El matrimonio de Estado e iglesia fue celebrado por el partido Conservador ecuatoriano a mediados del siglo XIX. Gabriel García Moreno implementó la octava constitución del país —conocida también como la Carta Negra—, en la que se exigía como requisito indispensable para ser ciudadano, la profesión del catolicismo. Para 1897, el ex presidente Eloy Alfaro aprobó la primera ley de libertad de cultos y rompió con la Santa Sede. El Estado se separó de la Iglesia y el laicismo de Alfaro se mantuvo hasta 1937 cuando el presidente Federico Páez —con el objetivo de reparar los atropellos realizados a la iglesia católica durante el tiempo de Alfaro— firmó el Modus Vivendi y emitió un decreto-ley presidencial vigente hasta ahora. En ambos documentos se detalla cómo se debe manejar el Estado en aspectos de religión, educación y obispado con recomendaciones de la Santa Sede. Además otorga ciertos privilegios a la iglesia Católica: fondos estatales para templos y escuelas, no permite que las personas puedan reunirse a realizar culto sin constar antes como persona jurídica en el Estado, y los días santos para los católicos son también días festivos en todo el Estado laico del Ecuador.
Las quejas, de los otros culto, van desde el día festivo, la representación legal y política hasta la libertad de utilizar la vestimenta deseada. “La ley tampoco respeta los días santos de otras religiones o creencias que no sean la católica, como es para nosotros el shabat (sábado), día en el que no podemos realizar ninguna actividad” —explica el rabino Max Godet, representante de la comunidad judía de Ecuador— “Pero no estamos amparados bajo ninguna ley que pueda excusarnos de actividades laborales y civiles”. Para los judíos, en este caso, es muy complicado ya que sienten que deben elegir entre obedecer las leyes de su país o de su Dios. Algo que la religión hegemónica del país jamás tendría que preocuparse ¿o acaso se han realizado elecciones en un domingo de resurección? El imam de la Mezquita Assalam y representante de la comunidad musulmana del Ecuador, Juan Suquillo, comparte esa preocupación: “En la ley actual no se observa ningún artículo que proteja el derecho de vestir y portar símbolos de conformidad a las creencias religiosas de cada persona. Este es el caso de nuestra religión en la que no se permite a las mujeres utilizar el velo en todo lugar, incluso instituciones públicas”. A la musulmana Carla Ruales (nombre protegido), por ejemplo, le han exigido sacarse el velo en bancos o al tomarse la foto de su cédula, en Quito. Algo, que para ella, es sagrado según su religión. Hay cerca de 7.000 musulmanes practicantes en todo el Ecuador, según el Centro Islámico en Quito. La comunidad musulmana no se siente protegida por la ley al ejercer sus derechos constitucionales.
Cuando el proyecto de ley de la Conalir estaba listo en 2010, no hubo legislador que la apoye, a pesar de haber tenido el apoyo inicial por parte del Estado. El ejecutivo eliminó el Ministerio de Gobierno, Policía, y Culto y movió la Secretaría de Cultos al Ministerio del Interior y, finalmente, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Allí, el proyecto se archivó pero otro proyecto surgió en el pleno de la Asamblea Nacional. El ese entonces asambleísta independiente Marco Murillo presentó su versión de un proyecto de Ley de Libertad e Igualdad Religiosa. A pesar de poseer ciertos elementos del proyecto realizado por la Conalir, como el presidente de la organización, Fernando Muñoz explica, “Murillo no pudo responder a los cuestionamientos de la Asamblea” porque él, en realidad, no había redactado el proyecto de ley. Al final, perdió toda la seriedad con la que los miembros de la Conalir lo habían preparado y simplemente no fue aprobado. Muñoz cuenta que el padre Omar Mateo, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, estuvo presente durante la presentación del borrador del Conalir, pero que la iglesia Católica lo rechazaba, a pesar de haber formado parte de las primeras mesas de conversación. El padre Omar Mateo dice que para su iglesia, la ley actual está bastante bien como está y que las leyes son para la mayoría y no para las minorías. “La iglesia católica respeta y conserva el concepto de libertad religiosa y culto pero debemos entender algo: Si en una casa todas son mujercitas entonces hay que comprar cosas de mujeres y lo mismo si todos son hombres” —dice el funcionario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana— “En el Ecuador la mayoría de personas responden a la fe católica, entonces no podemos decir que somos iguales que iglesias que no tiene la misma historia y herencia en este país”. En otros países, donde la vigencia de los derechos de culto no se basa en un concurso de popularidad, funcionarios más sensibles con las necesidades religiosas de sus ciudadanos lo han entendido: en el Reino Unido, donde la población musulmana sigue siendo minoritaria —aunque numerosa—, el año escolar intentará no interferir con el Ramadán musulmán, tiempo de ayuno obligatorio para los seguidores del Islam. En el Ecuador, en cambio, lo que debía ser herramienta para la plena igualdad de derechos fue desechada.
Ahora, como no tienen apoyo para presentar el proyecto de ley, los promotores del Conalir se han enfocado en una campaña de concientización al público sobre la discriminación religiosa. Con la ayuda del Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, han realizado campañas en redes sociales, ido a escuelas, entidades públicas y universidades para hablar de lo que significa ser una minoría creyente y por qué es importante que el Estado los reconozca.
A los miembros de la Conalir se les está negando un derecho constitucional: ser iguales frente a la ley. Muñoz dice que no buscan ser iguales —en el sentido de prácticas— ni quitarles derechos a la iglesia Católica. Para él, hay discriminación todos los días para los pocos que optaron por no seguir a la religión mayoritaria. Ahora, en que cada vez más personas practican una religión distinta a la Católica, la ley de cultos debería reformarse. Es solo lo justo: que aquellos representantes —incluidos los católicos— redacten una ley que ampare a todos por igual, con los mismos ya no privilegios, sino derechos. No se trata de quién tiene más seguidores que otros, sino de un asunto básico de derechos humanos: todos somos iguales, sin importar sus prácticas mayoritarias o minoritarias, y todas esas creencias merecen el mismo respeto y condiciones para ser practicadas en libertad.
