Las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito no tienen un lugar fijo para trabajar. Desde la administración del alcalde Paco Moncayo, en 2000, han sido desplazadas de una esquina a otra sin tener un espacio estable para ejercer su profesión. Son mujeres que han estado en un permanente desalojo hasta hoy. A pesar de eso, han encontrado la forma de seguir ganándose la vida. No tener un plan concreto con la administración de la ciudad y los residentes del centro —donde han trabajado por más de quince años—, sin embargo, las vuelve vulnerables. El último claro ejemplo sucedió el 19 de octubre de 2015 cuando el Municipio cerró siete hostales —donde solían trabajar— porque no cumplían con las normas de sanidad. Las mujeres protestaron por la clausura: exigían que se los abran o que se les dé un sitio con buenas condiciones para atender a sus clientes. Este pedido se ha vuelto frecuente desde que la primera administración de Moncayo les prometió la famosa reubicación de la zona de tolerancia en el Centro Histórico de la capital. Quince años, tres alcaldes (uno en la mitad de su periódo), ninguna promesa cumplida.

Su desplazamiento comenzó justo antes del 2000. En 1999 los moradores del sector de la 24 de mayo —en el centrosur de Quito— protestaron en contra de las casas de tolerancia de la zona. Se quejaban de los altos niveles de la música, de la venta de bebidas alcohólicas, y de los guardias en las puertas que en lugar de brindar seguridad promocionaban los servicios sexuales y espectáculos de striptease. Por la misma época el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, empezó el proceso de reordenamiento urbano y de recuperación del casco histórico para incentivar la cultura y el turismo. Los reclamos de los vecinos y el nuevo plan del Municipio causaron que para comienzos de 2001 se cierren quince casas de tolerancia —como El Bogotá, El Bim Bam Bum, El Harem, Las Vegas, El Sirena, Noches de París. La clausura dejó a cerca de 450 mujeres sin lugar para trabajar y tuvieron que movilizarse a distintas calles del Centro Histórico. Se dispersaron, y según Mariana Sandoval, investigadora y autora del texto Trabajo sexual en el Centro Histórico, se enfrentaron entre ellas y se organizaron —unas se fueron a la Plaza del Teatro, otras a La Marín y otros puntos— como pudieron mientras esperaban la promesa de una zona rosa para trabajar en condiciones más seguras.

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En 2001 el Municipio comenzó con su plan de reubicación para sacar a las trabajadoras sexuales del Centro Histórico y restaurarlo para incentivar el turismo. Intentaron llevarlas hacia el sector de la Loma de Puengasí —a cinco minutos de El Trébol, camino al sur de Quito— pero los moradores se quejaron porque dijeron que se sentían perjudicados por la bulla, la delincuencia y el flujo de los clientes. Las autoridades, entonces, optaron por el sector de La Cantera en el barrio de San Roque y en agosto de 2006 —cinco años más tarde del cierre en la 24 de mayo y de constante migración de ellas— compraron primero una casa a una persona y la adaptaron para crear el nuevo centro de tolerancia Danubio Azul.  Mientras tanto, las mujeres seguían trabajando en las calles del centro. Mariana Sandoval, dice que en este proceso nadie les preguntó lo que querían o necesitaban. Simplemente decidieron por ellas: se pusieron de acuerdo entre las autoridades de la alcaldía, los dueños de las casas de tolerancia, los moradores, los vendedores ambulantes —para negociar en qué lugares se mueven ellos y dónde podrían estar las mujeres— de las zonas del centro. Pero nunca las incluyeron en el diálogo. Por eso, el primer centro de tolerancia que se abrió en La Cantera —el Danubio Azul— nunca funcionó como se esperaba porque estaba en una zona peligrosa: está formada por tres quebradas y fue declarada zona de alto riesgo porque las lluvias podrían causar un derrumbe fácilmente. Las mujeres prefirieron quedarse en las calles: seguían dispersas por la ciudad sin un lugar para estar tranquilas. Sandoval recuerda que cuando no fueron a La Cantera, los dueños de las casas intentaron convencerlas o llevarlas a la fuerza. Muchas iban por una noche pero al siguiente día regresaban a la calle. Poco a poco, la zona de tolerancia se llenó de mujeres más jóvenes que querían comenzar a trabajar. Pero las que salieron de la 24 de mayo en 2001 todavía no veían cumplida la promesa de reubicación. En 2009 Paco Moncayo dejó la alcaldía y Augusto Barrera lo reemplazó. El nuevo alcalde por Alianza País —el partido del presidente Rafael Correa— prometió crear un plan real para las trabajadoras sexuales. Y él no cometió el error de Moncayo de actuar sin consultar primero al grupo que se vería afectado: en conjunto con Mariana Sandoval y Sandra Álvarez realizaron una investigación para conocer las necesidades de estas mujeres. Por primera vez, según Sandoval, se estaba logrando un diálogo.

