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Foto de Senado Federal bajo licencia CC  by 2.0. Sin cambios.

El gobierno ecuatoriano analiza la posibilidad de cobrar por el uso excesivo de agua cruda. La Secretaria Nacional del Agua —como autoridad responsable— realiza los estudios para determinar cuál es el consumo necesario mínimo por persona y la diferencia será “exceso”que se considerará desperdicio. El presidente Rafael Correa, en el enlace ciudadano del 14 de noviembre de 2015, también señaló que su único objetivo es “evitar el desperdicio grosero del líquido”. Como si no se tratara de una medida recaudatoria para el Estado. Si lo que dice el Presidente fuera verdad, el Gobierno cobraría a otros sectores que consumen mucho más agua —como la minería y agricultura de exportación— y no a las familias ecuatorianas. 

Para explicar la medida, el Presidente  mencionó que  tenemos el consumo promedio más alto de la región. Explicó que en el país se desperdicia el 40% del agua disponible, y se consume 237 litros por habitante al día (l/h/d) —en la costa 282 l/h/d y en la sierra 204. En Sudamérica se consume 169; en Perú 118. Dijo que se cobrará a los municipios dos centavos por metro cúbico  de exceso para quienes tengan su propia infraestructura para captar agua y a quienes el Estado benefició con la infraestructura construida como los proyectos multi propósitos —como el Daule- Peripa y el Chongón-San Vicente—,  se les cobrará 6 centavos. Pero esta  propuesta —de la que no existe más información que la lanzada en la última sabatina— tiene algunos vacíos como: el mecanismo para calcular el consumo promedio de una persona, el análisis del consumo de agua en la agricultura y cuál será la huella hídrica de los proyectos mineros que tanto promueve el Gobierno.

El consumo mínimo vital es la cantidad necesaria para que una persona satisfaga sus necesidades básicas para uso personal y doméstico. Si se lo hace basado en un mínimo vital de 5 m3 por persona al mes,  la cantidad coincide con el consumo promedio en Sudamérica de 169 l/h/d  mencionado por el Presidente durante la sabatina. Según el secretario de agua, Carlos Bernal Alvarado, este mínimo es subsidiado por el Estado. Lo que no queda claro es si esto ya paga el Estado a los municipios o si los municipios lo subsidian directamente. Las empresas públicas de agua de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ibarra  ya tienen tarifas diferenciadas para el sector  comercial, residencial e industrial. Existen  subsidios cruzados en ciudades como Cuenca y Quito que no se sustentan en el criterio del mínimo vital. Los ciudadanos ya pagan por un consumo superior a esa cantidad mínima. En Cuenca tienen tarifas diferenciadas: quien consume hasta 20 metros cúbicos paga 40 centavos por metro cúbico y quien consume de 21 a 25 paga 60 centavos. Los habitantes de las ciudades ya pagamos por el servicio público de agua y, al aumentar su costo con lo que se deberá pagar al Estado por agua cruda,  el municipio deberá incrementar las tarifas y deberá hacerlo de modo proporcional al consumo y por clase de consumidor también. El cobro del agua cruda a los municipios puede ganar confusión e inequidad por el incremento de tarifas a los consumidores.

 

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En base a estos datos sobre el Distrito Metropolitano de Quito, podríamos entonces  considerar como exceso el agua no contabilizada, de 80 l/h/d, que equivalen a 192 millones de litros de agua  por habitante por día. En base a lo propuesto por el gobierno, habría que pagar al Estado 1.401.600 dólares anuales por este consumo. Sin embargo, el Estado tiene expectativas más altas: la SENAGUA  establece que el consumo excedentario en Quito es del 62%, lo que le daría al Estado 2.892.114 de dólares anuales.  Pero estos cálculos son sólo supuestos de lo que se presentó en la sabatina y todavía no hay datos públicos claros. Los números apuntan a que las familias promedio no derrochan el agua porque si lo hicieran, se reflejaría en sus planillas de cobro y tendrían dificultades  para pagarlo. No existen tales casos hasta hoy. 

Parece que el país va hacia otra dirección. Si revisamos el caso de Colombia, a pesar de que el agua no es un derecho humano en su Constitución, dos ciudades principales aplican el mínimo vital. En Bogotá, el alcalde Gustavo Petro implementó un mínimo vital gratuito de 6 metros cúbicos mensuales para los estratos 1 y 2 (las familias más pobres), que suman cerca de tres millones de habitantes. Medellín también lo hizo  para los mismos estratos con el suministro gratuito de 2,5 metros cúbicos mensuales por cada integrante de familia.  Es decir que mientras nuestro vecino reduce el costo del agua para los más pobres, acá buscamos cómo hacerla más cara.  

