Hay gente necia que cree que el cambio climático es un mito, que no es de origen antropogénico y que no fue generado en su mayor parte por los países ricos. Hay países necios que creen que la solución para enfrentar este problema mundial se limita a ratificar ambiguos acuerdos multilaterales que no contienen sanciones si es que no se los cumple. En 1992, prácticamente todas las naciones del mundo vieron la creación del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para, supuestamente, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes, principalmente, de los países ricos, adaptar a los países más vulnerables frente a los efectos del cambio climático y transferir recursos y tecnología a los países en desarrollo para cumplir con el objetivo global de reducción. Como en toda norma legal, este Convenio definió varios principios como el de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” que básicamente se traduce en que las naciones ricas saben muy bien que son los responsables del cambio climático, sin embargo han logrado posicionar la idea de que las que están en desarrollo también son parte del problema.

Es así que, como una idea para transferir la responsabilidad de mitigación hacia los países en desarrollo, en la COP 11 en 2005, Nueva Guinea y Costa Rica propusieron un mecanismo para la Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación de los Bosques —más conocida como REDD—. Este mecanismo se sustenta en que el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero (los responsables del cambio climático) se relacionan con el deterioro de los bosques, y en que los países en desarrollo necesitan incentivos económicos para conservarlos.

A partir de ese momento, REDD fue discutido en la agenda de las negociaciones de la COP y formó parte del Plan de Acción de Bali en la COP13 en 2007. Ahí se añadieron otros componentes del mecanismo que fueron representados por el signo más: el rol de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el incremento de las reservas de carbono asociado a bosques en países en desarrollo. Se lo llamó REDD+. Durante los siguientes seis años, en las COPs, se aumentaron componentes a REDD: guías metodológicas, salvaguardas para la implementación del mecanismo, y un marco de trabajo donde se ahonda en los mecanismos institucionales, de transparencia, causas de la deforestación. En pocas palabras: solo se ha preparado el terreno para, eventualmente, implementarlo.

Todo mecanismo necesita sostenibilidad financiera y para eso se discutió la posibilidad de colocar al carbono secuestrado —el que se deja de emitir cuando no se tala—  de los bosques protegidos, dentro de los mercados de carbono que se crearon como parte del Protocolo de Kioto. La idea es convertir al carbono en un commodity que puede fluctuar en un mercado financiero internacional para, básicamente, permitir que los países contaminantes puedan comprar bonos y, con ellos, tener una suerte de permiso para seguir contaminando. Por fortuna, y gracias al cabildeo de sociedad civil principalmente, esta propuesta de financiamiento aún no está formalizada.

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Hay que mencionar, sin embargo, que ya existen ciertos programas piloto en varios países de África, Sudeste Asiático y Latinoamérica y el Caribe, donde se trabaja principalmente en preparar el terreno para luego comenzar con el mecanismo. Pero más allá de que ya han pasado diez años desde que se propuso REDD, varios problemas persisten, como la falta de claridad sobre: quién debe pagar a quiénes para dejar de degradar los bosques, cómo adaptar la legislación de cada país para respetar los derechos humanos, o cómo explicar a profundidad lo que implica el mecanismo en las comunidades locales. Sobre el primer punto, se sabe que los fondos disponibles para los proyectos pilotos, han provenido del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) a través del Banco Mundial y de UN-REDD a través del PNUD, la FAO y el PNUMA. Por lo que queda la interrogante de qué otros actores públicos o privados estarían interesados en aportar al mecanismo y bajo qué condiciones.

En estos diez años tampoco se ha resuelto el potencial impacto de la inclusión, inclusión parcial o la no inclusión de los créditos de carbono provenientes de REDD en los mercados de carbono y es que aún es difícil establecer una regla que determine una forma de medir el potencial de secuestro de carbono de un bosque determinado. Es decir cuánto cuesta una tonelada de carbono si es un bosque tropical, húmedo nublado u otro ecosistema. Esto tiene varias implicaciones que valdría la pena analizar, como el hecho de que un bosque primario podría tener un potencial menor que un monocultivo de palma africana, y por ende preferir el segundo sin tomar en cuenta otros factores y beneficios distintos al económico. En todo caso, si se llegase a implementar REDD, es necesario entender los potenciales beneficios y perjuicios. Para esto, insisto en que no se debe desasociar a los países desarrollados como los autores materiales del daño al planeta en su conjunto, y en que no hay que olvidar que iniciativas como REDD+ solo contribuyen a ahondar en la lógica de la mercantilización de la naturaleza. Es decir, en valorarla solo como una ganancia cuantificable —en un esquema de beneficios económicos— a partir de servicios prestados sin considerar su valor ético-cultural.

