Hace ya dos años, más que a la iniciativa, Ecuador perdió al Yasuní. El 15 de agosto de 2013, el presidente Rafael Correa finalizó el fideicomiso que precautelaba los fondos de la Iniciativa Yasuní-ITT. Ese día, Correa nos aseguró que el mundo, a causa de su egoísmo, no nos dejaba más opción que explotar hidrocarburos en un área que, se suponía, estaba protegida por nuestra legislación: el bloque Ishpingo–Tambococha–Tiputini, dentro del Parque Nacional Yasuní. Esto equivale a decir que, por no pagar un rescate, los secuestradores incriminen a los extorsionados por la muerte del secuestrado. Con pena y una gigantesca interrogante acerca de quién realmente nos ‘había fallado’, vimos cómo desterraban a la Iniciativa que buscaba proteger una de las zonas más biodiversas del mundo. Fue una muerte prematura que desechó algunos proyectos que se hubiesen puesto en marcha ­—desarrollo de energías renovables, inversión en desarrollo sostenible, preservación del ecosistema, protección de las tribus aisladas—. Lo cierto es que la culpa aún no encuentra en quién recaer y, como fantasma que recoge sus pasos, los restos de la Iniciativa Yasuní-ITT buscan esclarecer la verdad para determinar en qué medida el mundo fue el culpable de su desgracia, y por qué los verdaderos responsables no han sido enfrentados.

Cuando Rafael Correa llegó al poder, en 2007, en Ecuador se planteó uno de los proyectos ambientales más ambiciosos a nivel mundial: la Iniciativa Yasuní-ITT. Entre ofrecimientos de reforma y transformación, el mandatario nos prometió un cambio y ganó el apoyo inmediato de la sociedad civil nacional, que todavía tenía esperanza en un paraíso ecuatoriano. Así fue que el gobierno de la Revolución Ciudadana, para preservar una zona declarada en 1979 como Reserva de la Biósfera por la UNESCO, tomó la histórica decisión de suspender la extracción de crudo en el ITT (bloque 43), con la condición de recibir, a través de un fideicomiso administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 3.600 millones de dólares. Esta compensación representaba, según estimaciones del Gobierno, la mitad de las ganancias esperadas en caso de explotar los 846 millones de barriles que se estima que están bajo tierra —un 10,23% de la actual reserva probada de crudo del país—. El objetivo no se cumplió. Se logró recaudar apenas 13,3 millones en depósitos concretos. Sin embargo, según declaraciones de Ivonne Baki —entonces presidenta de la Comisión Negociadora— el 22 de marzo de 2013, el Gobierno estaba satisfecho con la marcha del proyecto Yasuní-ITT, y confirmó que se habían establecido compromisos de alrededor de USD 336 millones en futuros aportes de la sociedad civil, países y cooperación internacional.

Según el discurso oficialista, ‘el mundo nos falló’ al rehusarse a donar la suma que exigíamos y nos obligó a proceder con el “Plan B” —la explotación del ITT—, ya que el país difícilmente se sostendría sin los ingresos petroleros. Lo que probablemente sucedió fue que la Iniciativa, de la manera en la que fue trazada, estaba condenada al fracaso. En el paraíso ecuatoriano, los pecados capitales se asocian con la falta de atractividad, viabilidad y sostenibilidad, las principales características del diseño de la Iniciativa Yasuní-ITT.

¿Fue la Iniciativa Yasuní-ITT atractiva?

No hay duda de que la extracción petrolera era mucho más rentable —y tentadora— que la ‘buena intención’ de dejar el crudo bajo tierra. Por eso, se debió dar mayor énfasis a la compensación como objetivo último, para proporcionar un incentivo que hubiese motivado incluso al Gobierno ecuatoriano —aparentemente verde y comprometido—.

El planteamiento del sistema de compensación a Ecuador, de que se evitaría emisiones de CO2, desafiaba el razonamiento económico. Se reclamó una indemnización con respecto al 50% de los ingresos no percibidos de la explotación del crudo—como si el Estado fungiera el rol de compañía petrolera en el bloque 43— y, a la vez, se ancló la Iniciativa al mercado de emisiones de CO2 —que durante la vida de la Iniciativa, mostró una marcada tendencia hacia la baja de precios—. Estas contradicciones condujeron a que el altruismo fuera el único motor para la recaudación de fondos. Como era de esperarse, este mecanismo se vio restringido por la voluntad y las prioridades de los potenciales donantes. A pesar de dichas limitaciones, se lograron compromisos que bordearon los USD 336 millones —apenas 9,33% del total que se necesitaba—, según la presidenta del equipo negociador en 2013, Ivonne Baki. Aunque este monto era limitado con respecto a la compensación total esperada, resultaba adecuado si se consideraba que los Certificados de Garantía Yasuní (CGYs) podían ser equivalentes a los Certificados de Carbón de la Unión Europea (EUAs), pero con un descuento —que podía llegar al 100%— que variaba dependiendo de la firmeza de sus características. En el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT, el descuento hubiera sido 100% por sus incongruentes características como prometer que se protegería un área que por ley ya estaba protegida. Por lo tanto, su valor real como mecanismo de mercado para la reducción de emisiones, hubiera sido cero. Por eso, esta Iniciativa estaba condenada a fallar. Así, los donantes hicieron una innegable prueba de generosidad al prometer fondos —en montos similares a los que hubieran aportado para alternativas disponibles en el mercado de emisiones— a favor de un proyecto cuyos términos eran confusos, complejos, y cuyos negociadores no se encargaron de esclarecer.