Si al gobierno ecuatoriano realmente le importara el ahorro de agua, debería fijarse en otras actividades económicas con un elevado consumo como las hidrocarburiferas  y mineras. Por ejemplo, para extraer 2.208 millones de libras de cobre y 535.500 onzas de oro durante diecisiete años el proyecto Mirador —en la cordillera del Cóndor— utilizará cerca de doce millones de litros por día —lo que corresponde a lo que cerca de 45.000 personas en Quito consumen al día. En el proyecto minero de Loma Larga —antes  Quimsacocha en Azuay— se van a procesar 1,1 millones de onzas de oro durante los quince años, lo que significa que necesitarán un millón de litros de agua por día —lo que una persona en Quito consumiría en 10 años—. Casi ochocientas veces más que una familia promedio del país. Y no es  solo el consumo elevado de agua sino también las descargas y contaminación de agua por el drenaje ácido y lixiviación de metales pesados  que afectarán aguas superficiales y subterráneas. Un  informe de la empresa pública de agua de Cuenca ETAPA concluye que existe un alto riesgo de que se provoque  daño  ambiental irreversible que afectaría la calidad y la cantidad de agua que abastece la ciudad. Pero el Gobierno insiste en que quienes gastan de forma grosera el agua son las familias.    

Otro sector con un alto consumo que se debería revisar es el del agua embotellada porque la mayoría de estas empresas se abastecen del servicio municipal para su producción. Solo una de ellas, la nueva “fábrica de la felicidad” de Coca Cola —que se está instalando en Machachi—, producirá 120 millones de cajas unitarias —veinte y cuatro botellas de 237 centímetros cúbicos cada una. Por cada litro de agua embotellada, utilizan 2,27 litros de agua cruda o potable. Anualmente, esto corresponde a 1.549.956.000 litros de agua de los cuales más de la mitad serán descargados nuevamente como agua contaminada.

Hay que considerar al agua en su dimensión integral. Proteger y mantener el ciclo hidrológico es fundamental y por eso es importante controlar y detener las descargas contaminantes. La otra industria con gran impacto es la agrícola. Por ejemplo, para producir una banano de exportación la huella hídrica —volumen total del agua que se utiliza para producir bienes y servicios— promedio es de 576 m3/tonelada. Para la muestra ecuatoriana, un porcentaje alto de la huella es el componente gris, provocado por el uso de fertilizantes y plaguicidas y su vertimiento altamente contaminante. La palma africana y las plantaciones florícolas están en la fila de usuarios de alto consumo y contaminantes de agua.

Uno de los argumentos para justificar el cobro por el agua cruda es que el gobierno debe compensar el gasto realizado en las obras de infraestructura como los proyectos multipropósitos para proteger las cuencas hidrográficas. Sin embargo, en el caso de Quito, el gobierno local es el responsable por la protección de las fuentes de agua que abastecen a la ciudad. Los habitantes ya pagamos el 1%  como pago por servicios ambientales, recursos que van al Fondo del Agua (FONAG)  para la protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas relacionados con la captación de agua para Quito. Lo mismo sucede en la ciudad de Cuenca donde la empresa pública ETAPA —que además es pionera en el país en  manejo de cuencas—  tiene a su cargo 40 mil hectáreas para la protección de las fuentes de agua de la ciudad. 

En la sabatina, Correa también dijo que Guayaquil tiene un consumo “excedente”  de agua del 64% y que a pesar de tener más habitantes que Quito y ser más industrializada, recauda mucho menos y pierde más. Y culpó al modelo “exitoso” de administración municipal que no funciona. Lo que se olvidó mencionar fue que el régimen renovó en el año 2010 el contrato de concesión con la transnacional VEOLIA–Interagua —empresa  que tiene a cargo el servicio  de  agua potable y saneamiento—, contrato que incluye además en caso de controversia arbitraje en Miami, a pesar de que en 2008  el informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito  Publico (CAIC) recomendó que el Estado rescinda el contrato por los incumplimientos encontrados y  porque la constitución establece que el manejo del servicio de agua potable y saneamiento debe ser exclusivamente público y comunitario. 

Como los números lo demuestran, las familias no son las que deben cerrar la llave sino ciertas industrias. Si el Gobierno no se enfoca en proteger las cuencas hidrográficas de la deforestación, cuidar los páramos, evitar la contaminación  y el uso excesivo en áreas específicas, posiblemente caeremos en medidas absurdas como las planteadas por Hugo Chávez en Venezuela cuando dijo que tres minutos para bañarse son suficientes: uno para mojarse, otro para enjabonarse y el tercero para enjuagarse, lo demás es un desperdicio. “Hay gente que se pone a cantar en el baño media hora. Que comunismo es ese?” dijo en octubre del 2009 o como Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda en Colombia, que propuso un duchazo de treinta segundos para ahorrar el recurso hídrico. Parecería que si no encontramos a los verdaderos derrochadores de agua quienes tendremos que cerrar la llave seremos nosotros. 

Bajada

El Gobierno no reconoce que quienes gastan más el recurso son las industrias que él mismo promueve