El gobierno del Ecuador reconoce una deuda con el sector cultural y se ha propuesto saldarla con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura(s). El súbito impulso que le ha dado la Presidencia ha convertido al tema en una prioridad para la Asamblea (donde reposa el proyecto, que intercambia el singular y el plural sin reparar en el abismo que hay entre una y otra concepción). Su aprobación, prevista para este agosto, parecería estar libre de obstáculos. En ciertos ámbitos del sector cultural hay descreimiento y agotamiento, producto quizás de una larga  espera —ocho años desde la Constitución de Montecristi— aunque todavía ciertos colectivos buscan articularse e incluir sus agendas. La necesidad de una buena ley de cultura es incuestionable, no así el texto del proyecto actual ni la urgencia por aprobarlo. Hay quienes defienden el proyecto de Ley como el mal menor, otros se han opuesto frontalmente a su aprobación tal como está redactado. No es difícil estar de acuerdo con la existencia de la deuda, lo preocupante es la forma de pago.

Pero, ¿por qué la urgencia? ¿Acaso su no aprobación pone en jaque el proyecto revolucionario a estas alturas del partido? ¿Su ausencia incomoda en las mediciones de eficiencia institucional? ¿Se trata de un cálculo político-electoral? ¿Es saldar una deuda con algunos sectores antes de que se cierre el ciclo?

El proyecto de Ley sin duda incorpora algunos elementos de fondo. Por ejemplo, los mecanismos de fomento que se proponen más allá de las lógicas clientelares que han marcado la entrega de fondos públicos para cultura por décadas. También, propone cuestiones relevantes relativas a la seguridad social de los artistas. De hecho, el tema del trabajo cultural podría ser una de las nociones más ricas para pensar la escena ecuatoriana, en lugar de derrapar en las dicotomías del artista como genio creador versus el gestor cultural o el gestor versus el activista. Llaman, sin embargo, la atención los débiles mecanismos de reconocimiento real y ejercicio de los derechos de los trabajadores de la cultura, ligados de manera poco clara al Registro Único de Gestores y Actores Culturales (Ruac), lo que ha generado suspicacias, y una seguridad social que ya se aprecia como precaria. Aún con ciertos avances frente a la situación actual, las falencias del proyecto se evidencian y obligan a preguntar si no resultarán un salvavidas de plomo para el sector cultural, tornándose inviables.

Más allá de la retórica que rodea los debates de la Ley: fomento, libertad, creación, autonomía, etc., probablemente sea en lo conceptual en donde el proyecto expresa sus mayores antinomias. Cuando discutimos enfoques de cultura —más aún cuando se plantea en plural— estamos poniendo sobre el tapete formas de pensar y actuar sobre la relación entre estética, poder y política, y en ello no hay neutralidad posible. El proyecto tiene una enorme dificultad para conciliar distintas vertientes de pensamiento en materia de política cultural: las de origen culturalista, antropológico o marxista. Forma, entre todas ellas, una suerte de pastiche ideológico que se traducirá en inevitables disputas al momento de intentar aplicar la ley. El papel aguanta todo, la realidad no.

Intentaré resumirlas lo más posible. La primera vertiente, culturalista, de estirpe neoliberal y heredera de una moda cultural cuyo auge se dio en los años noventa, se sedimenta bajo el impulso de instituciones como la Organización de Estados Iberoamericanos, la UNESCO, el BID, la Cooperación Española, entre otras instancias. Estas movilizaron la idea de que la cultura podría ser una base, pilar, motor o eje del desarrollo sostenible. La cultura ingresó en las agendas públicas nacionales y locales bajo programas de impulso a las industrias creativas, al emprendimiento cultural, a la planificación cultural urbana. Se crearon programas de posgrado en gestión cultural, observatorios de políticas culturales, cuentas satélite y otros mecanismos de medición cultural en toda Latinoamérica.  No obstante su relevancia, estas cuestiones se reeditan en los debates actuales a través discursos sobre la equidad redistributiva como si se tratase de camas de hospital per cápita. Ejemplos de ello son los metros cuadrados de cultura que marcaban la política cultural Argentina hace pocos años, el número de asistentes por espectáculo o el número de eventos realizados en una determinada programación cultural veraniega o festiva —tan comunes en nuestras ciudades—, o el número de artistas e infraestructuras por localidad, como en tantas ciudades europeas en el contexto de la desconcentración y descentralización. Si bien son cuestiones importantes para el sector cultural, la forma cómo han sido planteadas, de manera desarticulada, nos sugiere una suerte de contabilidad cultural más que una verdadera economía política de la cultura. De este modo, logran con frecuencia desviarnos del debate sobre la calidad de sus contenidos y procesos y sobre las relaciones de poder que articulan cada campo cultural específico regional, nacional o local.

