Las protestas que duraron dos semanas en junio, las del 13 de agosto y el 3 de diciembre en Ecuador dejaron 192 personas heridas y 169 detenidas —de las que 38 ya salieron en libertad. En estas dos fechas, los manifestantes quemaron llantas, lanzaron palos y piedras, pelearon con puños y patadas. Algunos policías y militares se resguardaban tras sus escudos, que tenían inscrito frases humanizantes: Soy policía y hermano Soy policía y esposo Soy policía e hijo Soy policía y padre. Al mismo tiempo, arrestaban manifestantes y golpeaban con sus toletes a otros que se caían al huir de los gases lacrimógenos. Tal vez los casos más notable fue el de la académica Manuela Picq y el fotoperiodista Diego Pallero, que quedaron registrados en video. En medio de las manifestaciones, se propusieron leyes a la plusvalía y a las herencias, y se aprobaron enmiendas constitucionales en la Asamblea que, para muchos, debieron ser consultadas en las urnas. Políticos de todas las tendencias se aprovecharon e hicieron campaña a favor y en contra de las medidas. Las redes sociales eran un hervidero de información sin confirmar: era el fuego cruzado de nuestros tiempos.

#FueraCorreaFuera

El presidente Rafael Correa anunció el 5 de junio de 2015 que enviará un proyecto de ley sobre herencias y plusvalía con carácter económico urgente.  Con esa ley, el Estado recibiría un impuesto progresivo de acuerdo al valor de la herencia con una base de 35.400 dólares por persona y un impuesto a la ganancia extraordinaria de un inmueble. El anuncio del Presidente enfureció a muchas personas en todo el país: desde el 8 hasta el 14 de junio, cientos de civiles salieron a las calles portando banderas negras bajo el lema “¡Fuera, Correa. Fuera!”. La recién aprobada Ley de Régimen Especial de Galápagos el 28 de abril también causó que los habitantes de las islas protesten ante las nuevas reformas. Los protestantes exigían algo muy claro: que el Presidente abandone su puesto inmediatamente.

Desde la Tribuna de la Shyris y en el Centro Histórico en Quito, en varias calles de Guayaquil, en Cuenca y Galápagos se veía a los portadores de las banderas negras exigiendo que el Presidente salga del poder. Y los simpatizantes del Presidente les respondían “uuu, aaa, Correa no se va” mientras Correa estaba en Bélgica e Italia en la segunda cumbre entre CELAC y la Unión Europea (UE). Cuando llegó el día de su regreso, los manifestantes organizaron una caravana hacia el aeropuerto en Tababela para recibir al Presidente con sus quejas, banderas negras y protestas. El Presidente archivó los proyectos de Ley de forma temporal y las manifestaciones comenzaron a disminuir pero ya se estaba organizando el paro nacional del 13 de agosto.

Las dos semanas de manifestaciones dejaron tres detenidos acusados por sabotaje durante las protestas en el Centro Histórico de Quito por incendiar una motocicleta de Policía y herir a un oficial y un civil en el proceso. En Galápagos detuvieron a una persona de 61 años y fue sentenciada con prisión preventiva por romper un cerco policial y utilizar piedras y palos en contra de los oficiales. Un conductor fue retenido en Guayaquil por transportar carteles para las manifestaciones lideradas por el líder de CREO, Guillermo Lasso. Pero fue liberado ese mismo día. Estos enfrentamientos marcaron una clara diferenciación en los ecuatorianos: o eres de oposición o eres del oficialismo. No había más opción.

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13A 

El 2 de agosto de 2015, cerca de doscientas personas salieron de Tundayme (una parroquia en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe) hacia a Quito. Era la Marcha Indígena por la Dignidad y la Vida. En Latacunga se unió con el Levantamiento Indígena liderado por la Conaie, que había empezado su caminata hacia la capital el 10 de agosto. En Quito los esperaban cientos de personas para unirse a sus protestas en  contra de las enmiendas constitucionales —especialmente la de la reelección indefinida—, la Ley de Aguas y Tierras (a la que acusan de privatizadora), la minería (que el gobierno impulsa con socios extranjeros), el irrespeto a la naturaleza (marcado por la explotación de los yacimientos en el parque Yasuní ITT), y el acceso a la educación superior y a la educación intercultural bilingüe (que dicen que se ha limitado por la restricción limitada a las universidades o el cierre de centros infantiles y escuelas comunitarias).

Los indígenas acamparon en el parque El Arbolito, cerca del Centro Histórico de Quito.  Decenas se unieron para darles comida, sacos para dormir, carpas, cobijas, ropa. Algunas calles del Centro Histórico, las vías a Cochasquí, Tabacundo, Machala, Guayaquil y Latacunga estuvieron inhabilitadas por varios días. Los militares se presentaron en Saraguro, en la vía Puyo-Macas y en Macas. Los manifestantes prendieron fuego a llantas, pusieron palos para formar barricadas que evitaran el paso de los policías que tenían órdenes de impedir su avance. La periodista franco brasileña Manuela Picq fue violentamente arrestada, le revocaron la visa que tenía para estar en Ecuador y al no querer renovársela, volvió a Brasil porque se encontraba en un limbo jurídico. Las movilizaciones se dieron hasta el 23 de agosto de 2015 en Saraguro, Morona Santiago, Quito, Cuenca, y Guayaquil bajo el mismo lema que en junio: “Fuera Correa Fuera”. Las manifestaciones dieron un único resultado: 142 personas detenidas, 77 civiles, y 99 policías y militares heridos.

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El 16 de noviembre, la Comisión de Enmiendas se reunió para preparar el informe del segundo debate sobre el paquete de 16 enmiendas propuesto por el presidente Rafael Correa. Una vez listo el informe, la presidenta de la Asamblea Constituyente, Gabriela Rivadeneira, convocó a la sesión donde ese segundo debate tendría lugar. Ante la noticia, la Conaie convocó a un levantamiento en contra de la votación de las enmiendas que, entre otras cosas, catalogaba a la información como un servicio público, permitía la reelección indefinida y la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Varios grupos sindicales, ciudadanos y estudiantes respondieron al llamado.

El 2 de diciembre, los policías cercaron con mallas los alrededores de la Asamblea Constituyente para que los protestantes no se acercasen. Al siguiente día, cientos de sus oficiales se pararon frente a las mallas para que no las traspasen. Asambleístas como Miguel Ángel Moreta de CREO denunciaron que los policías no dejaban pasar a los militantes de oposición. El reportero gráfico de el diario El Comercio, Diego Pallero, fue agredido por los policías mientras decenas de personas corrían y se enfrentaban a los oficiales. A las 19:00 veintiún personas que lideraban las marchas fueron arrestadas en El Arbolito por contravención. Fueron sentenciados a quince días de prisión y 20 de ellos fueron liberados el 17 de diciembre. La última persona y la única mujer apresada, Cristina Alarcón, fue liberada el 18 de diciembre en la mañana desde un centro de detención en Chillogallo, en el sur de Quito. Durante estas protestas, hubo 13 policías heridos y no hay información de cuántos civiles fueron heridos a excepción de Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y el reportero de El Comercio.

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