Todo es político

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Todo es político. Escribir este texto y asumir esta posición como medio es —que nadie lo dude— un acto político. El cierre de la Fundamedios ordenado por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) es un gesto político de gente que le quiere quitar la esencia política a la vida. Utilizar dos enlaces a dos blogs de contenido político para justificar esa decisión política no solo es bastante pobre, sino que revela una gravísima realidad: para el gobierno del Ecuador, todo gesto político que no sea generado, regulado y dirigido desde el Estado es ilegítimo y, por ende, debe ser proscrito. Es muy grave porque, cada vez que hubo intentos de gestionar podaduras sociales desde el Estado, las cosas han terminado muy mal. Quitarle el sustrato político al debate público al descalificar dos enlaces a blogs y unos tuits de Fundamedios no solo que es una forma velada (aunque el velo sea bastante traslúcido) de censura, sino que es reafirmar que en el Ecuador, la política está reservada para los acólitos, partidarios y entusiastas del Gobierno. Eso solo puede desembocar en algo gravísimo para la democracia: una sola narrativa, sin contenido político, lleno de parapetos edulcorados de participación ciudadana, sin real debate de ideas: una burocracia eleccionaria, sin real sustento democrático. 

El presidente Rafael Correa llegó al poder de la mano de los medios de comunicación. Basta recordar la entrevista que le hizo Carlos Vera en Ecuavisa, el día después de que Correa ganara las elecciones de 2006. Al poco tiempo, los periodistas que le habían dado un espacio y le habían permitido difundir sus ideas, empezaron a criticar sus políticas. Es una lógica más o menos evidente: la prensa revisa lo que hacen los que gobiernan. Las motivaciones que hay detrás de esas revisiones son casi imposibles de determinar, y tratar de establecerlas es entrar en un juego de conjeturas más parecido a una espiral infinita. La calidad de ese ejercicio es, por supuesto, otra (muy necesaria) discusión. Pero el presidente Correa decidió quitarle la materia política a esa discusión. Cuando no le cayeron muy bien esas críticas decidió que el periodismo que se ejercía en el Ecuador no solo era mediocre, sino corrupto. Esa idea fue como un virus que intentó propagar. Y decidió castigar al oficio con amenazas y sanciones. Como si el periodismo se va a arreglar a punta de multas y constantes amenazas cada sábado. Como si hubiera un solo espacio para el periodismo: la versión oficial. 

La excusa del gobierno de Rafael Correa para su constante acoso a la prensa privada es que es mala. Pero a estas alturas de la Revolución Ciudadana está claro que es solo eso, una excusa. Es un intento de controlar la narrativa. Lo demuestran las rectificaciones que la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) pretende imponer a ciertos medios. A diario El Universo casi lo obliga a poner —con diagramación y todo— un publireportaje sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): El IESS ha mejorado y mejorará aún más en los próximos años se suponía que debía llamarse el reportaje. Eso no es periodismo, sino un mantra de autoayuda trucado: Hoy es el mejor día de mi vida y mañana será mucho mejor. Richard Espinoza, presidente del directorio de ese organismo estatal, dijo en una audiencia en contra de diario Expreso que “si es que los medios de comunicación tienen que llenar sus periódicos de rectificaciones y si es que las rectificaciones superan a las noticias que estos generan, pues bienvenida la Ley de Comunicación”. El propósito está claro: decir una verdad engendrada y engordada desde el poder. 

La forma en que el gobierno del Ecuador quiere educar a lo que considera mala prensa lo desnuda. El filósofo francés Emmanuel Mouniere decía que hay dos formas de entender la educación: una a través de la imposición y la fuerza, y otra mediante la persuasión y la creación de condiciones para que cada persona crezca según sus habilidades. “Persona —escribió Mounier— es todo aquello que en un ser humano no puede ser utilizado”. En lugar de privilegiar un ambiente en que nazcan más medios independientes, en lugar de establecer las condiciones necesarias para que más nuevos portales se abran, aprovechando lo digital, y fortaleciendo un clima mediático diverso, rico y heterogéneo —como muchas veces lo hemos pedido— el gobierno del Ecuador busca la educación por la imposición y la fuerza. Quiere criar a los medios a palos. Quiere que en las redacciones de los medios privados la letra con sangre salga. Recta, gris, uniforme. Pretende convertir a los sitios de noticias en meros apuntadores cronológicos, sin sustancia política. Eso es —por nuestra propia condición— contranatura. 

