Sacudón carnavaleño

Tengo la extraña teoría de que nunca hay hechos políticos interesantes antes de un feriado o fin de semana. Sin embargo, el viernes 5 de febrero de 2015 esta teoría se vino abajo. El Presidente Rafael Correa anunció vía Twitter que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas fue cesado anticipadamente debido a su rechazo al débito de cuarenta y un millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) por un error de avalúo en los terrenos adquiridos por el Ministerio del Ambiente para la construcción del parque Samanes. El país de feriado, el alto mando militar, cesado.  

Lo sorprendente es que esta medida drástica, tanto de parte de militares como del Presidente, fue detonada por un asunto relativamente insignificante: una devolución por error de avalúo catastral.  Sin embargo, si analizamos más detenidamente las aristas militares, civiles, y políticas de este hecho descubriremos que es el más sorprendente en 37 de democracia que bien podría marcar una nueva realidad política para el Ecuador.

Hay una dimensión netamente militar del problema.  Las Fuerzas Armadas han tenido que lidiar con una serie de desacuerdos con el Gobierno actual —en cuanto a sus misiones principales, así como su estructura— que he analizado en artículos anteriores: desde inconformidades por asumir más roles de seguridad interna hasta desencuentros sobre la cantidad y organización de tropas con las que contamos, el Alto Mando había tomado medidas de prensa similarmente polémicas como cadenas televisivas nacionales y comunicados de prensa. El problema de todas estas medidas era que, desde una perspectiva exclusivamente tradicional, eran un atentado contra el control civil sobre los militares. Para expertos como Samuel Huntington —autor de El Soldado y el Estado— los militares no pueden discutir públicamente sobre asuntos que sean inclusive de su competencia profesional porque lesionarían su sumisión a la autoridad civil. Bajo esta figura, aunque hubiera tenido motivos estrictamente profesionales para tener desacuerdos con el gobierno, sus declaraciones —actuales y pasadas— estaban fuera de lugar. 

Hay una dimensión civil, también. El Gobierno Nacional había lidiado con estas actitudes de una manera que se puede considerar prudente. Por ejemplo, ante la cadena nacional ordenada por el general Leonardo Barreiro como Jefe del Comando Conjunto el 18 de Diciembre del 2013 para clarificar que las reformas militares que el Gobierno había anunciado no eran oficiales por cuanto el Alto Mando no se había pronunciado sobre las mismas, el Presidente le respondió recordando que los militares no debían deliberar sobre decisiones nacionales. No se cesó a ningún General o Almirante. Esta actitud continuó ante rumores que surgieron durante julio del 2015 sobre supuestos desencuentros entre los militares y el presidente Correa. En esta ocasión tanto el Ministro de Defensa, Fernando Cordero, como el ahora ex Jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, reiteraron que las Fuerzas Armadas eran sumisas al Gobierno y la Constitución. Nuevamente, el Gobierno no tomo medidas punitivas y prefirió responder con calma a los desafíos a su autoridad. El patrón de conducta civil ante los militares ha sido de prudencia pero con la intención de dejar claro que no había debilidad civil, sino calma para tomar decisiones en temas militares.

Al final, está la dimensión política del asunto. Por años, el Gobierno Nacional mantuvo una postura respetuosa pero firme para delinear la política militar del Ecuador. Esto es constitucional y democráticamente adecuado aun cuando las decisiones puedan generar equivocaciones que he analizado previamente.  De acuerdo a Peter Feaver, profesor en temas militares de la Universidad de Duke, aun esos errores son parte de los privilegios civiles en una democracia con control civil sano sobre los militares. Sin embargo, la calma del Gobierno no ha ido de la par con la evolución cultural de los militares ecuatorianos que ostentan grados de oficial general o almirante.  En el comunicado sobre el ISSFA los oficiales usan un párrafo para argumentar que su deber es defender la Constitución lo que significa una soterrada apelación al viejo concepto de garantes que tenía la Constitución de 1998. Fue tan desacertada que inclusive opositores acérrimos de Rafael Correa como Carlos Vera la rechazaron via twitter. 

Aún más impresionante es que esta desacertada amenaza fue detonada por un asunto administrativo que no puede ser entendido como un ataque al ISSFA o a las Fuerzas Armadas. En primer lugar, la polémica del terreno del parque Samanes es un error netamente de avalúo comercial. No es ninguna forma de ataque a los militares: no se está inculpando a nadie de un crimen, solo se busca optimizar el uso de recursos públicos. En segundo lugar, tanto en términos presupuestarios como institucionales, el Gobierno Nacional ha reconocido la importancia de financiar al máximo posible las necesidades militares del país. Aun cuando han existido problemas con las adquisiciones militares de la actual administración, el Gobierno ha dado un respaldo absoluto a recuperar la capacidad operativa perdida después de la Guerra del Cenepa, y ha respetado los procedimientos de ascenso institucional de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, a pesar de que la realidad actuarial del ISSFA implica que en todo momento hay más beneficiarios que contribuyentes a la institución, el Gobierno tomó la decisión de garantizar constitucionalmente su existencia y financiamiento. En pocas palabras, no hay ningún ataque a las Fuerzas Armadas.

