Mientras escribo esto, Manuela Picq vuela hacia Brasil. Es el final aparente de una historia que puede ser contada por cientos (miles, quizá) de personas que se preocuparon de que fuera tratada con dignidad y de que sus derechos fuesen respetados, sin importar su nacionalidad. Para mí, empezó a las 07:04 de la mañana del viernes 14 de agosto de 2015 cuando sonó mi teléfono celular. Era mi amigo y colega Farith Simon, avisándome que una profesora de la Universidad San Francisco de Quito —donde los tres tenemos el privilegio de enseñar— había sido detenida por la Policía la noche anterior durante las protestas indígenas en contra del gobierno de Rafael Correa. A esa hora no era muy claro por qué la arrestaron ni dónde la tenían, lo que se sabía es que por la brutalidad del procedimiento de captura requirió atención médica. Farith me pidió que me sumara a un grupo de abogados que procuraba su liberación. Con las horas, se sabría que era la más reciente de las arbitrariedades de un régimen que no solo ha perdido toda vergüenza, sino que —azuzado por insultadores en redes sociales— parece regodearse en el sufrimiento de quienes disienten con él.
Ese avión en que Manuela se ha a Brasil no tiene por destino ningún final. Su historia está lejos de terminar. Es importante que la contemos desde ahora, para que los hechos, las fechas y los actores queden, con claridad, marcados en la historia. Entre el viernes 14 y el sábado 15 de agosto se diseñó una estrategia jurídica para frenar el proceso de deportación iniciado en base a acciones fraudulentas de funcionarios de la Policía de Migración y la Cancillería Ecuatoriana. Sus abogados —entre los que estaba Carlos Pérez Guartambel, su pareja— debíamos lograr su liberación de la cárcel de migrantes —conocida con el vergonzoso eufemismo de Hotel Carrión— en que fue recluida. Procuraríamos, además, que se restablezca su visa de intercambio cultural, que estaba vigente cuando fue apresada y que fue retirada sin justificación alguna. Manuela Picq nunca fue notificada de esa decisión, que se conoció solo por un oficio hecho al apuro por un funcionario de la Cancillería. En su desesperación por aniquilar al que piense distinto, el gobierno de Rafael Correa ha dejado de tomar decisiones racionales. Con su propia torpeza ayuda a documentar cómo abusa del poder que el pueblo le entregó.
Documento que canceló la visa de Manuela Picq sin ser notificada
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Al día siguiente, domingo, el pánico que los jueces le tienen al poder político tomó forma. Desde muy temprano tratamos de iniciar varias acciones judiciales para reclamar por la vulneración de los derechos constitucionales de Manuela. Todos fueron obstaculizados por ese temor. Durante casi dos horas se impidió que Carlos Pérez Guartambel hiciera que ella firme los escritos dirigidos a las autoridades judiciales. Después, se formó un cerco policial a la entrada de la Unidad Judicial de Flagrancia de Quito para impedir que ingresemos a entregar los escritos que casi no se firman.
El cerco que impedía el ingreso a la Unidad de Flagrancia
Después, las juezas que estaban de turno se escondieron. Se rehusaron a ofrecer explicaciones sobre su renuencia a recibir y tramitar los recursos constitucionales a favor de Manuela, a pesar de la insistencia de la propia Defensoría del Pueblo. Se llenaron de excusas:
«No soy competente” —a pesar de que la Ley dispone que los fines de semana los hábeas corpus y otras acciones constitucionales deben ser conocidas y tramitadas por los jueces de turno.
“Ya se terminó mi turno” —aunque faltaba casi media hora para que así fuese.
“Es un asunto muy complejo que no alcanzaré a despachar” —pero entonces ¿para qué es jueza?
Cuando logré pasar la barrera policial y de seguridad privada en la Unidad de Flagrancia, llegué hasta la sala donde estaba una de las juezas. Le pregunté si temía represalias en su contra si aceptaba nuestros escritos. No me respondió. Ordenó cerrar la puerta por la fuerza. Un piquete de policías la escoltó fuera del edificio, como si necesitara protección de un abogado —que todo lo que tenía por arma era la razón y el Derecho— y del funcionario de la Defensoría del Pueblo investido de la peligrosísima atribución legal de vigilar el debido proceso. En la Revolución Ciudadana, son los jueces y no los delincuentes los que tienen que salir de las cortes a empujones y rodeados de un escuadrón policial.
