendría que recurrir al diálogo y deberá oír a sus rivales —y hasta convencerlo con argumentos y no a los insultos— de que sus políticas públicas son lo mejor para el país.

La elección de 2017 nos devolverá una Asamblea más fragmentada: los niveles de aprobación actual del legislativo dominado por Alianza País son los más bajos de la década. Según Cedatos, la desaprobación es del 63%. Esto va a cambiar la dinámica con que se aprueban leyes y reformas en los próximos cuatro años. Sin embargo, es previsible que Alianza País tenga una participación importante en la Asamblea 2017-2021. Esto nos va a poner en una situación de constante conflicto, que no podrá ser resuelto dando órdenes en las sabatinas, ni encargándole a la Secretaría Jurídica que redacte una ley que pase por una breve discusión en la Asamblea y luego termine en el registro oficial. A partir del 2017, la discusión legislativa será más intensa, y con un Presidente de oposición el argumento de la disciplina del partido y la amenaza de “renuncio si no me aprueban” será casi un chiste. ¿Se imaginan a Guillermo Lasso diciéndole a una asamblea con mayoría de Alianza País, que si aprueban el aborto por violación se va a su casa? Hasta los más curuchupas providas del correísmo votarían por despenalizar el aborto. La conciencia de las asambleístas de Alianza País ya no estaría atada a las órdenes patriarcales de Rafael Correa, y quién sabe, hasta se lograría la aprobación del matrimonio igualitario. Por supuesto que estas propuestas serían vetadas por cualquiera de los potenciales ocupantes de la silla, pero terminarían, después de un tortuoso ir y venir, expedidas.

La discusión sobre derechos saltarían entonces a las cortes. Porque si se aprobasen leyes progresistas —como las de despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo— los activistas conservadores se volcarían a los tribunales a pedir recursos constitucionales para tumbarlas. El sistema judicial y la Corte Constitucional —aun compuestos por adeptos a Alianza País, como la jueza Wolf que le dio la razón a Correa en su disputa con los militares— no tendrían la presión de complacer al Ejecutivo, y es muy probable que veríamos un avance en derechos que han sufrido graves retrocesos en la década pasada. Hay dos escenarios posibles sobre la judicatura con un presidente de oposición: la más ingenua, suponer que los jueces actuarán con mayor libertad de conciencia; y la otra más cínica, pensar que se dedicarán a hacer oposición desde los tribunales. En todo caso, las palabras del experto Luis Pásara “el papel de la judicatura empezó a seguir un patrón: no ir en sentido contrario a los intereses del poder Ejecutivo” podrían ser cosa del pasado.

Hay algo más grande en todo esto: si Alianza País pierde la elección presidencial de 2017, los ecuatorianos aprenderemos que en democracia a veces se gana y a veces no. Que salir del poder es una parte consustancial a nuestro sistema de libertades, que no es el fin del mundo, porque la política no puede ser entendida como la lucha de los buenos contra los malos. Por supuesto, para que tengamos esta posibilidad de romper con el falso dilema que nos han propuesto (los del pasado versus los salvadores) será preciso que el nuevo Presidente renuncie también a esa retórica. Es aquí donde más temores tengo de lo que venga: es probable que quien gane no renuncie a un discurso de revanchismo maniqueo contra el pasado. Pero aún en ese supuesto, habrá una lección positiva: sabremos que la retórica del escándalo y los dualismos irreconciliables no son solo propiedad del correísimo, sino una cualidad esencial de ser ecuatorianos: el gusto por la imposición, el aprendizaje que con sangre entra.

Su derrota no sería la debacle que sus militantes suponen,  por el contrario: sería una gran oportunidad para Alianza País. El partido que solo conoce el poder podría demostrar que también puede ser una oposición constructiva, diferente a la que ha tenido que lidiar en muchos momentos de su gobierno. En su último informe a la nación, el 24 de mayo de 2016, el Presidente cerró su discurso diciéndole a la oposición que pudieron haber tenido una relación adversarial, pero más constructiva, que una mejor oposición lo habría hecho un mejor Presidente. Sus enemigos políticos, dijo, le habían negado esa posibilidad. Si Alianza País pierde, tendrá la oportunidad histórica de hacer lo que sus adversarios no hicieron mientras estaban fuera del poder: ayudar a construir un país mejor. Al igual que con la retórica del próximo Presidente, aquí también hay el peligro de que el correísmo se comporte exactamente igual a la oposición. Si así sucede, volveremos a encontrarnos con la misma lección dolorosa, pero en el otro sentido: no es que la oposición sea así, es que así somos todos los ecuatorianos. Servirá, de una y otra forma, para conocernos: por fin sabremos que la responsabilidad de lo que sucede en el Ecuador no es del otro, sino nuestra, compartida en el mal y compartida en la solución.

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En la derrota de Alianza País hay una gran oportunidad. Es poco probable que el Presidente que venga se atreva a tocar las prestaciones sociales que el correísmo le dio a gente históricamente olvidada. No se lo permitiría ni los ciudadanos, ni la Asamblea, ni las cortes. La vara que deja el correísmo en servicios básicos e infraestructura es alta, y es casi imposible suponer que los jóvenes que han crecido en ese ambiente estén dispuestos a tolerar retrocesos. Las posibilidades que se abren en cuanto a control, desconcentración de poder y diálogo son casi esperanzadoras. Hasta los periodistas que trabajan en los medios incautados y en la reciente fusionada empresa de medios públicos deberían quererlo: el Estado en crisis que recibirá el próximo Presidente no podrá darse el lujo de ordenar despidos y tener que pagar altas indemnizaciones. Será la oportunidad brillante de desarrollar un sistema de medios verdaderamente públicos, en los que la prensa, la radio y la televisión financiadas con el dinero de todos sea el primer escrutador de los actos estatales. Esta fue una idea que me costó digerir: pienso en Cynthia Viteri, en Lasso y en Bucaram y son, definitivamente, gente por la que no votaría. Nunca hay que descartar la aparición del comodín cómico de cada cuatro años: Álvaro Noboa. El líder del Prian (o lo que quede de él), no tiene ninguna oportunidad, así que cuando digo “cualquiera antes que AP”, ciertamente no se me pasa por la cabeza el magnate guayaquileño. Aún no conocemos a los demás candidatos. En Quito se rumora que un frente de izquierda lanzará a Paco Moncayo. Quizá hasta aparezca un outsider (aunque hay poco tiempo, pero en el Ecuador nunca se sabe) y tengamos los ciudadanos una alternativa que se apegue a nuestras convicciones sobre quién deba ser el próximo Presidente del Ecuador. Lo que sí tengo claro es que no quiero que venga de las filas de Alianza País.