A partir del estudio se creó una propuesta que buscaba mantener el trabajo sexual en el Centro Histórico sin que afecte a los moradores o el turismo. El proyecto buscaba que ellas se comprometan a no estar en las calles, no vender alcohol y, según Mariana, invertir una parte de sus ganancias en guardias de seguridad privados para mantener el orden y alejar la delincuencia. Todo esto, si es que el Municipio cumplía la otra parte: adecuar un hotel del sector con buenas instalaciones, espacio suficiente que cumpliera con las condiciones —como tener un baño privado, botiquín de primeros auxilios, colchón de material impermeable y juegos de sábanas— que tiene que tener una casa de tolerancia. Dentro de estas características consiguieron dos: uno en la Plaza del Teatro y otro por la Plaza de Santo Domingo. El Municipio, según Mariana, se hubiese encargado de vigilar el funcionamiento y contratar a dos guardias para que protejan a las trabajadoras dentro de los establecimientos y a los transeúntes en las calles cercanas. Además, como la investigadora mencionó, las asociaciones —organizadas para el estudio en relación a la cercanía geográfica de un grupo de mujeres con otro como las de la Plaza del Teatro y la Plaza Grande— tomarían un dólar de lo que ganaban y lo invertirían en su formación y educación. Pero se terminó el periodo de Barrera y el proyecto desapareció. “Las trabajadoras siguieron siendo ciudadanas de segunda clase”, dice Sandoval y cuenta que con Mauricio Rodas —alcalde desde mayo de 2014— no se tiene una idea clara de lo que pasará. El 22 de octubre de 2015 (tres días después del cierre de los hostales), Nelly Hernández —presidenta de la Asociación de trabajadoras Sexuales— dijo que no habrán más protestas porque se habían iniciado diálogos con las autoridades municipales. Dijo también que intentarán implementar un programa de reubicación parecido al que Sandoval dijo se hubiera hecho con Barrera. Y sobre ese tema, el administrador de la zona Centro (una de las ocho zonas metropolitanas de Quito), Joffre Echeverría, explicó que se escucharán más propuestas como crear un bulevar donde serán relocalizadas con las condiciones necesarias para garantizar sus derechos. Pero todavía no se ha establecido algo definitivo.

El panorama sigue sin mejorar. No las quieren ni aquí, ni allá. Les cierran los hoteles, las ponen en una zona peligrosa como La Cantera, las discriminan, olvidan que son mujeres que necesitan alimentar a sus familias y que muchas veces no tienen otra alternativa. Ya son quince años de reformas y proyectos que no se concretan. Ellas están molestas con las autoridades y, por eso, tampoco quieren hablar con la prensa (insistí por tres semanas en conversar pero se negaron) quienes muchas veces sólo se enfocan en el escándalo, en las protestas, en sus cuerpos y su físico. Y no las culpo, las trabajadoras sexuales han sido un grupo desplazado y estigmatizado históricamente.