Escucho y no obedezco

A nadie sorprendió el voto abrumador en favor de las reformas constitucionales y la casi perfecta homogeneidad de los asambleístas de Alianza País (AP). Justo después de la aprobación de la Constitución montecristiana, los pocos focos de desencuentro (Alberto Acosta, Gustavo Larrea, Ruptura de los 25) se han ido alejando del partido de gobierno. Desde entonces, las iniciativas legislativas son un parlante de las decisiones presidenciales. En esa caja de resonancia ha imperado el eco absoluto, sin espacios para la disonancia —entendida como disentimiento— que pudiera generar el debate legislativo dentro de la fuerza política dominante del Ecuador. El intercambio de opiniones distintas y los desacuerdos en Alianza País han desaparecido de la esfera legislativa. Y, si ocurren, son objeto de escarnio y punición. Por eso, abstenciones como las de Bustamante son sorprendentes. El voto del exministro creó un debate sobre la hermenéutica política que genera en nuestro país un gesto como el disenso. El problema es que en cualquier democracia sería un tema común y corriente. Y, además, esperable. 

La idea de ganar por goleada es la premisa con la que ha actuado Alianza País. Está en el ADN del partido: mientras más votos, más legítimo. No basta ganar. Hay que hacerlo con una diferencia abrumadora, para mostrar hasta qué punto están haciendo historia. AP impuso con un margen abultado (99 votos a favor, una abstención y 7 votos en contra) su tesis en la Asamblea: la necesidad de cambiar la Carta Magna aprobada por el mismo movimiento político en 2008, para darle más poder al Ejecutivo. Más allá de las contradicciones que echaban al tacho de basura otra tesis fundamental —la Constitución Perfecta, que duraría 300 años—, y el evitar una consulta popular que podría evidenciar la vulnerabilidad de AP en plena crisis económica, las reformas constitucionales fueron una dedicatoria legislativa de masiva incondicionalidad: con infinito amor a Rafael Correa y a su proyecto. 

Más allá de los temas de debate, es muy difícil imaginar que en el juego de la política haya acuerdos plenos. Más complicado es todavía que en una Asamblea —en la que se supone existe una representación de la diversidad del país en la fuerza política mayoritaria, AP— las discrepancias y matices respecto de lo que se legisla estén ausentes. Peor: que esta falta de debate se dé frente a cambios constitucionales, es aún más llamativo. La versión oficial apunta a que los asambleístas disienten en privado, pero que una vez tomada la decisión, existiría plena adhesión a la propuesta. Es decir, se delibera y se debate a puertas cerradas, pero en público la postura es monolítica. Algunos atribuyen este comportamiento a un sentido estratégico, con el que se quiere consolidar un proyecto político revolucionario de largo plazo, que busca transformaciones sustantivas. Y que rompe —en el discurso— con el estigma de la vieja partidocracia: no más hombres del maletín, ni compra de consciencias, ni enriquecimiento con la política. El problema es que la caja negra de los debates internos deja la impresión cada más acentuada de que el Legislativo es un poder sumiso del Ejecutivo. Ya es hora que la relación entre los dos poderes del Estado se clarifique. Y que el debate entre los legisladores de AP funcione donde debe darse: en el pleno público de la Asamblea.

El argumento de una postura monolítica de los asambleístas de AP era funcional al principio. Cuando se querían realizar transformaciones —en la Constitución, en la manera de hacer política—, al inicio del gobierno de Rafael Correa, el discurso del cambio y la ausencia de disensos al interior de AP eran útiles y muy efectivos. Pero, tras nueve años en el poder, con una institucionalidad construida a imagen y semejanza del proyecto, si lo que se propone es cambiar lo que en su momento se dijo era perfecto, uno esperaría escuchar algo sobre el propósito original del artículo constitucional. Y que durante el rewind de la historia y de la lógica con la que se construyó la Constitución Perfecta, aquellos que participaron en la misma —o que hicieron gala de constitucionalismo durante estos últimos siete años— dijeran por qué lo que defendieron con tanto ahínco y orgullo ahora merece cambiarse. Y que explicaran cómo lograron comunicarse con sus mandantes para interpretarlos tan decididamente en su intención de rectificar la Constitución que hace apenas siete años se aprobó mayoritariamente en consulta popular.   

Igual ocurre con el cacareado purismo frente a los intereses corruptores de las decisiones legislativas. Fue una atractiva manera para que “la unidad de criterio legislativo” ganara legitimidad. Ahora, tras un periodo tan largo de disfrute del poder, la real independencia de los asambleístas es dudosa. Puede que no haya hombres del maletín pero sí un gran articulador que ha ganado poder como ningún otro político en el periodo posdictadura. 

