El aborto como defensa de la vida digna

Hace algunas décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una emblemática sentencia en el caso Los Niños de la Calle, en la que determinó violaciones al derecho a la vida. Según la Corte, el Estado de Guatemala falló en garantizar a las víctimas las condiciones de existencia dignas que los alejaran de la mendicidad y la pobreza extrema. Según la Corte, esto constituyó una doble victimización: primero, los niños eran obligados a tener una vida miserable y, después, eran criminalizados y asesinados por el hecho de tratar de sobrevivir en esas condiciones.  

 Y es que a diferencia de otros seres vivos, para los seres humanos, la vida no se agota en el simple “nacer-crecer-reproducirse-y morir”. Para nosotros, supone también, contar con medios materiales y emocionales adecuados, que aseguren una existencia integral, libre y realizada. Estas reflexiones no pueden ser excluidas del debate sobre la legalización del  aborto,  que muchas veces parece estancarse en el argumento de que la mujer es dueña de su propio cuerpo. 

También es necesario mirar al aborto como un posible mecanismo para evitar que millones de seres humanos vengan el mundo en deplorables condiciones económicas, afectivas y sociales. Condenar a un niño a vivir extrema pobreza, con una enfermedad crónica o incurable, en ambientes donde prime la violencia, o en los que, simplemente, no va a recibir el amor y cuidado que se merece y necesita, constituye una violación sistemática y continuada del derecho a la vida en dignidad; una situación aún más cruel y dolorosa que el propio procedimiento de aborto. 

Hace ya 43 años, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos resolvió —en el emblemático caso Roe v. Wade— que deben tomarse en cuenta otras situaciones además del estado de salud física de la madre al momento de permitir o negar un aborto. La Corte llegó incluso a reconocer que “la excesiva angustia que genera un embarazo no deseado, y los problemas sociales asociados con traer a un niño a una familia que está incapacitada, económica o psicológicamente, de hacerse cargo del niño” deben ser factores determinantes que las autoridades deben tomar en consideración.  En esta línea, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó en 2005, en el caso K.L. v. Perú, que forzar a una mujer a llevar a término un embarazo de una niña con pocas probabilidades de sobrevivir, para luego verla morir al poco tiempo, constituyó un trato cruel, inhumano y degradante por el innecesario e intenso sufrimiento padecido por la víctima. 

La epidemia del Zika y la posibilidad de que millones nazcan con microcefalia nos exige replantearnos el tema del aborto a la luz del derecho a la vida en dignidad. En algunos países, como El Salvador, la respuesta de las autoridades ante la emergencia ha sido simplemente recomendar a las mujeres no quedarse embarazadas hasta el año 2018. Eso posiblemente es viable en estratos sociales donde ellas tienen acceso a anticonceptivos o anticoncepción de emergencia. Pero no es una solución real en casos de mujeres de escasos recursos, con poco o ningún acceso a mecanismos anticonceptivos, o que han sido víctimas de embarazos forzados a causa de una violación. En muchas regiones pobres de Brasil y Centroamérica, las mujeres han afirmado, angustiadas, que ni siquiera pueden costearse un repelente de insectos, mucho menos pastillas anticonceptivas.

De no reformularse las prohibiciones legales con respecto al aborto, estaríamos enfrentando la posibilidad de que millones de niños vengan al mundo en condiciones que no aptas para su pleno desarrollo. La microcefalia es una enfermedad que afecta tanto el desarrollo cognitivo como el físico de quienes lo padecen: funciones motrices atrofiadas, lenguaje y aprendizaje seriamente comprometidos, enanismo, malnutrición, y un sinnúmero de otras condiciones que varían de paciente a paciente, y que necesitan cuidados médicos especiales y permanentes. Si las madres de estos niños, generalmente provenientes de zonas de escasos recursos, hoy por hoy no pueden ni siquiera pagar el repelente para espantar al mosquito que causa el Zika, mucho menos podrán cubrir los procedimientos médicos y medicina que de por vida necesitarán estos niños y que es fundamental para que tengan, dentro de sus posibilidades, una existencia digna. 

Los Estados tienen dos opciones. O permiten el aborto para las mujeres embarazadas contagiadas con el virus del Zika, o desde ya, empiezan a generar una política pública de salud destinada a dar atención integral a estos niños cuando nazcan. La OMS ha declarado emergencia en 33 países, y las formas de contagio parecen ir en aumento. Solo en Brasil se han reportado más de 4.000 casos de niños con microcefalia asociados al brote del Zika desde septiembre de 2015. En Colombia, se estima que hay 20.000 personas infectadas, de las cuales 2110 son mujeres embarazadas. En Ecuador se ha reportado ya un caso de una mujer embarazada con el virus, aunque podrían ser más porque en ciertos casos, los síntomas no se manifiestan. Ante este escenario, ¿están nuestros gobiernos capacitados para atender esta emergencia y sus secuelas? 

En días pasados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a eliminar las restricciones al aborto, a la luz de la epidemia del Zika, y con razón. Es inhumano forzar a una madre al sufrimiento diario de no poder darle a su hijo los cuidados que requiere para sobrevivir. Más inhumano aún, es condenar a otro ser humano a vivir en condiciones indignas e incompatibles con su derecho a la integridad física, si ello es evitable. A menos de que los Estados puedan y estén dispuestos a cubrir al menos con los costos de atención de por vida que los niños con microcefalia por Zika y sus familias requerirán para tener una existencia digna, el aborto es la única solución humana, solidaria y empática que podemos dar al problema.