Mientras el presidente Rafael Correa hace propaganda sobre el diálogo, las Fuerzas Armadas se toman las calles del Ecuador. Ante el anuncio de un paro nacional y un levantamiento indígena contra las enmiendas constitucionales —luego de protestas masivas que empezaron el 25 de junio en Guayaquil— el Presidente llamó a los militares a “combatir por la patria”, desnaturalizando su deber de proteger la soberanía nacional para involucrarlas en asuntos internos en defensa de Alianza País, el partido oficialista. Desde entonces, las FFAA están en un lugar que no les pertenece y su participación no debería ser aceptada bajo ningún argumento.
El 18 de agosto, la infantería de marina llegó a Macas y, días después, 1.200 policías y militares rodearon la gobernación de Morona Santiago. Esto desembocó en enfrentamientos entre indígenas y militares. Tres días antes, el 15 de agosto, a los militares se les pasó la mano con los protestantes y llegaron al extremo de disparar a una casa donde ellos se refugiaban en Sucúa, un pueblo de Morona Santiago. El hecho fue reproducido en un video que el Ministro de Defensa Nacional, Fernando Cordero, no pudo negar ante la entrevistadora María Josefa Coronel en Teleamazonas. Corcho acusó a Coronel de desinformación y justificó el “uso progresivo de la fuerza”. No le quedaba más: es imposible tapar con un dedo la represión contra el pueblo ecuatoriano.
Es cierto que durante las manifestaciones de estas últimas semanas hubo personas violentas, pero la inmensa mayoría de los cientos de miles de ecuatorianos —siquiera medio millón— que hemos protestado en las calles de Guayaquil, Quito, Galápagos, la Amazonía y el resto del país, nos hemos expresado en paz y democracia. Muchos en familia, con niños y adultos mayores. Los violentos —a quienes la Conaie, no sé si con razón, acusa de infiltrados— son una pequeñísimo grupo. Y esa violencia, por minoritaria que sea, hay que condenarla con todas las letras: el único camino hacia la democracia es la resistencia pacífica. En cualquier caso, militarizar las calles al estilo de dictadura setentera es inaceptable.
Que las FFAA intervengan en los conflictos internos del país es inconstitucional. El artículo 158 de la Constitución limita el rol de las Fuerzas Armadas a defender la soberanía y la integridad territorial. Para la seguridad dentro del país está la Policía Nacional. Y si para los oficialistas eso no es suficiente, entonces nos deben una explicación sobre cómo administran la institución policial. El problema, por supuesto, es que la Constitución no siempre es respetada por los asambleístas. Por eso, en 2014, la mayoría la violó para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que permite a los militares “apoyar” a la policía en la seguridad interna. Con el pretexto de combatir la delincuencia, abrieron la puerta a la militarización de la calle. Como la reforma fue inconstitucional —ya que una ley no puede estar sobre la Carta Magna—, el paquete de enmiendas vigente en la Asamblea busca cambiar de una vez por todas el artículo 158 de la Constitución para autorizar a las Fuerzas Armadas a “complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”. Se quiere legalizar lo inconstitucional.
La situación es grave. Ya fue Ecuador sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —que el Gobierno sí dice respetar— por asignar tareas de seguridad interna a los militares. El argumento de la Corte es que Fuerzas Armadas están entrenadas para la guerra, para neutralizar al enemigo externo y no para proteger al ciudadano común, que es la misión de la Policía. Cambiar los roles de estas instituciones suele desembocar en violaciones de los derechos humanos, como ha pasado en otros países. Y ese es el grave riesgo de manipular los deberes de las Fuerzas Armadas para defender un “proyecto político” por encima de la Constitución.
Foto: Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie)
¿Qué hacen las Fuerzas Armadas encargándose de las manifestaciones en Ecuador?