¿Fue sostenible?

Abordar temas trascendentes de manera tan leve —como la creación de una Comisión Negociadora competente— en la Iniciativa Yasuní ITT puso en duda la sostenibilidad del proyecto. Si el Gobierno ecuatoriano pretendía crear un esquema de moratoria compensada para la futura gestión del Parque, era indispensable una estructura institucional completa que contara con capacidades técnicas y políticas. Es decir, se requería que esta estructura —que en este caso, estaba representada por la Comisión Negociadora—, calculara la moratoria compensada, capaz de cubrir los costos de oportunidad derivados de no explotar el petróleo en el bloque ITT y, con esto, eliminar los incentivos económicos para la extracción y procesamiento del crudo. Además, la Comisión debía definir el horizonte de tiempo óptimo para la moratoria, y crear e implementar las garantías y medidas necesarias para que la Iniciativa fuera confiable. Los miembros de la Comisión Negociadora de Yasuní-ITT, supuestos defensores del proyecto, no tenían esas cualidades. A esta falencia, se agregó la —sorprendentemente— escasa participación del Ministerio de Ambiente de la época, cuya intervención no sólo hubiera sido adecuada y necesaria, sino también lógica. La combinación de ambos factores envió una señal —precipitada, pero verídica— a los mercados internacionales: la Iniciativa no estaba respaldada por la seriedad y no era sostenible.

¿Fue viable?

La Iniciativa Yasuní-ITT, además de proteger la naturaleza a cambio de donaciones, se promocionó como un proyecto que se apoyaba en mecanismos de mercado. A cambio de las donaciones, se ofrecía emitir los Certificados de Garantía Yasuní (CGYs) para comercializarlos, se esperaba que, en términos, financieros fueran equivalentes a los Certificados de Carbono de la Unión Europea (EUAs) o a los Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) que cumplen con los parámetros del Protocolo de Kyoto —acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.—  Estos dos instrumentos son incentivos económicos, o bonos, que buscan controlar la emisión generada por los procesos productivos para mejorar la calidad ambiental de la atmósfera. Las empresas que los adquieren reciben un derecho legal a emitir CO2 y, además, pueden transferirlos a otras empresas, a un precio establecido en el mercado. Estos certificados funcionan como permisos o ‘derechos de contaminación’, y los fondos por su compra y venta permiten, de alguna manera, compensan la contaminación de estas empresas.

La implementación de la Iniciativa, a través mecanismos de mercado, resultaba inverosímil y no podría haber recaudado los USD 3.600 millones de la indemnización solicitada. Si los CGYs hubiesen sido tranzados en los mercados europeos de carbono —como estaba planeado—, sus desventajas hubiesen traído grandes descuentos en su precio. Sin mencionar el hecho de que el precio de los EUAs —bonos contra los cuales se valoraba esta Iniciativa— se desplomaron de un promedio de USD 40 (a finales de 2008) a USD 5 (en 2013).

A partir del 2010 y hasta el 2013, la supervivencia de la Iniciativa estuvo amenazada por los altos precios del petróleo, en contraste con el desplome de los precios de los bonos de carbono. Esto cuestionó la sostenibilidad del proyecto en los mercados financieros internacionales, ya que afectaba la compatibilidad de incentivos con los intereses del Gobierno ecuatoriano. A esta incertidumbre, se sumaron dos factores adicionales: la cada vez más urgente necesidad de fondos para que la Revolución Ciudadana siga financiando el milagro ecuatoriano (rápido crecimiento, resultados palpables y visibles) y la alta —y tentadora— rentabilidad de las actividades de perforación de petróleo en el PNY, desde finales de 2009 hasta comienzos de 2013.

¿A quiénes culpamos?

El mundo no nos falló. Por el contrario, desde una perspectiva objetiva, hizo mucho más de lo que hubiésemos podido esperar. Era irrealista empecinarse en que, a través de una Iniciativa viciada y defectuosa, el Gobierno ecuatoriano pudiese alcanzar su objetivo de compensación. Esto es aún más claro cuando, paralelamente, existían otras alternativas de donación que eran menos riesgosas, más baratas, mejor estructuradas y, sobre todo, más creíbles. Un ejemplo son los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), en países en vías de desarrollo. Se creía que la Iniciativa era un mecanismo de mercado alternativo para la lucha contra el cambio climático. En la práctica, fue un dispositivo que buscaba canalizar el altruismo puro de la sociedad mundial bajo una estructura muy parecida a una extorsión.

