Aunque The Economist, Reuters y otros medios, la llamaron “una estrategia ganadora”, la decisión del gobierno de Rafael Correa de no pagar la deuda ecuatoriana al Banco Mundial ha terminado por jugarle en contra al país. En 2009, el Presidente la declaró ilegítima y anunció que no pagaría los 2900 millones de dólares a los que Ecuador estaba obligado. Incluso expulsó públicamente a los funcionarios del Banco Mundial del país. Los bonos son papeles que un gobierno —o una gran empresa— emite cuando necesita financiamiento. Quien los compra, recibe un interés a cambio, además de su inversión inicial al finalizar el plazo que se fija en los bonos. Si de un día para el otro ese gobierno dice “no te voy a pagar”, el comprador trata de vender el bono, aunque sabe que no podrá hacerlo al precio en que lo adquirió por el alto riesgo que representa la negativa del deudor. El bono empieza a depreciarse, y su dueño lo venderá a cualquier costo para no perder todo su dinero.

Justamente esto fue lo que sucedió en el caso ecuatoriano, y el  propio gobierno decidió comprar su deuda en los mercados internacionales: adquirió el 95% a un valor de 33%, ahorrándose dos mil millones de dólares. En pocas: le jugó sucio a todos los que le prestaron plata. En ese momento, muchos analistas y gobernantes vieron ese episodio como un ejemplo de soberanía y lo consideraron una brillante lectura de mercados internacionales —que incluso ha sido analizada en ámbitos académicos— pero vista a la luz del tiempo que ha pasado, la medida —que parecía exitosa— tuvo varias consecuencias negativas.

El primero de esos efectivos negativos ha sido la degradación de la calificación crediticia de Ecuador. Prestarle plata a un Estado que te puede volver a hacer trampa en un futuro y la genera temor y desconfianza en el inversor extranjero. Además, hizo que el acceso al crédito sea más costoso porque la información está disponible para todos los países ¿A quién, en su sano juicio, se le va a ocurrir prestarle plata a alguien que tiene fama de no pagar? Al volverse más riesgoso prestarnos plata, el organismo o Estado que lo hace, puede solicitar una mayor tasa de interés para justificar el riesgo en el que está incurriendo.

No pagar la deuda fue una estrategia rentable solo en el corto plazo: luego de tal movida, el único que nos podía —y quería— prestar dinero en ese entonces era China.

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Otra parte del problema: El Banco Mundial nos prestaba a 1,7% en promedio y China a un promedio de 6.9%.  Hay una diferencia de 5,2% de sobrecosto para acceder a los préstamos del gigante asiático. Y no es que estos sean necesariamente más caros —como muestra la siguiente tabla— pero tras un anuncio tan elocuente de no pagar una deuda adquirida, es normal que el acreedor exija una mayor tasa de interés para justificar su riesgo. ¿O le prestaría usted con la misma facilidad dinero a su vecino que se niega a pagarle plata a otra persona que a uno que tiene reputación de ser muy cumplido?

Debido a la gran cantidad de créditos que el Ecuador ha adquirido desde ese año —y las altas tasas de interés producidas por la “avivada” de 2009—, desde inicios del 2015 “la estrategia ganadora” ya le ha costado al país más de lo que le ha ahorrado.

Para analizar el costo al 2016 del no pago de la deuda, recopilé la información de los préstamos chinos hacia Ecuador con dos fuentes. La primera son los datos de artículos de diario El Universo, que se limitan a citar cifras del Ministerio de Finanzas. La segunda es información de the Dialogue databease —un proyecto colaborativo de la Universidad de Boston con información actualizada sobre las actividades de China en América Latina y el Caribe—.

Para simplificar mi modelo tomaré en cuenta el ahorro generado y calcularé un sobrecosto de 5,2% (la diferencia entre pedirle al BM y a China) de los préstamos recibidos desde el 2009, y no tomaré en cuenta tres aspectos: el ahorro —el dinero que el Ecuador ahorró fruto de no pagar los intereses de esos dos mil millones y la inflación— ni el gasto —el valor actualizado a pagar de todos los intereses compuestos que deberemos pagar en un futuro, fruto de los altos intereses, el costo de la degradación de nuestra calificación en las agencias de crédito internacional—, ni la especulación sobre el valor de toda la inversión extranjera que no vino al país producto de esta estrategia. Si hiciera una estimación de cuánta plata hubiese venido estaría adivinando y pasando una especulación como verdad.

Hay que hacer una diferencia notable: una cosa son los créditos que ha recibido el Ecuador de China, y otra las operaciones de preventa anticipada de petróleo. Los primeros son, pues, préstamos pactados a un plazo e interés específico. Las segundas son compras anticipadas que hace China de crudo ecuatoriano. En el siguiente cuadro se presentan los préstamos adquiridos a partir del 2009 y su finalidad o función, con su fecha respectiva. Con los nuevos préstamos, el saldo a pagar aumenta. Con los pagos de preventa anual de petróleo se reduce el valor de la deuda y el saldo a pagar para ese año. Desde inicios de 2009 a finales de 2015, hay siete valores anuales de intereses a calcular. El valor del interés de cada año se calcula partir de ese saldo anual, a un 5,2% (la diferencia entre adquirir un préstamo chino a uno del Banco Mundial) de esa diferencia.