El trasfondo de la actual polémica no es un mero desencuentro administrativo entre civiles y militares: representa un problema cultural profundo en las Fuerzas Armadas que les impide reconocer que no son deliberantes.  Las Fuerzas Armadas del Ecuador, invocando caducas formas de garantismo democrático y pisando fuera de los asuntos profesionales que deberían enfocar su atención, están poniéndose de lado equivocado de la historia. Por eso, la reacción del Gobierno es histórica. En 37 años de democracia, es difícil encontrar ejemplos de Gobiernos que tomaron la decisión de cesar a sus generales y almirantes cuando estos tomaron una postura clara contra sus órdenes. Es aún más sorprendente porque el Gobierno tenía alternativas para evitar este conflicto. Por ejemplo, podía esperar dos semanas para que el general Luis Garzón termine su período legal como Jefe del Comando Conjunto y rechazar la terna formada por sus subalternos en antigüedad a fin de hacer lo que hizo este viernes pero sin la publicidad y frontalidad de la actual medida. Sin embargo, al parecer el presidente Correa entendió que dos años de calmadas reacciones eran suficientes y que el control civil sobre nuestros militares requería una acción firme. Eso es lo que pasó este viernes de carnaval.

Pero el Gobierno no queda enteramente absuelto de responsabilidades en esta situación. Aun cuando el Presidente tiene la prerrogativa (y acierto) en remover al Alto Mando por su comportamiento inapropiado, su administración necesita mejorar su entendimiento y gestión en materia militar.  Por ejemplo, el Presidente ha defendido la necesidad de diversificar las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempos que una guerra convencional con uno de nuestros vecinos es poco probable. Sin embargo, la diversificación de misiones militares coexiste con reducir considerablemente el tamaño de nuestros militares. Entre estas dos medidas, el Gobierno ha decidido garantizar las pensiones y sostenibilidad financiera del ISSFA.  Estas acciones reflejan su poco entendimiento en materia militar. En pocas palabras: si reducimos el número de efectivos militares y diversificamos sus misiones asumimos el riesgo considerable que la capacidad de combate decline considerablemente debido a que menos soldados tendrán que dominar más especialidades, algunas totalmente contrarias al arte de la guerra.  Adicionalmente, la disminución de contribuyentes militares al ISSFA tenderá a aumentar los fondos que el Gobierno debe destinar para subsidiarlo, algo que —a la larga— podría consumir considerablemente el presupuesto de defensa. Teniendo en cuenta que parte de las tensiones previas entre Gobierno y líderes militares han pasado por alguno de estos puntos, es claro que el Gobierno no quiere aceptar la discordancia que sus políticas de defensa mantienen.

Ante esta situación es importante hacer dos observaciones. Primero, esta polémica es totalmente irrelevante tanto para el futuro del ISSFA como la efectividad de combate de las Fuerzas Armadas.  No vamos a sufrir un colapso militar por debitar $41 millones al ISSFA. Sin embargo, si existen importantes y complejas decisiones sobre las que depende el futuro del ISSFA así como de nuestra capacidad de combate las cuales he analizado en artículos previos. Vale la pena recordar que nuestras reformas militares en curso, nuestra capacidad de combate, y el futuro del ISSFA están relacionadas.  Como país necesitamos identificar nuestra prioridad entre estos tres factores y tomar todas las medidas para garantizar que los militares ecuatorianos sean capaces de triunfar en el campo de batalla y que cuenten con una malla de respaldo por el sacrificio sobrehumano que hacen en nombre del Ecuador.

Segundo, la oposición ecuatoriana tiene una oportunidad de oro en esta polémica. En lugar de tomar partido con los militares en retiro y el alto mando saliente, los políticos de oposición deben mirar las acciones del gobierno en el contexto de sus propias aspiraciones para conquistar la Presidencia en las futuras elecciones. Esto significa que todos aquellos políticos que tienen el deseo de contar con suficiente libertad de decisión y reducir riesgos a la estabilidad de su administración deben reconocer que reducir el poder político de las Fuerzas Armadas es algo que los beneficia directamente. Consecuentemente, deben admitir que la medida del Gobierno no hace más que beneficiar su propia supervivencia en caso de conquistar el poder vía electoral. Por ejemplo, Guillermo Lasso debe entender que en lugar de ganar unos cuantos votos militares repudiando la acción del Presidente puede ganar mucho más si la institución que es la Presidencia cuenta con un poder de comando sobre los militares que sea robusto. Esto le garantizara a Lasso capacidad para tomar las políticas militares que crea que son en el mejor beneficio nacional así como remover un actor que puede volverse contra él, si le conviene. En conclusión, la oposición y el país debe entender que este viernes iniciamos mucho más que un feriado largo: iniciamos el fin de la dominación militar de nuestra democracia.