La misma dinámica del proyecto generó una retroalimentación perfecta: la anuencia total de AP en el Legislativo le da más soporte político a Rafael Correa, quien a su vez se encumbra como la fuerza que le proporciona el éxito electoral a Alianza País y a sus candidatos. Por eso Correa es el gran elector: él decide endosar el apoyo a los compañeros para que trabajen en alguna función asignada en la Asamblea o en el Gobierno. Basta preguntarse qué pasaría con muchos asambleístas de AP, si su nombre fuera discutido en la plantilla electoral y el pulgar de Rafael Correa apuntara al suelo. ¿Tendrían alguna opción de ser elegidos si van como candidatos independientes? Seguro los legisladores de AP tienen presente lo que le ocurrió política y electoralmente a Ruptura de los 25. 

Estos antecedentes son los que dan soporte a la idea de que los asambleístas de Alianza País carecen de criterio propio —al menos en el debate público— y que acatan sin chistar la voluntad del líder. Levantamanos, borregos, títeres, genuflexos son vocablos que han ido adquiriendo sentido en el imaginario popular para denominar a los legisladores verdeflex. Ellos mismos se han encargado de construir ese léxico, a partir de sus actos: cada vez que han defendido principios de los que luego abjuraron cuando cambió la voluntad del líder (la reelección indefinida); cada vez que alzaron la voz para dar su opinión y luego callaron cuando el líder se los recriminó e impuso su voluntad (reforma del aborto por violación); cada vez que decidieron apoyar o contradecir las iniciativas de algún grupo de la sociedad civil y luego dieron marcha atrás cuando dicho grupo cayó en desgracia o se amigó con el líder (posturas con sindicatos y empresarios). En Las mil y una noches, un súbdito respondía a la orden de su señor con la misma frase: escucho y obedezco. Los legisladores gobiernistas parece que se han convertido en especialistas en escuchar y obedecer a Rafael Correa: escucho y obedezco versión siglo XXI.

La capacidad de debatir, de cuestionar, de deliberar y de discernir, parecen haberse extinguido en AP. Algunos lo pueden justificar como una manera de desenmarañarse de la historia de infinitos desacuerdos que neutralizaron los procesos de elaboración de políticas públicas en el país. Como bien lo refieren Mejía et al, antes de la llegada de AP, el sistema político ecuatoriano estaba atomizado, y era escasa la posibilidad de obtener acuerdos sustentables en el tiempo para la elaboración de políticas públicas. Pero ahora nos fuimos al otro polo: la inexistencia de debate produce un poder sin contrapesos, que elabora una arquitectura político-institucional a imagen y semejanza del arquitecto. Al final, se deslegitima la capacidad de una democracia para autorregularse, a través de un esquema de equilibrios institucionales o checks and balances.

El Ecuador es un país de extremos políticos, al que le cuesta ubicarse en un punto intermedio entre los disensos y acuerdos absolutos. Hace falta mucha madurez y responsabilidad para desarrollar una idea de democracia que no parta de premisas maniqueas. Y en la que todos tengan capacidad para deliberar y disentir sin que el sentido de la política y los partidos se rompa. Por ejemplo, Jeremy Corbyn ganó mayoritariamente (59,5%) las elecciones internas del partido laborista de septiembre de 2015 en el Reino Unido, con un discurso antibelicista. Antes de la decisión del parlamento británico del 2 de diciembre, Corbyn —líder de la bancada y del partido— fue muy claro en su oposición a que aviones ingleses participaran en el bombardeo a ISIS en Siria. Hubo un debate a puertas cerradas entre los laboristas, antes de la votación, pero 66 de sus 232 parlamentarios optaron por apoyar la tesis del premier conservador David Cameron, y con sus votos el Reino Unido se unió al esfuerzo bélico en contra del Estado Islámico. Hubo roces, quiebres, recriminaciones. Pero no hubo sanciones, ni penas, ni sentimientos de traición. El partido y Corbyn continúan, como  ha sido la tónica en sus 115 años de historia. 

Es un signo de madurez política que los consensos o los desacuerdos en un partido no generan suspicacias ni rupturas totales, cuando se dan en un espacio para discernir seriamente. Eso es lo que no se pudo construir antes de Alianza País en el Legislativo, cuando primaba un entorno increíblemente atomizado y depredador, pero tampoco se ha podido cimentar durante el poder hegemónico de AP, porque se ha malentendido el disentimiento con la traición. Lo que el país necesita es una práctica política civilizada y madura, en la que los acuerdos y las diferencias no signifiquen sumisión ni contradicción total. Más bien al contrario: debieran leerse como los componentes propios de una saludable democracia.