Sobre esto último se asienta una segunda corriente que influencia el texto y que proviene fundamentalmente de la crítica académica. Considera que la vertiente culturalista, en resumidas cuentas, ha ligado la cultura al espectáculo y a las dinámicas del capitalismo en dónde se ha entrampado en los debates de la relación cultura-industria —de la que muchos actores participan marginalmente—, vaciándola de su función social, estética y política.

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Una tercera vertiente, no menos problemática, es heredera de la antropología. Recupera e impulsa una idea muy temprana de cultura, aquella que planteaba que la cultura era la sumatoria de rasgos y elementos de orden material y espiritual que dotaban de coherencia a un grupo humano, diferenciándolo de la naturaleza y por cierto, de los demás grupos humanos. Estas cuestiones originarias ya fueron purgadas dentro de la antropología contemporánea y sometidas a múltiples críticas desde los años sesenta. Sería por lo menos anacrónico afirmar hoy que existen culturas delimitadas, puras, incontaminadas y sin influencias. Es fácil entender que esta concepción de cultura haya sido asumida de manera tan marcada en la Ley —sobre todo cuando se refiere a la diversidad cultural y a las identidades culturales— pues la diplomacia cultural internacional de los años ochenta la supo resucitar y trasladar a convenciones internacionales relativas a la diversidad cultural y al patrimonio cultural en donde la concepción socio-antropológica de cultura traza la cancha hasta nuestros días. Esta noción caló fuertemente en un contexto político nacional cuya retórica progresista abusó de términos como pluralidad, diversidad, interculturalidad y Buen Vivir y los vació progresivamente de contenidos en algunos espacios de la política pública cultural.

Pero la problemática del proyecto de Ley no solo tiene que ver con las antinomias de estas tres vertientes y sus derivas conceptuales, sino de la distancia entre su contexto de producción original y la situación actual. Hay que recordar que la versión más depurada de este proyecto se produjo en un país en el que el debate cultural se asumía revolucionario y buscaba refundar una institucionalidad que se consideró caduca al candor de la Constitución del 2008. No menos importante, se contaba con el marco político, institucional y económico para llevar adelante semejante tarea. Tratándose de una Ley Orgánica encargada del ejercicio de nuestros derechos culturales, había que pensar más allá de la coyuntura de aquellos años, pero sería ingenuo ignorar que su formulación se dio en ese auge, que hoy llamaríamos ilusorio, de la refundación cultural. Al intentar reorganizar lo existente desde nuevos paradigmas y sin crear instancias que les dieran sostén, se debilitaron instituciones culturales, museos, bibliotecas y archivos que, con sus deficiencias, cumplían un papel significativo. El Ministerio de Cultura fue necesario, pero perdimos todos la oportunidad que con él se abrió. Su relevancia se diluyó y se volvió pesado, desfinanciado y su futuro parece incierto. Son pocas las bases que quedan sobre las cuales podría apoyarse en el nuevo andamiaje que construirá la Ley.

Hoy, la revolución cultural llega con los vapores del tanque de gasolina que se le agota y con los rezagos de aquella ilusión política movilizadora de los primeros años. Bajo el gobierno actual, tan sólo un sector, el de cine, logró establecer mecanismos más o menos estables de fomento, tanto por su capacidad organizativa de larga data como por la acción estatal. Desde el punto de vista de la nueva arquitectura institucional propuesta por la Ley, tienen razón las asociaciones de artes escénicas al expresar que no es apropiado dar un lugar institucional al cine y subsumir lo demás en una bolsa de gatos que apela a la diversidad de expresiones culturales o las artes, o confundir el trabajo cultural profesional con el vocacional. Una decisión de tal naturaleza resultaría en el debilitamiento de los procesos de profesionalización de las artes tan necesarios y ya en marcha a través de espacios formativos nacionales en proceso de fortalecimiento como la Universidad de las Artes.

Tienen también razón los críticos al Instituto de la Memoria Social cuando afirman que se requieren instituciones culturales fuertes, con capacidad de articular los procesos a nivel nacional, en lugar de más instituciones nacionales que continúen jerarquizando y burocratizando la ya débil estructura de museos, bibliotecas y archivos. Tampoco es posible obviar el nombre de este instituto, pues si hay algo que no es objeto de la acción estatal es la memoria social: fluida, olvidadiza, selectiva, cambiante, conflictiva, consensual y contestataria, función social al fin y al cabo.

Párrafos aparte merece el tema patrimonial, al que la Ley le da tanto peso. Ha devenido una cuestión medular en términos de la relación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que debatirán qué hacer con él en la eterna paradoja entre los patrimonios locales y nacionales, los aires de modernidad y la voluntad de conservar ciertas nociones de tradición. Estas cuestiones inevitablemente estarán atravesadas por las presiones del turismo y ciertas formas de especulación inmobiliaria, reforzando los procesos de gentrificación e invisibilización de los sectores populares ya observables en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca.

