Manuela Picq es una docente universitaria que ha dado la mayor lección de su vida en la calle. Lejos de las aulas de la Universidad San Francisco de Quito donde da clases desde el 2012, la periodista francobrasileña nos ha enseñado las fisuras del parapeto democrático que el gobierno de Rafael Correa insiste en mostrarle al mundo como la realidad ecuatoriana. La verdad es que en este país, el autoritarismo de un régimen desgastado da —cada vez más rápido— giros a las tuercas de un aparato represor. Manuela Picq lo ha mostrado desde la calle, desde el hotel Carrión —perverso eufemismo para la cárcel donde esperan ser deportados los inmigrantes indignos de este país— y desde la tranquilidad de quien solo tiene que contar una historia.
La vida es esa pila de decisiones que nos pone en el lugar en que estamos. A Manuela Picq la puso en el Ecuador en 2008, cuando llegó como parte de un intercambio cultural entre las universidades de Princeton —de Estados Unidos— y San Francisco de Quito. Recibió una visa 12 VIII que la facultaba a participar en actividades académicas. Cada año, Manuela la renovaba y seguía con su vida. El 28 de agosto de 2015 volvería a caducar, y la mesocracia de su ampliación ya se había puesto en marcha. Si Manuela Picq no hubiese salido a marchar el jueves 13 de ese mes, su permanencia legal se habría alargado trescientos sesenta y cinco días más. La primera lección que nos deja la muy probable deportación de Manuela Picq es que la vida es, también, esa pila de decisiones que nos arrancan de los lugares y las personas que elegimos.
A Manuela la arrestaron como se arrestan a los criminales peligrosos. Ella lo contó en este testimonio: un piquete policial la persiguió, la puso contra el suelo y la arrastró, le dieron un toletazo en la cara que la dejó ciega de un ojo por varias horas. Mientras le pegaban, un par de oficiales tapaban con sus escudos la escena. Fue un gesto poético de policías que jamás entenderán la poesía: sin saberlo, su acto era una metáfora: le estaban cubriendo las vergüenzas al Estado de Rafael Correa.
Manuela no es una criminal. No importa lo que diga el ministerio que dirige el implacable José Serrano —metamorfoseado de abogado de derechos humanos a una especie de Elliot Ness morlaco— en el parte policial de la detención y en este comunicado orwelliano, ella es solo un profesora universitaria. Según la Policía, a Manuela la atacaba una turba iracunda de la que la salvó. En el video que grabó diario El Comercio se despeja cualquier duda: esa afirmación es mentira. Mienten los que escribieron el parte —que no atinaron ni a ponerle la fecha correcta, dice abril—, mienten los que hicieron el comunicado, y mienten también los que —como el presidente Correa en el enlace del sábado 15— callan frente a este atropello.
La versión del Ministerio del Interior solo nos deja dos preguntas: ¿sabían que Manuela es pareja de Carlos Pérez Guartambel, dirigente del movimiento indígena del Ecuador? Si es así, el Socialismo del Siglo XXI tiene ya a sus cuadros policiales a la altura de los socialismos del siglo pasado. Dice ese documento (que, en rigor, debería llamarse docu-miento):
La certificación de movimientos migratorios indica que Manuela Picq registra el ingreso al país, el 26 de febrero del 2012, con una visa 12 VIII, y un plazo de 180 días para su permanencia. La visa que la ciudadana extranjera mantenía actualmente se encuentra revocada por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es un tributo a Kafka hecho por gente que jamás leyó a Kafka. Lo sé porque, si lo hubieran leído, se darían cuenta del sinsentido circular que proponen: dicen que Manuela Picq ingresó al país con una visa 12 VIII. Eso es una verdad a medias, porque la completa es que esa visa se había renovado cada año. El 13 de agosto de 2015 —cuando la detuvieron para, según ellos, ayudarla— estaba en vigencia. De hecho, solo al día siguiente se la cancelaron. Así consta en el oficio del coordinador zonal 9 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Estrella Sampedro. Ese oficio está citado en el parte lleno de imprecisiones. Y la pregunta es obvia: ¿cómo podía el parte policial revelar algo que solo se sabría al día siguiente? Para nadie es un misterio que los partes policiales se hacen al momento de la detención. O en la policía hay una unidad de clarividentes, o el parte fue modificado a conveniencia. Que quede claro: es un parte fechado el 13 abril que reporta hechos del 13 de agosto haciendo alusión a un documento que solo existiría un día después. El gobierno del Ecuador juega no solo con las leyes de la democracia, sino con las de la física. Kafka everywhere.
El abuso no se detiene ahí. Ayer, domingo 16, Carlos Pérez Guartambel fue a la Unidad de Flagrancia de Pichincha a presentar una acción constitucional de protección. Pérez es abogado, así que sabía que todos los jueces tienen competencia sobre asuntos constitucionales. La que no lo sabía era la jueza Paulina Sarzosa, que estaba de turno hoy poco antes de las cuatro de la tarde. Según Juan Pablo Albán —un abogado experto en derechos humanos que acompañaba a Pérez— cuando pudieron superar el cerco policial que protegía el edificio, fueron hasta la oficina de Sarzosa para ver por qué se negaba a recibir la acción. Dice que escucharon cómo un delegado de la Defensoría Pública —que estaba ahí como veedor del debido proceso— le exigía que recibiera la acción de protección. Pero Sarzosa no quiso. Según cuenta Albán, ella insistía en que era un tema “muy delicado” y que no tenía jurisdicción. De acuerdo a Albán, la puerta estaba entreabierta, así que cuando él la golpeó, se abrió y pudo hablar con la jueza, que insistió que no tenía capacidad para actuar:
— No es que usted no tenga competencia —le dijo Albán— usted lo que tiene es miedo.