Policías que escoltaron a la jueza que se negó a recibir los documentos
Fue un domingo de mucho sol y ninguna respuesta. A las seis de la tarde, el coordinador de la Unidad de Flagrancia nos recibió a Javier Arcentales —otro de los abogados de Manuela— y a mí para informarnos que cualquier recurso que pretendiéramos presentar no sería tramitado y debía pasar por la sala de sorteos. Nos escamotearon un día entero. Seguramente, con la intención de precipitar la expulsión de Manuela del país sin que hubiera tiempo de escuchar los argumentos sobre la violación de sus derechos.
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Recién cuatro días después de su ilegal detención, pudimos presentar los recursos a favor de Manuela. Eran las ocho de la mañana del lunes 17 de agosto. Pensábamos que —por la urgencia de la situación— alcanzaríamos un pronunciamiento (en cualquier sentido) antes de las cuatro de la tarde, hora fijada por la Unidad Judicial de Contravenciones de Quito para la audiencia de deportación. Nos equivocamos. Los jueces a quienes correspondió por sorteo conocer el hábeas corpus y la acción de protección “necesitaban” un tiempo para “reflexionar”. No tuvimos pronunciamiento alguno sobre nuestros pedidos hasta el día siguiente, martes 18 de agosto.
La audiencia de deportación del lunes fue precedida por el circo de rigor de estos tiempos. En la calle, gente con banderas rojas y del Ecuador gritaban consignas contra los manifestantes del 13 de agosto, contra los extranjeros. Mostraban gigantografías de policías heridos durante las protestas. Un cerco policial impedía el acceso a una diligencia que, por definición legal, es pública. Había medios interesados en conocer los posibles argumentos de la defensa de Manuela. Y otros medios interesados en justificar los atropellos gubernamentales. Todo estaba en su lugar para una nueva función de esta justicia de pantomimas.
El circo de rigor
Cuando la audiencia finalmente se instaló ya lo sospechábamos. Al inicio sólo permitió el ingreso a los medios de comunicación gubernamentales —me rehúso a decirles públicos—. Se eligió la sala más pequeña del edificio, abarrotada de funcionarios de diversas entidades estatales, pero a varios ciudadanos se le impidió el ingreso. Se limitó la duración de las intervenciones de los abogados de Manuela pese a que la ley no contempla límite temporal alguno para el ejercicio del derecho de defensa.
Pero la cuestión era bastante sencilla: había o no una causal legal para deportar a Manuela Picq. Un fiscal titubeante, que parecía consciente de la injusticia del procedimiento, trató de explicar que sólo comparecía porque la ley lo obligaba. Sin querer entregó la pieza clave de evidencia de la fraudulenta cancelación de visa y del mentiroso parte policial de detención. A nuestro turno, más allá de explicar las violaciones a los derechos humanos de Manuela cometidas por las autoridades ecuatorianas, demostramos a la jueza que ninguna de las cuatro causales legales para la deportación de un extranjero se había verificado, que la policía había mentido en su parte de detención, y que la cancelación de visa realizada por la Coordinación Zonal 9 de la Unidad de Migración de la Cancillería ecuatoriana —notificada sólo al Ministerio del Interior y no a la interesada— era un montaje para justificar el arresto ilegal y arbitrario de Manuela el 13 de agosto.
Parte de detención que se investiga por supuesta falsedad
La juez no tuvo más remedio que negar la deportación, pero además por pedido nuestro, ordenó que la Fiscalía investigue los hechos.
Por unos momentos nos sentimos felices. No por haber “ganado”, pues cualquier resultado diferente a la negativa de deportación hubiera sido un absurdo, sino porque parecía que, de algún modo inexplicable, la justicia expropiada por el Ejecutivo a los ciudadanos podría funcionar correctamente.