Al principio, cuando todo era idealismo, hubo un intento de crear ese ambiente para una nueva clase de medios. No le fue ajena a este gobierno la idea de producir un medio verdaderamente público, donde los intereses ciudadanos —que son, también, intereses de naturaleza política— prevalecieran a la agenda partidista, estatal, financiera y religiosa. Pocos meses después de que Correa asumiera el poder, un equipo periodístico empezó a trabajar en el recién incautado diario El Telégrafo. Pero, o Correa se dio cuenta de lo inconveniente e incómodo que podía ser un diario independiente, o la idea del “primer diario público del Ecuador” era completamente diferente a la que tenía en ese entonces su equipo editorial. El entusiasmo del director Rubén Montoya y de periodistas como Marcela Noriega, Mariuxi León y David Sosa duró poco. No era un diario público —de los ciudadanos— lo que el aparato comunicacional de la Revolución Ciudadana necesitaba, sino uno gobiernista —afín solo a él y su equipo— al que empezó a poner trabas hasta lograr que muchos de los que habían sido llamados para ejercer un periodismo ciudadano y de calidad, se fueran, por despido o renuncia. El gobierno quería un megáfono para difundir sus (buenas) políticas. Los periodistas querían ejercer su oficio. 

En vez de buscar nuevas maneras de limitar los derechos de los periodistas, debería aprender de otros experiencias mediáticas. En Estados Unidos, cada año, el Presidente asiste a una cena con todos los corresponsales que cubren la Casa Blanca. Están ahí, sentados frente a él: el New York Times, Fox News, el Huffington Post. El presidente va, bromea sobre los medios y escucha a un comediante hacer lo mismo. En la de 2015 habló —ácida y divertida— la comediante Cecil Strong. En el Ecuador, en cambio, todos vimos la respuesta desproporcionada del gobierno a John Oliver, cuando habló sobre el presidente Correa en su show. ¿Qué haría el gobierno del Ecuador con un medio que se llama Politico? En Inglaterra, un periodista de la BBC le hizo a Margaret Thatcher una pregunta que no pudo responder. Cuando la rueda de prensa terminó, la Premier se quejó con el reportero diciéndole que él debería estar de su lado, no contra ella. El periodista le respondió que no trabajaba para un medio gobiernista sino público. ¿Podría ese periodista trabajar en EcuadorTV o la unidad de negocios conocida como Agencia Andes? 

La Secom al iniciar la disolución de Fundamedios olvida que todo es político. La vida en sociedad lo es. El trabajo de los medios es recordarlo. Aquí intentamos hacerlo todo el tiempo: cuando el Presidente tuitea nuestros artículos, es un acto político. Lo mismo cuando los sugiere Guillermo Lasso. Es político el texto que José Andrade —el rector de Yachay— escribió aquí. Cuando entrevistamos a Mariana Andrade, a Chía Patiño, enfrentadas por el manejo de la secretaría de Cultura del Municipio de Quito, fue político. Lo mismo cuando hablamos de las deficiencia de la administración socialcristiana en Guayaquil. Y cuando entrevistamos a los candidatos a la presidencia —incluido Correa—, y hasta cuando hablamos de comida ecuatoriana todo es político. La política y la comunicación son inherentes al ser humano. Por eso es tan absurdo que exista una Ley que intente regular lo irregulable: la comunicación. Si lo que querían era regular los medios, eso es lo que necesitaban entonces, una ley de medios. Porque si van a empezar a disolver y sancionar los ejercicios políticos que no vienen cooptados y regulados desde el Estado, nos van a disolver y sancionar a todos. 

Todo gesto político que no incite a la violencia es legítimo y necesario. Todo lo demás es negar un principio liberal básico: todo argumento debe ser conocido. Los erróneos, para ser rebatidos. Los parcialmente errados, para ser corregidos. Y los buenos, porque su difusión beneficia a toda la sociedad. En este principio debe basarse el debate público que el periodismo debe promover. No en publicar notas de publireportajes ordenados por un organismo que es juez, parte y hasta testigo: como en el inverosímil caso en que la Supercom falla a favor de la supercom en un caso sobre la supercom.  ¿Hasta cuándo el Presidente insistirá en controlar la conversación? Parece que no se ha dado cuenta de su influencia en Twitter para comunicar lo maravilloso que —dice él— es su gobierno: tiene más de dos millones de seguidores. Correa, que a ratos se muestra tan vanguardista en algunos temas, como la tecnología —quiere tener la universidad líder en innovación—, es tan retrógrado en temas de comunicación. Insiste en un modelo mediático de mediados del siglo veinte. El Presidente finge que no conoce el ecosistema de los medios independientes en el mundo, finge (porque le conviene) que no sabe que vivimos una época en la que los medios —de verdad— no deben reproducir boletines de prensa sino convertir la información en conocimiento. 

En GkillCity, donde hemos discrepado con Fundamedios, rechazamos su cierre. Especialmente por motivos tan burdos como los que Torffe Quintero tiene la tristeza de firmar. Pero, sobre todo, porque callar ante el cierre de una organización, satanizar su forma de financiarse y atacarla con falacias ad hóminem sería guardar un silencio muy parecido a la estupidez, en un tiempo en que la política parece que solo puede ejercerse desde el poder. Una política articulada por el Estado, donde los demás espacios para el debate público y el libre tránsito de ideas lucen amenazados por un sistema que olvida que a los peores regímenes de la historia se los recuerda por sus terribles obras de cierre más que por sus auspicios comienzos tecnócratas.