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El Niño no viene a jugar. Según Rodney Martínez, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN), este fenómeno climático se repetirá en 2015 y puede ser similar al que causó las catástrofes de 1997 y 1998. Lo mismo pronostica la Organización Meteorológica Mundial. El Niño de esos años fue devastador: según la CIIFEN, hubo 352 muertos y 30.000 damnificados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los daños económicos ascendieron a más de USD 2.869 millones, equivalentes al 48% del producto interno bruto de 1997 de Ecuador. No, esto no es un juego.

Hoy nuestra infraestructura es superior a la de 1997. Sin embargo, los estragos de El Niño pueden ser terribles por la actual situación económica del Ecuador. Mientras el sector público raspa la olla con un petróleo por los suelos y la construcción está paralizada, es el agro lo que mantiene al Ecuador: según el Banco Central, entre enero y junio de 2015 solo las exportaciones de banano, camarón, cacao y café ascendieron a 3046 millones de dólares, cifra muy cercana a lo que vendimos en petróleo durante el mismo periodo, 3824 millones. Si El Niño arrasase con la agricultura, acuicultura y ganadería, no solo dejaría en la ruina a los campesinos —ya más del 52% viven en la pobreza según el INEC—, sino que podría desequilibrar toda la balanza comercial del país. Y eso significa un riesgo gravísimo para la dolarización: si las exportaciones son muy inferiores a las importaciones, salen más dólares de los que entran. El sistema monetario puede colapsar.

El problema es nacional, pero el principio de la solución es regional. La principal medida de prevención es extraer y evitar la sedimentación del río Guayas, cuya cuenca —la más grande del Pacífico sur— integra a nueve provincias y supera los 34.000 kilómetros cuadrados, un área diez veces más grande que el tamaño de Guayaquil. Para ello, la acción más importante en el mediano plazo es dragar el río, sin perjuicio de otras medidas de largo plazo, sobre todo ambientales, para evitar que se forme la sedimentación. En estos momentos, una draga de la Armada remueve 268 mil metros cúbicos —más de dos veces el volumen total que podía cargar el Titanic— de sedimiento para ponerlos en el islote El Palmar, que ha surgido a la vista de Guayaquil, Durán y Samborondón. Pero eso es apenas el 5% de los cinco millones de metros cúbicos de sedimentación que deben dragarse en el Guayas. Es como arar en el mar.

¿De quién es la culpa? Que no se drague desde 1968 es responsabilidad histórica del Estado ecuatoriano. Pero desde hace tres años y medio la pelota está en la cancha del prefecto Jimmy Jairala: el 26 de abril de 2012, el Consejo Nacional de Competencias resolvió que corresponde a los gobiernos provinciales “ejecutar obras de dragado” (resolución 005-CNC-2012, artículo 13), en coordinación con el Estado central, de acuerdo al artículo 263.3 de la Constitución ecuatoriana. Su artículo 273 dispone que las competencias a los gobiernos locales se otorgarán con el dinero necesario: “no habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias”. ¿Entonces por qué la Prefectura no exigió la entrega de los USD 60 millones que cuesta el dragado, cuando el presupuesto provincial de Guayas en 2012 era USD 156 millones? ¿Por qué Jimmy Jairala no defendió de pie los recursos para la provincia, cuando en 2012 sobraba la plata del petróleo? ¿O será que aceptó asumir la competencia sin recursos suficientes, como prevé el artículo 273 de la Constitución? ¿Tendrá algo que ver que, en abril de 2012, estábamos a las puertas de las elecciones del 2013 en las cuales su movimiento político apoyó la campaña presidencial de Rafael Correa? La provincia merece respuestas claras a estas interrogantes.

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¿Propuestas? Decretar estado de excepción en la cuenca del Guayas —Colombia y Perú ya declararon emergencia— para tomar las siguientes medidas. Primero, contratar el dragado urgente: si la Prefectura no tiene plata, el Gobierno debe cubrir el costo de inmediato. USD 60 millones para dragar es muchísimo más barato que los USD 2.869 millones de daños que dejó El Niño en 1997 y 1998. Segundo, ya que ese dragado indispensable no alcanzará a mitigar el impacto de El Niño, cuyo golpe duro se prevé para noviembre, hay que intensificar el trabajo en drenajes y canales de la cuenca del Guayas (parte de eso ya se ha anunciado). Tercero, se debe elaborar un plan integral de apoyo al agro con capacitación y crédito, incluso evaluando la posibilidad de subsidios focalizados. Cuarto, urge reubicar a quienes viven en zonas de riesgo para evitar muertes y destrucción de hogares. Y, por último, es necesaria una campaña masiva de prevención para que los habitantes en áreas urbanas y rurales sepamos cómo reaccionar ante posibles catástrofes. De seguro hay más y mejores ideas. La pregunta es qué esperan las autoridades para, en vez de montar caballos, tomar el toro —o, más preciso, al Niño— por los cuernos.

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Propuestas para enfrentar el durísimo fenómeno climático de 2015