¡Qué ilusos! Algunos ya advertían entonces que todo era un sainete para medio lavarse la cara de tanto atropello contra Manuela. Tenían razón. Aún si suponemos que la jueza del proceso de deportación con su decisión del lunes pretendió desafiar las estructuras de poder, algo estaba por hacerla cambiar de opinión: Una carta —no cabe calificarla de escrito judicial— firmada por el Ministro del Interior.
La carta del ministro Serrano
Sin ser parte en el proceso, sin patrocinio de abogado, José Serrno aparecía el miércoles 19 de agosto. Increpaba a la funcionaria porque “irrumpío” (ese fue el verbo que eligió, que, en realidad, describía su comparecencia en el juicio) el proceso al no preguntarle a él si estaba bien negar la deportación de Manuela Picq. La recriminó como a una niña malcriada por dejar en libertad a una persona ilegal y arbitrariamente detenida. La jueza ya no actuó con la misma entereza del lunes: en lugar de desechar la carta del Ministro por impertinente, y declarar que por los principios constitucionales de unidad jurisdiccional, independencia judicial y separación de poderes, no cabe que el Ejecutivo pretenda revisar lo que hace el judicial, le remitió el expediente a ese funcionario. Cuando le exigimos que hiciera prevalecer la constitución nos contestó ¡que no le correspondía a ella analizar si el sometimiento de su sentencia a aprobación del Ministro era constitucional o no!
La jueza declarando que no puede resolver la constitucionalidad
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La arremetida gubernamental estaba lejos de acabarse. El jueves 20 de agosto a las tres de la tarde se instaló, por fin, la audiencia en la acción de protección presentada a inicios de semana. Buscábamos que se declare la violación de los derechos: a la libertad ambulatoria, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica en perjuicio de Manuela Picq. Exigíamos como formas de reparación la invalidez de la infundada revocatoria de la visa, la garantía de la permanencia de la profesora Picq en Ecuador y un pedido público de disculpas, porque públicamente se le había descalificado sin pudor alguno.
Desde el inicio estaba claro que perderíamos. La jueza de la Unidad de Familia del Cantón, correctamente ataviada con vestido de discoteca, nos anunció que sólo uno de los cuatro abogados de Manuela presentes podría asumir su defensa. En la otra mesa, una risita más propia de la hienas que de los abogados daba cuenta de la certeza que tenían de ese lado: ya habían ganado. Como bondadosa dádiva, la jueza anunció que permitiría que Carlos Pérez, abogado y compañero de vida de Manuela, interviniera en calidad de amicus curiae —amigo de la corte, un tercero que da una opinión sin ninguna fuerza vinculante en respaldo de la postura de una de las partes—. La ley limita las intervenciones de cada parte a veinte minutos. Es decir, Manuela tenía veinte minutos para explicar el viacrucis de ocho días, mientras las tres entidades demandadas, y la Procuraduría contaban con un tiempo combinado de 80 minutos. Nada para nosotros, todo para el Estado.
Pero veinte minutos alcanzan y sobran para señalar a un elefante. En ese cortísimo tiempo demostramos no sólo la violación de derechos de Manuela, sino la adulteración documental para justificarla, la irregular revocatoria de la visa y las profundas contradicciones de este país de la ciudadanía universal, donde se expulsan extranjeros a dedo.
La Cancillería no se defendió. Ni siquiera se aproximó a agotar sus primeros veinte minutos. De manera pomposa y cínica, el Asesor Jurídico que compareció en representación de las tres entidades accionadas se limitó a decir que el Estado ecuatoriano tiene la potestad discrecional de recibir o expulsar a quien le dé la gana, sin obligación de garantizar un debido proceso, sin derecho a la defensa, sin importar las mentiras que sustenten tal acto, sin motivar de modo alguno sus resoluciones, sin respetar la ley ni la Constitución, todo ello porque es soberano. En otras palabras, Ecuador revocó la visa de Manuela porque le dio —parafraseando a un caudillo del pasado— la regalada gana.
Luego escaló en el cinismo. Dijo que la jueza no tenía competencia para pronunciarse sobre la violación de derechos porque el Estado había usado una facultad discrecional y que, si algo quería reclamar Manuela, debía ir a un procedimiento contencioso administrativo —con duración promedio 5 a 7 años— a ver si le daban la razón. Como si la vida se pudiera suspender mientras tanto.