Manuela Picq nos ha enseñado que en el Ecuador los jueces tienen miedo hasta de recibir papeles. Cómo será el terror que tienen de dictar sentencias que contraríen los intereses del Estado.
Aún más: Manuela Picq nos ha mostrado cómo viven los migrantes que serán deportados del Ecuador. En un mail de su autoría —que Albán ha confirmado— relata lo que sucede en el “hotel Carrión”. Hay que ser muy indolente para calificar a un centro de detención como hotel. Así se le decía a la Penitenciaría del Litoral —el más macabro centro de detención del Ecuador, donde, por ejemplo, el francés Daniel Tibi padeció “un infierno”. Parece que ponerle ese sustantivo a los centros de detención de migrantes es una costumbre. Antes, fue el hotel Alexander y el hotel Hernán, en Quito. Ahí esperaban, como esperan hoy en el Carrión, los extranjeros indignos de este país. “Según una compañera, la ley es que no te pueden tener más de 3 meses en este centro pre-deportación”, escribe Picq. La realidad, cuenta, es distinta: muchos se quedan ahí por meses, sin asistencia legal, en un limbo jurídico, sin derechos “la vida nula de que habla Agamben” dice Picq, citando al filósofo italiano. “Se llama hotel, pero funciona como cárcel”. La detención de Manuela, el parte policial, el comunicado del Ministerio, el lugar en que está recluida son una clase magistral de los eufemismos del gobierno ecuatoriano.
Según dice, su caso no es el peor. Hace una lista como la que hace Dios en el Evangelio Según Jesucristo de Saramago sobre los mártires que le vendrán a la iglesia:
3 cubanos, uno 7 meses los otros casi 4;
un haitiano con problemas mentales (sufre mucho maltrato de los policías según sus compañeros) 8 meses
hay un ruso que tiene 7 meses
un rumano casi 3 meses
una filipina de más de 3 meses
aparentemente ya hubo un suicidio —era un cubano que llevaba casi un año acá, se ahorcó.
la semana pasada había un hombre español enfermo y los policías no llamaron atención médica a pesar de repetidos pedidos— exasperado él se corto el brazo para lograr atención médica… 10 puntos para coserle.
El hotel Carrión no es un hotel. Es un valle de lágrimas.
La semana pasada leí en este mismo medio al entusiasta rector interino de Yachay, José Andrade. Me dio entre ternura y desesperación, porque Manuela Picq es una académica de la universidad de Princeton, una de esas a las que Andrade quiere ir a buscar para la plantilla docente de Yachay Tech. Ayer, un grupo de catedráticos de ese centro de estudios le mandó una respetuosa carta a Correa, mostrando su grave preocupación por la situación de Picq. ¿Quién de ellos querrá venir al país donde los extranjeros que piensan diferentes terminan en el hotel Carrión?
Esa es la gran lección que nos deja el caso de Manuela Picq: parece que en el Ecuador hay extranjeros de primera y segunda clase. Hoy, muy temprano lo sabremos a ciencia cierta: como la jueza Sarzosa no les recibió la acción de protección, Pérez y Albán la presentarán en la oficina de sorteos (sí: en el país del neoconstitucionalismo tropical, el formalismo vence a la protección efectiva de derechos). A las cuatro de la tarde, lo reconfirmaremos en la audiencia de deportación de Manuela Picq. No soy adivina —a diferencia de los que escriben partes policiales en el Ecuador— pero tengo serias dudas de que la acción constitucional prospere. Tengo, además, la sospecha de que la audiencia de deportación terminará con Picq en un avión hacia Brasilia.
Si es así, lo sabremos de cierto: en este país los extranjeros de primera clase, por supuesto, son los que militan en la Revolución Ciudadana. El ministro Long, a la cabeza. Él puede cantar en una tarima, y tener una opinión política en el Ecuador. Los de segunda, aquellos que como Manuela no tienen la garantía constitucional de expresar su disenso con el poder estatal. No importa que tenga la misma nacionalidad de Guillaume. ¿La diferencia? Nada más lo que piensan porque todo indica que, para ser totalmente ciudadano en este país hay que militar, sí o sí, en la Revolución. Y ese tipo de condicionamientos —a través de la historia— solo ha terminado en atrocidades.
Actualización:
Según varios reportes, Manuela Picq llegó al Ecuador en 2005. Durante el fin de semana en que escribía este texto no había información precisa que confirmara su fecha de llegada, así que preferí ceñirme a la versión oficial. Gracias a todos los que me hicieron la corrección.
¿Qué nos enseña la detención de una profesora universitaria sobre el gobierno del Ecuador?
