El 21 de agosto de 2015 será recordado como el día en que se decretó, por primera vez en dieciséis años —desde que se publicó la Constitución vigente en Venezuela—, el mal llamado estado de excepción. Luego de un ataque armado contra militares venezolanos perpetrado supuestamente por paramilitares colombianos en el estado venezolano de Táchira —colindante con Colombia— el presidente Nicolás Maduro decidió decretar este estado de excepción en seis municipios fronterizos. Con esta medida, el gobierno nacional puede restringir derechos fundamentales sin necesidad de una ley: revisar e inspeccionar bienes individuales y privados sin necesidad de una orden judicial, practicar requisas personales, restringir el tránsito de bienes, prohibir reuniones públicas, limitar el derecho a manifestar. Este decreto también faculta a las fuerzas armadas realizar desalojos de ocupaciones que considere ilegales.
En materia de derechos humanos aspiramos siempre al ejercicio libre y pleno de los derechos y por ello es lamentable —por decir lo menos— que bajo una constitución garantista, como es la de Venezuela de 1998, el presidente Nicolás Maduro haya tomado esta decisión. El mandatario venezolano justificó la medida con la necesidad de combatir “acciones paramilitaristas y el contrabando”. Es imposible no preguntarse cómo es que la administración de Nicolás Maduro llega ahora a la conclusión de que la frontera colombo-venezolana “tiene problemas” y peor aún decide que la causa de todos los males fronterizos son los colombianos que residen de manera ‘’ilegal’’ en el lado venezolano.
Empecemos por lo obvio: por años, periodistas, líderes comunitarios, ONG’s, y diversos actores de la vida pública, han advertido la presencia de grupos armados irregulares colombianos en suelo venezolano. No solo se ha denunciado la presencia de paramilitares sino también de grupos de la guerrilla colombiana, sobre la que —curiosamente— el gobierno venezolano no dice mucho. También se conoce que la zona fronteriza ha constituido por mucho tiempo un canal de tráfico ilícito de bienes de un lado a otro. Lo que el gobierno venezolano no parece querer mencionar, es que en una región tan fuertemente militarizada, el contrabando no puede ocurrir de forma sistemática sin el apoyo o anuencia de estamentos militares a cargo de vigilar y monitorear la frontera.
A pesar de todo lo denunciado y padecido por las comunidades que han vivido de ambos lados por años, ahora resulta que el gobierno central “se encontró con la frontera” y en una decisión desmesurada no sólo cierra el paso fronterizo —lo cual genera pérdidas económicas importantes, según han expresado asociaciones empresariales de ambos países— sino que decide comenzar un proceso de deportación de cientos de ciudadanos colombianos que viven en el estado Táchira sin documentos, sin respetar los más mínimos y básicos estándares de derechos humanos que existen para este tipo de procedimientos. No basta con que el Estado tenga el derecho a ejercer su soberanía en un territorio determinado y por lo tanto cuente con la potestad de regular quién entra y reside en dicho territorio. Las deportaciones de extranjeros que viven en un país con un estatus migratorio irregular, deben estar regidas por el respeto a la integridad personal de los afectados y por el estricto cumplimiento de principios fundamentales como el de la unidad familiar y la no-discriminación.
Las noticias que llegan de la frontera colombo-venezolana muestran que el gobierno venezolano está haciendo exactamente lo contrario: irrespeta de manera inaceptable los derechos humanos de cientos de colombianos que por años han vivido en el lado venezolano y cuyo único crimen es no contar con el estatus legal necesario en un momento en que el gobierno de Maduro intenta palear sin éxito la profunda crisis económica que vive Venezuela y la dramática caída de su popularidad.
Artículos de medios comunicación indican que miembros de las fuerzas armadas venezolanas han realizado redadas en barrios donde reside principalmente población colombiana, muchos de los cuales han sido desalojados forzosamente de sus hogares. Las redes sociales han difundido fotos y videos en donde se ven casas marcadas con la letra “D” por los militares para señalar que luego serían “demolidas”. Entre los casos reportados, hay familias que han sido separadas por la deportación de adultos expulsados sin sus hijos. Cabe recordar que en la zona viven muchas personas que han llegado a Venezuela huyendo del conflicto armado que por décadas ha afectado a Colombia y que podrían ser consideradas refugiadas, por lo que deben ser protegidas y en ningún momento devueltas a su país de origen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado las deportaciones de arbitrarias y señala que la forma en la que el gobierno venezolano ha llevado a cabo el proceso muestra que a las y los colombianos “se les están violando múltiples derechos humanos y que están siendo expulsadas de forma colectiva, algo que es completamente contrario al derecho internacional”..
Todas las fronteras en el mundo tienen dinámicas particulares y la colombo-venezolana no es excepción. En América Latina, los límites entre países son porosos, movedizos, multi-culturales, habitados por personas que construyen identidades mixtas y cuyo sentido de pertenencia se divide con facilidad entre un pueblo y otro. Las comunidades fronterizas son grupos sociales con sus propias historias y realidades compartidas que se nutren de al menos dos culturas para formar la suya. En el caso de Colombia y Venezuela la frontera es también un territorio donde actividades ilegales han persistido por años, incluyendo muchas asociadas al conflicto armado de Colombia, y la intervención coordinada de ambos gobiernos para combatir la presencia de grupos armados irregulares, el contrabando, el narcotráfico y muchas otras actividades criminales binacionales es una necesidad antaña. Lo que no puede aceptarse bajo ningún concepto es que los aspectos negativos de la frontera relacionados al crimen sirvan de excusas para que un gobierno deporte arbitrariamente a familias enteras. No separar a los criminales de comunidades víctimas es un error con un precio social mucho más alto de lo que se puede prever.
Autoridades venezolanas han repetido insistentemente que sus acciones son “anti-paramilitaristas” y no deben confundirse con “anti-colombianismo”. Con más de mil personas deportadas, familias separadas, y pérdidas económicas en ascenso, es difícil creer que las acciones del gobierno de Venezuela estén guiadas por el respeto a la integridad de las comunidades fronterizas y los derechos humanos de las y los deportados. De hecho, en los ultimos años, diferentes organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han venido alertando sobre el marcado deterioro de los derechos humanos en el país . El Consejo de DDHH de las Naciones Unidas recientemente emitió recomendaciones al estado venezolano después de concluir el examen periódico que le hizo al país. Entre las observaciones presentadas por la ONU a Venezuela —resumidas en más ocho páginas— se destacan la falta de independencia judicial, la persistente desigualdad de género, la impunidad ante la violencia, la crisis carcelaria, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos de seguridad, el acoso contra defensores de DDHH. La crisis actual con Colombia demuestra, una vez más, que el irrespeto del gobierno de Venezuela por los derechos humanos no tiene fronteras.
Fotografía de Valentos SG bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
El gobierno venezolano ha usado a los colombianos como excusa para justificar la violencia en su país