El núcleo de una de las críticas a REDD es que reproduce el pensamiento que no reconoce la importancia simbólica y material del bosque desde el punto de vista de las comunidades que dependen de él. Y la otra queja fundamental es que a través de los tratados internacionales solo se erigen propuestas que no solucionan los problemas de fondo, como en este caso el paliar los efectos del cambio climático.

La primera crítica es que REDD afecta a los derechos de los pueblos indígenas porque el mecanismo está diseñado para evitar la deforestación desde un punto de vista mercantil, sin considerar la alta dependencia de los bosques en la cotidianidad de los pueblos. Dicha crítica anticolonial, se tornó aún más convincente cuando aparecieron los “Carbon Cowboys”: extranjeros cuya misión es irrumpir en los territorios de las comunidades locales y convencerlos de firmar convenios estableciendo restricciones de uso del suelo a menos que sea para conservación del bosque. Con estos compromisos, los cowboys pueden vender el carbono secuestrado de los bosques conservados dentro de los mercados de carbono —o del mecanismo que surgiera dentro del régimen climático—. Algunos de estos convenios, como en el caso de Perú, se los hizo incluso con la aquiescencia de autoridades locales, y a pesar de la aparente legalidad de la maniobra, se puso en cuestión la violación a los territorios con títulos de propiedad comunitaria. Esto alarmó a los movimientos de base, ONGs y organizaciones que trabajan a favor de los derechos de los pueblos que dependen de los bosques, quienes rechazaron el avance del desarrollo del mecanismo REDD con el argumento de que es una violación al derecho a la libre determinación de los recursos y al territorio.

También siempre queda el interrogante: ¿Por qué insistir que países más pobres dejen de talar sus bosques —que son fuente de alimentación y sustento— si las naciones desarrolladas que contaminan más no han podido en dos décadas comprometerse a contaminar menos? Desde ese punto de vista REDD+ es una estrategia egoísta de los más poderosos.

A pesar de estas críticas, que nacieron al mismo tiempo que el mecanismo, es necesario evaluar su resultado, como el desarrollo de salvaguardias que la misma COP impuso a los países elegibles para implementar REDD y que deben implementarse como condición para recibir financiamiento. Estas incluyen el respeto al conocimiento y a los derechos de los pueblos indígenas y miembros de comunidades locales, y la promoción de los beneficios sociales y ambientales que se desprendan de las actividades de REDD (manejo sustentable de los bosques y conservación). Adicionalmente, estas salvaguardas deben concordar con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por los países y con su legislación nacional. A pesar de contar con estas protecciones, el escepticismo de las comunidades que, se supone se beneficiarían, persiste, y por eso han surgido nuevas iniciativas dirigidas a la protección del ambiente y a la de los pueblos que dependen de los ecosistemas para sobrevivir. Por ejemplo la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización regional, elaboró su propio REDD indígena donde el derecho al territorio y a la libre determinación son el núcleo de la propuesta. También en Ecuador, la traicionada Iniciativa Yasuní ITT, buscaba que los países desarrollados paguen por la no explotación de los yacimientos petroleros en la zona del Yasuní, y por proteger los derechos de los pueblos en aislamiento.

Sería apresurado decir que REDD ha sido un fracaso, pues como se mencionó antes, hay proyectos en marcha, legislaciones nacionales relacionadas a los recursos forestales que se han modificado para acoplarse al mecanismo, muchas comunidades locales han sido capacitadas y se ha obtenido su consentimiento para futuros proyectos. Y, lo que es más práctico, existen recursos que se transfieren desde agencias de desarrollo hacia países ricos en bosques destinados exclusivamente para el mecanismo. Creo que su relevancia yace justamente en la plétora de visiones sobre su aplicación, pues hay grupos que quisieran que el mecanismo desaparezca, otros que quisieran que exista pero con condiciones favorables a los derechos y otros que exista únicamente para usar los créditos de carbono para seguir contaminando. En este sentido, tal vez París sea la oportunidad para aplicar lo aprendido durante estos años de errores y aciertos, y llevar las propuestas en común a un tratado internacional vinculante.

Tal vez si se incluyen salvaguardas más fuertes donde se establezcan condiciones altas de gobernanza territorial, fortalecimiento institucional, diálogo genuino con varios actores interesados, financiamiento fuera del mercado de carbono, derechos territoriales claros a nivel nacional que incluyan un proceso de delimitación de tierras participativa y transparente, finalmente, se pueda incluir un mecanismo estratégico para reducir las emisiones, sin restar soberanía ni dignidad.