En la réplica quisimos poner las cosas en su lugar. La discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad. La soberanía no es pretexto para relativizar los derechos humanos. Los actos del poder público deben ser motivados y someterse al orden jurídico. Un acto administrativo no es suficiente —según nuestra Constitución— para restringir o despojar derechos de las personas. La vía contencioso administrativa no cabe frente a actos discrecionales del poder, sino la constitucional. Todo, por supuesto, fue en vano. La jueza no se tomó ni dos minutos para revisar el voluminoso acervo probatorio que entregamos en nombre de Manuela. Todo estaba resuelto antes que se instale la audiencia. Dictó una pobre resolución sin justificación jurídica, negando la acción de protección. Pretendió salir a la carrera de la sala. No se lo permitimos: había que dejar claro ante la prensa independiente y gubernamental, nacional e internacional, presente en la sala, la injusticia y absurdo del pronunciamiento. Hicimos regresar a la jueza sonrojada a su silla para que escuchara nuestra apelación. Sabemos que no servirá de mucho. En realidad, no servirá de nada.
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A la mañana siguiente —ocho días después de haber apresado sin fundamento a Manuela Picq— el poder aún trataba de darle forma de legalidad a lo que había hecho. Escuché en vivo, en Ecuavisa, al Canciller titular tratar de ofrecer alguna explicación sobre la revocatoria de la visa de Manuela. No tenía mucho que decir. Lo que sabía de oídas era impreciso o directamente falso. Cuando le preguntaron sobre la compatibilidad de la supuesta decisión discrecional (arbitraria es el adjetivo correcto) de expulsión de un extranjero y el concepto de ciudadanía universal consagrado en la Constitución, anotó un par de incoherencias. Solo le faltó clavar la cabeza en el piso del set.
Manuela también habló con los medios. En una conferencia de prensa anunció que frente a la falta de garantía de sus derechos y al limbo migratorio en que injustamente la colocaron la Cancillería y las cortes ecuatorianas, había decidido dejar el país. Se fue pese al arraigo que implica tener una familia en esta tierra. Se fue pese al compromiso de seguir formando profesionales conscientes de las desigualdades de nuestra sociedad y empeñados en la protección de nuestros hermanos indígenas. Se fue como si hubiera hecho algo malo cuando en realidad a ella le hicieron todo lo malo que les cruzó por la cabeza a quienes nos gobiernan. Se fue dejándonos a sus abogados la consigna de no claudicar y seguir peleando hasta que se reconozca los atropellos en su contra, sea a nivel local o en instancias internacionales.
A esta hora, de seguro, las hienas siguen riendo. Creen que ganaron —aunque una “victoria” arreglada debe ser mucho más amarga que una derrota. Piensan que son eternos. Que nunca rendirán cuenta de sus acciones. Que siempre disfrutarán de “discrecionalidad” para atropellar a los otros. Se equivocan. El caso de Manuela Picq es un punto de quiebre. En su desesperación, el gobierno nos ha dado, de forma voluntaria, la prueba que en el futuro servirá para atribuir responsabilidades: internacional al Estado, como institución, y penal a varios de sus integrantes. La Revolución Ciudadana con su prepotencia ha iniciado un pequeño derrumbe que terminará por convertirse en avalancha.
Quienes suponen que la fuerza puede más que la razón están errados. A la razón le toma más tiempo imponerse, pero cuando lo hace la fuerza ya no sirve para nada. Ellos también pasarán, como otros gobiernos represores de nuestra historia. Cuando ocurra, tendrán que ir a refugiarse a los más recónditos confines del planeta, porque la sociedad ecuatoriana no olvidará sus nombres, ni sus rostros, y exigirá justicia. La lucha de Manuela y por Manuela no ha sido en vano y tampoco ha terminado.
A las 6:05 pm del viernes 21 de agosto, recibí desde Tababela un último mensaje por Whatsapp. Era esperanzador: Much love! Manuela.
Un recuento de todos los abusos, contradicciones y cinismos en el caso de la académica francobrasileña detenida durante las protestas indígenas del 13 de agosto de 2015