Al finalizar el 2015, Ecuador ha pagado 3376.54 millones en intereses solo en el sobrecosto de 5,2% que tienen los préstamos chinos en comparación con los provenientes de organismos de crédito internacionales tradicionales. Esto supera —por más de mil millones— los 2000 millones ahorrados con el anuncio de no pago de la deuda en 2009. La decisión generó la degradación de la calificación de crédito del país, elevando el costo de financiamiento para el Estado. Haciendo un simple análisis de costo beneficio, esa estrategia ha resultado ser cada vez más cara.

Si hacemos un ejercicio de equivalencias, estos 1300 millones de dólares que estamos pagando de más podrían servir para:

Pagar diez deudas de 130 millones a SOLCA

Construir 866 escuelas del milenio a 1.5 millones cada una

Construir 2708 UPC (Unidades de Policía Comunitaria) a 480 mil cada una

Entregarle 81 dólares con 25 centavos a cada uno de los 16 millones de ecuatorianos para que haga lo que quiera

Pero el asunto no termina ahí, sino que hay una relación directa con lo que sucede hoy. El Ecuador aún depende enormemente del petróleo: al disminuir su precio, baja automáticamente la capacidad del gobierno de implementar sus políticas públicas y honrar sus deudas. Esto hace que baje su calificación de crédito —incrementando, aún más, el costo de acceso a préstamos o financiamiento. Pasó en 2015: la calificación pasó de B+ a B (bajo probabilidad de pago, con causas para preocuparse).

Las noticias van de mal a pésimas: En enero de 2016 el precio del petróleo bajó por primera vez, desde el 2004, a menos de 30 dólares el barril. El gobierno hizo el presupuesto del Estado para este año con un precio de 35 dólares por barril. Recordemos que cuando el Estado no logra cumplir sus obligaciones simplemente aumenta su deuda. Una posible salida para atenuar nuestro problema de financiamiento sería reducir el gasto achicando el aparato estatal. No hablo de disminuir la cantidad de maestros o médicos sino de algunos ministerios “pipones”. Esto es muy difícil porque requeriría que una vez que se atribuye un presupuesto, el burócrata lo devuelva. Por eso, en épocas de vacas gordas, en diciembre gastan como locos la mayoría del presupuesto, para que el año siguiente la asignación no reduzca.

No haber pagado la deuda ha ahuyentado la inversión extranjera, y esta no se atrae por decreto ejecutivo. Para generarla la palabra clave es confianza. La coyuntura actual es la siguiente: todos hablan de crisis, toda reforma se la ve como contraria a los intereses de la ciudadanía —sin siquiera leerla o analizar su contenido— y sobre todo parece que hay un exceso de reformas. Todo esto no permite generar confianza. Durante los primeros 33 años de vida democrática del Ecuador, en el 2012 , las autoridades económicas implementaron un total de 51 reformas solo en materia tributaria —diez de ellas en los últimos cinco años. Quién va a querer invertir a largo plazo en un lugar donde en promedio cada ocho meses cambian las reglas de juego.

La reducción del consumo, el aumento del desempleo —que a su vez reduce aún más el consumo— genera más desconfianza. Es una realidad que  no se puede ignorar.

El panorama no pinta bien: Ecuador se encuentra actualmente a cinco niveles por debajo de la calificación adecuada para invertir de la empresa calificadora Standards&Poors. Los analistas de esta empresa no tienen acceso a la sabatina para que se les diga la “verdad”, y para desgracia del Ecuador es la empresa que los principales inversionistas internacionales utilizan como fuente de información para decidir dónde invertir. Los esfuerzos del gobierno para diversificar la matriz productiva no han sido suficientes y el sector privado no ha logrado desarrollarse: El Ecuador es —ya hace algunos años— unos de los países con menor inversión extranjera directa (IED) comparándolo con otros países de la región.

El segundo costo de la “avivada” ha sido la falta de confianza que ha generado. El siguiente mapa del 2011 muestra cómo el Ecuador se posiciona en la región para atraer inversión y honrar sus obligaciones. (aquí pueden acceder a la información más actualizada en temas de calificación de crédito).  En el 2014 apareció un artículo en el diario inglés The Guardian en el que Ecuador aparece en la posición número 6 entre los países con peor capacidad de pago, con  sus créditos“junk” o créditos basura. Esto no es malo solo porque lo digan en la prensa extranjera, sino porque es cierto.

Pero más allá de todas estas evidencias, para mí lo peor de la estrategia de anuncio de no pago de la deuda es el mensaje que el Presidente —como autoridad moral— pasa a la ciudadanía en el que toma una decisión tomando un atajo, utilizando la viveza criolla. La consecuencia es clara:  la estrategia al largo plazo nos ha costado y nos seguirá costando más. Ojalá aprendamos de estos errores y nos demos cuenta que ser vivos siempre pasa factura. Ojalá los responsables que tomaron esta decisión pidan su factura con datos y acepten su responsabilidad en el tema. No olvidemos el famoso “ ¡que la Patria les premie, caso contrario les condene!”.