Todo lo que tenemos es lo que se lee en medios y en las sobremesas. Por ejemplo, la ensambladora de autos Mazda, Maresa, cerró su planta en septiembre de 2015. Según el asesor de la UGTE, esto causó 1.200 despidos. Lo que se dice es que cerraron porque no tenían ventas, el cupo de importación de automóviles y la situación económica del país. Pero las versiones difieren: una nota en Ecuador Noticias dice que fueron 700 y el Presidente de la compañía dice que fueron 375. Otras empresas también fueron mencionadas por el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, y por el asesor de la UGTE: Textiles Equinoccial —600 despidos—, Botar —300—, petroleras —cerca de 1.000— Edesa, Pinturas Condor, Colchones Paraíso, Banco del Pichincha. Para finales de 2015, 551 personas fueron desvinculadas de Petroecuador, y según diario El Comercio, el Estado no renovó el contrato de 5.500 empleados.
Otro indicador para entender qué ha pasado en el país es la tasa de desempleo. De 2014 a 2015 incrementó 0,97% —de 3,80% a 4,77%— convirtiéndose en una de las más altas de estos nueve años de Revolución Ciudadana. Y el presidente Correa lo sabe: anunció que implementará reformas como un seguro de desempleo, y que las pasantías ya no deberán ser remuneradas con el sueldo básico. El mismo Presidente tildó de carácter urgente a la implementación de este seguro, que si bien no se sabe en qué consiste, será una especie de ayuda económica que entrega el Estado a los que no tienen trabajo. En cuanto a las pasantías, es como si quisiera bajar la tasa de desempleo de forma desesperada para mejorar sus indicadores. Mientras tanto, la falta de transparencia y de acceso a los datos públicos continúa. La incertidumbre es un claro síntoma de crisis: la especulación se apodera de la conversación, y esa especulación lleva a comportamientos erráticos y —en el peor de los casos— a escenarios de pánico.
Los datos que le pedí al Ministerio del Trabajo eran —justamente— para confirmar si lo que las organizaciones decían es verdad. La única información pública relacionada al tema es la del INEC: hasta diciembre de 2015 hay 357.892 ecuatorianos sin empleo —cerca de 84.292 más que en 2014— sin contar las 3,6 millones de personas que tienen un empleo inadecuado —sin remuneración o sin los derechos que les corresponde. No se sabe por qué esos cerca de 85 mil ecuatorianos perdieron su empleo. Este desglose es lo que solicité al Ministerio. Fui una y otra vez, y me dijeron que podrían enviarme los datos la semana siguiente, una vez que los recopilen y que su entrega sea aprobada. Pero la información nunca llegó. Escribí varios correos, y el único que me contestaron fue uno en el que me repetían que esperaban una aprobación de los datos, pero ahí quedó todo. Y un mes y medio más tarde, aún no recibo la información que solicité y que es un insumo indispensable para el debate público.
Se podría elucubrar: las cifras no son alentadoras y por eso no los querían soltar; quizá, es simple desdén. Que la información se retenga porque no es beneficiosa para los gobernantes de turno no es una estrategia nueva. En Argentina, durante siete años, no se supo realmente cuál era la inflación. El gobierno venezolano, por su parte, decía que no publicaría ese indicador con la excusa de que “el país está en guerra”. En México, hace años exigen que se publique información oficial sobre violencia. La otra posibilidad, la del simple desdén, tampoco sería una sorpresa.
Lo cierto es que es una actitud recurrente en la burocracia ecuatoriana: hace un par de meses solicité una entrevista al Ministerio de Salud. Estaba investigando sobre el Síndrome de Laron en Ecuador y quería hablar con un asesor para aclarar por qué no les entregan la medicina a los niños afectados. Esperé cuatro meses, envié el cuestionario para la entrevista hasta que llegó un punto en que dejaron de contestar los correos.
Y nunca más me respondieron. Parecería que estas instituciones tienen un protocolo de cómo alejar a los periodistas que solicitan información que les resulta incómoda. No sería raro, además, que cuando se publiquen las notas sin las versiones que —durante semanas— se les ha pedido y no entregan, las instituciones estatales se quejen de falta de contraste. Dirán que que no hemos hecho bien nuestro trabajo, y hasta alguna multa nos querrán imponer. Mientras tanto, la conversación cotidiana, lo que se escucha en las calles y se dice en los medios no variará demasiado: cada vez hay más gente desempleada, menos información.