El papel del Estado como ente de regulación y control en el tema patrimonial no queda claro: en los últimos tiempos lo hemos visto actuar por fuera de sus competencias, definiendo por ejemplo la nueva trama urbana del Centro Histórico de Quito bajo voluntades estéticas de embellecimiento, derrocamientos y creación de nuevas plazas. Seguramente, las instituciones nacionales considerarán que este no es un tema cultural sino urbanístico, cuando quizás no haya otro en donde se evidencie más claramente la relación entre cultura y política.

Soñar con una nueva institucionalidad ideal es un ejercicio deseable. Pero es, por lo menos, irresponsable plasmarla en una ley sin claridad sobre las fuentes de financiamiento para su creación y operación, especialmente en un contexto de desaceleración económica y pérdida de oportunidades de empleo que afectan el sector cultural y a las instituciones ya creadas por el Estado. La llamada deuda parece no tener forma de saldarse en este contexto. Retomando la terminología elegida por el Presidente, “suscitar” la cultura requerirá de parte del Estado recursos, hoy altamente insuficientes para la implementación de la Ley.

Señalar las debilidades del proyecto de Ley no implica minimizar las contribuciones de múltiples protagonistas del sector a su formulación. Trabajadores de la cultura, burócratas, grupos y colectivos, gremios, políticos y asesores discutieron ampliamente el proyecto en sus orígenes, durante los 100 días por la Cultura en el 2009, y luego en la Asamblea durante, por lo menos, la primera mitad del 2010. Y desde entonces hasta nuestros días. Estos aportes bien podrían haber gestado un texto plural, debidamente depurado y armonizado. Pero el texto actual dista mucho de serlo. Y la razón difícilmente obedece a un problema metodológico o de edición. No es difícil advertir la incidencia política de gremios longevos y la presión de nuevos actores que intentan articular discursos contemporáneos frente al letargo de la “cultura” y  la  “identidad” nacional.

El exponente principal del este lobby es la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). El debate sobre su autonomía ha sido probablemente el tema más sensible en el tratamiento de la Ley. En este proceso se ha pretendido confundir, estratégicamente, la batalla de la democracia cultural, de la autonomía y de lo público con una cuestión tecnocrática: la necesidad de obvias modificaciones en pos de su eficiencia y transparencia, hasta de mejorar el uso de sus espacios y ampliación de esquemas de representatividad o, más recientemente, como lo planteaba la Presidenta de la Asamblea Nacional en una entrevista, una autonomía garantizada aunque con la obligación de transversalizar el Sistema de Cultura. Es decir, ni chicha ni limonada.

La pregunta sobre qué hacer con la CCE, cómo desarmar un presupuesto fuertemente destinado a fundaciones privadas y burocracias, cómo volverla pública en un sentido concreto y no discursivo y sobre el lugar que debe ocupar en el sistema de cultura por crearse, ha estado rondando la política cultural de este gobierno y —por cierto— la producción de la Ley desde sus inicios y no se ha resuelto. Ha sido una pregunta persistentemente movilizada también por las demandas de diversos actores culturales de corte progresista para quienes la CCE representa una corroída y clientelar forma de hacer política cultural. También el sector cultural no institucional está llamado a hacer una fuerte autocrítica. Requiere organizarse siguiendo la pauta de lo ya logrado y pensarse a sí mismo por fuera de las relaciones clientelares con el Estado y sus limitados financiamientos y proyectarse en el mediano y largo plazo. Esto por cierto no depende de ninguna ley.

Hoy el proyecto de Ley se debate en un contexto electoral que tiñe y politiza toda acción estatal. Como ha sido observable a lo largo de la historia, la cultura ha subido a la tarima cuando los tiempos políticos así lo han requerido, poniendo en evidencia su papel en la construcción de consenso político y su capacidad de brindar visibilidad y legitimidad a los gobernantes de turno, fundamentalmente por vía de la explotación de retóricas románticas, nacionalistas e identitarias y de la circulación de representaciones estéticas afines.

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Lo cierto es que de aprobarse, con todos los nuevos aportes e innovaciones que se puedan incorporar en el cortísimo plazo, con las llamadas socializaciones cuya instrumentación metodológica ha demostrado empobrecer los contenidos, vendrá un periodo que requerirá de toda nuestra atención: la elaboración de reglamentos que heredarán la complejidad de la misma ley, la creación de institutos y andamiajes que habrán sido pensados con el ojo concentrador. En el contexto actual, la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Cultura(s) podría llegar a ser, sin duda, el mayor rompecabezas que se haya armado en la historia de la política cultural de nuestro país. Si en la crítica podríamos haber acordado en la necesidad de profundas transformaciones en el sector cultural, en las soluciones entregadas por el Estado está la mayor deuda: el desmantelamiento progresivo de lo previo, la creación y eliminación de instancias de política cultural y la promesa aún fallida de una revolución en cultura. No hay ninguna urgencia. Quizás la Ley pueda esperar, ya hemos sobrevivido sin ella.