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Elevar impuestos para financiar el déficit fiscal es como hacer un barco de cemento: está condenado a hundirse. La estrategia del gobierno del Ecuador de incrementar las fuentes de recaudación está perdiendo de vista lo evidente: en época de crisis económica, irremediablemente los tributos recaudan menos. A menos ingresos, menos gastos y, por ende, menor recaudación. Esta lógica de Perogrullo económico y tributario —que adelanté a propósito de la propuesta del gobierno de equilibrar las finanzas públicas, como se llama la ley a través de la que se propusieron los nuevos impuestos— quedó expuesta en las declaraciones de funcionarios del Servicio de Rentas Internas que hablan de una caída superior al 20% en las fuentes de recaudación a inicios de 2016. Las alzas tributarias propuestas, discutidas y ya aprobadas exacerban el ciclo de menor consumo, empeorando aún  más las proyecciones de recaudación. En pocas palabras: mientras más impuestos pongan para recaudar, menos probable es que lo logren.

La lógica gubernamental es de un simplismo que produce escalofrío. El gobierno —que se autodenomina técnico— aplica las alzas como si de verdad funcionara el ceteris paribus económico, donde las medidas producen los resultados esperados, siempre y cuando el resto de factores permanezca constante. Esta mirada desconoce —de buena o mala fe—  la proporcionalidad que hay entre ingresos privados y recaudación. Ante menores ingresos de los privados (por la recesión, los ingresos de las empresas y las familias están cayendo) se genera una disminución de las fuentes de ingreso tributario. Algo que al gobierno le está quedando cada vez más claro. Además, la propuesta pasa por alto la discusión sobre impuestos óptimos, en la que los impuestos generan menor recaudación cuando aumentan demasiado. El gobierno puede justificarse aduciendo que no son tan altos, pero la combinación de recesión más incremento tributario puede hacer que el efecto marginal en el consumo sea tan alto que ninguna proyección de recaudación se cumpla. Si no aplica otras opciones de política fiscal, no hace falta ser un adivino para saber lo que vendrá: más impuestos.

El panorama empeoró con el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas el 16 de abril. La necesidad de financiar las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas tiene la misma receta gubernamental: aumentemos impuestos. Esto, de por sí, no es criticable, porque es parte de las opciones que tienen los Estados para financiar la reconstrucción después las catástrofes. El problema es el contexto de crisis económica, aún más desastrosa en el caso de los afectados. Los ingresos siguen cayendo a nivel nacional, pero para muchos manabitas y esmeraldeños simplemente se derrumbaron, como casas y negocios. Por ende, con el terremoto, el efecto de la caída de ingresos se agravó en todo el país. Pero el grueso de la solución gubernamental es incrementar impuestos, sobre todo el IVA, que es regresivo: afecta a los que menos tienen, porque pagan proporcionalmente más en relación a sus ingresos.

El punto principal del debate no es el incremento de impuestos per sé. Es la utilización de esta opción de política económica sin explorar otras seriamente. Rafael Correa ha hablado de poner a la venta algunos activos estatales y de que no ha sido posible concretar la venta del tinglado de medios de comunicación públicos. También, a propósito de las crecientes críticas ante la falta de ajustes fiscales concretos, habló de eliminar las sabatinas y el Ministerio del Buen Vivir. Pero ahora reculó, manteniendo sus informes públicos de fin de semana y ofreciendo cambiar el estatus de la entidad presidida por Freddy Ehlers. Todas las medidas voceadas recientemente caen en el campo de las promesas políticamente correctas que no parecen tener destino real. No ha habido intención gubernamental de deshacerse de bienes del Estado, lo que además es difícil de concretar dadas las restricciones legales que el mismo gobierno impulsó para la venta de activos estratégicos o la participación privada en los medios de comunicación. Lo peor: no hay ninguna iniciativa real que hable de un ajuste al tamaño del gobierno que sea efectivo y no pura cosmética.

Esto nos trae nuevamente al problema de fondo: el gobierno no puede seguir usando solamente la política tributaria en un año de recesión. Es cada vez más ineficiente y tiene un efecto nocivo, porque exacerba la caída de ingresos de las empresas y los hogares. Las limitaciones de esta política están estallando en las cuentas fiscales, cuando la merma tributaria muestra cifras que solo agrandan el déficit fiscal. El gobierno no puede seguir dorando la píldora de las políticas fiscales, ofreciendo cosas que no va —o no quiere— cumplir. Debe hacer el esfuerzo para sincerar lo evidente: que la matriz del problema de déficit fiscal requiere una solución de ajuste fiscal efectivo en los ámbitos que generan pérdidas o son inútiles. Esos pasos son urgentes en un año de recesión no-técnica, pero muy real.   

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¿No ven el círculo vicioso que han iniciado?

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Fotografía de UN Geneva bajo licencia BY-NC-ND 2.0