Con problemas desde su concepción, el único futuro de la Iniciativa era un rotundo fracaso. El proyecto careció de los tres principales componentes del éxito: atractividad, sostenibilidad y viabilidad. A pesar de esto, el entusiasmo de sus impulsores fue admirable. Según Roque Sevilla —primer presidente de la Comisión Negociadora— para el 2009, año en que se celebró la XV Conferencia sobre el Cambio Climático en Copenhague, varios países europeos se habían comprometido a aportar aproximadamente el 76% de los fondos solicitados. Por algún motivo que aún no está muy claro, Ecuador no se presentó a la Conferencia para firmar el fideicomiso con el PNUD. Una serie de eventos bochornosos que enviaron la clara señal de que nuestro país, y por ende la Iniciativa Yasuní-ITT, carecía de dos pilares: seriedad y compromiso.

Resulta ilógico —y quizá hipócrita— acusar al mundo de habernos fallado, cuando, en realidad, la culpa recae sobre nosotros y sobre quienes diseñaron y vendieron la Iniciativa. Por eso, este 15 de agosto, muchos ecuatorianos recordamos con tristeza los dos años del impune destierro de la Iniciativa Yasuní-ITT. Debemos asumir un reto histórico: buscar la verdad.

No debemos permitir que se vuelva a cometer otro atentado contra los recursos naturales en Ecuador. Es indispensable conocer qué fue lo que realmente sucedió porque no queremos esa verdad que se esfuerzan en hacernos creer sábado a sábado. Aún podemos defender lo que queda del Yasuní y el resto de nuestros parques naturales —como Galápagos—, y evitar un nuevo entierro prematuro. Así como la ilusión que teníamos con el Yasuní-ITT, aún guardamos la esperanza de respuestas del Gobierno frente a muchas interrogantes que han quedado inconclusas.

  • ¿Por qué ataron la Iniciativa Yasuní-ITT a las emisiones de carbono, y no a aquello que realmente le daba valor al bloque ITT, como su petróleo o su biodiversidad?
  • ¿Por qué el Ministerio de Ambiente no participó, de manera activa, en promover y llevar al éxito esta Iniciativa?
  • ¿Cuándo se dieron cuenta de que el proyecto no era financieramente viable? Si se percataron en febrero de 2009, como lo afirma el periódico británico The Guardian, ¿por qué no suspendieron la Iniciativa ese mismo año?
  • Según conversaciones con miembros de la Comisión Negociadora, se nos indicó que, tras el aterrizaje en Copenhague, habían quedado perplejos con el cambio de opinión del Presidente Rafael Correa quien pidió que se cancele la reunión programada para la firma del contrato del fideicomiso con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante la Cumbre del Cambio Climático de Copenhague, el 14 de diciembre de 2009. ¿Por qué el Presidente cambió de opinión dos días antes de que se realice la reunión para la firma del fideicomiso?
  • Cinco días antes de la reunión en Copenhague, el 9 de diciembre de 2009, en una entrevista publicada por el diario El Comercio, el presidente de la Comisión Negociadora ITT, Roque Sevilla, anunció que Alemania, España y Bélgica habían prometido entre USD 972 millones y USD 1.232 millones para el fondo Yasuní-ITT, los cuales se pagarían en los siguientes trece  años; y que Francia y Suecia ofrecían USD 532 millones. Estos aportes representaban el 76% del total de las donaciones esperadas por el Gobierno de Ecuador. Si esta afirmación era cierta, significaba que Ecuador quedaba atado a su promesa y a la Iniciativa. Esto nos lleva a preguntar: ¿fue verdadera esta afirmación? Y, en el caso de que lo haya sido, nos cuestionamos: ¿fue un boicoteo lo sucedido en Copenhague?
  • Con motivo del Día de la Tierra, el 22 de marzo de 2013, la presidenta de la Comisión Negociadora, Ivonne Baki, en rueda de prensa, manifestó que el Gobierno estaba satisfecho con la marcha del proyecto Yasuní-ITT, y confirmó que habían compromisos de alrededor de USD 336 millones en futuros aportes de países, la sociedad y cooperación internacional. Si esta afirmación era verdad cabe preguntar ¿Por qué se indicó que ‘el mundo le había fallado’ al Ecuador, si el valor prometido de USD 336 millones, a 2013, era un pago más que justo para un proyecto de estas características (es decir un proyecto de mitigación de emisiones), basado en el desplome de los precios de los bonos de carbono en los mercados europeos y las alternativas disponibles que tenían los donantes internacionales en programas REDD alrededor del mundo?
  • ¿Cuál fue la lógica para querer resguardar, dentro del mismo Parque Nacional Yasuní, únicamente la biodiversidad del ITT (bloque 43), y no aquélla de otros bloques adyacentes a éste? Como por ejemplo, la del bloque 31, que cuenta con las mismas características biológicas que el ITT y cuya extracción sería significativamente menor.
  • ¿Acaso no resulta contradictorio que, paralelamente al impulso de la Iniciativa Yasuní-ITT, se iniciaran otros proyectos, como la construcción de la Refinería del Pacífico (cuya rentabilidad depende, principalmente, de la expansión de la frontera petrolera del país)?

Sin esas respuestas, muchos ecuatorianos sentimos —con suficientes argumentos— que el Gobierno nos sigue fallando con respecto a la verdad sobre la Iniciativa Yasuní ITT.