La vida de los otros

La locura se olvida en Uruguay

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Nadie se acuerda de los locos en Uruguay: están encerrados en las Colonias de Alienados, en San José. Los pacientes psiquiátricos están completamente aislados en este departamento a setenta kilómetros de Montevideo, y la ausencia de atención médica los ha llevado –en algunos casos– a morir de forma violenta, como un ataque de perros. Sí, el país americano más libertario y progresista todavía tiene colonias psiquiátricas con un modelo de hace setenta años donde los locos son sólo eso: pacientes que al perder su cordura también pierden sus derechos.

Las dos Colonias de Asistencia Psiquiátrica Bernardo Etchepare (1912) y Santín Carlos Rossi (1936), le llegaron a dar techo, comida y psicofármacos a cuatro mil personas a mediados del siglo XX, según datos del Sindicato Médico del Uruguay. Ahora, las colonias  albergan a 850 pacientes que se quedan, en promedio, veinte años. Cada año, cerca de treinta y tres mueren dentro de las colonias por causas naturales, y en los últimos cinco años, 180 abandonaron el lugar porque cumplieron su tratamiento, según el director de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Horacio Porciúncula. 

En estas instituciones psiquiátricas, la vulneración de los derechos de los pacientes son moneda corriente: viven en condiciones poco higiénicas, sufren de sobremedicación, les aplican tratamientos invasivos sin consentimiento y muertes violentas, y sufren mordeduras de perros que viven en las colonias. Estas condiciones han sido denunciadas desde hace diez años por organizaciones sociales  como la Asamblea Instituyente por la Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna (2012), Movimiento la Salud Para Todos (2010) y Radio Vilardevoz (1997). Pero las demandas se escucharon recién en todo el país luego de que las muertes de pacientes se difundieran en los medios. Con la noticia de que Carlos Grecco, Jesús Martínez y Juan Carlos Castro habían sido víctimas de la negligencia, las colonias empezaron a representar una vergüenza nacional. La cobertura mediática ayudó a que se comience a investigar qué ocurre en las colonias.  

Carlos Grecco murió a finales de marzo de 2015 en la Colonia Etchepare. Su familia lo dejó cuando tenía 18 años y nunca más volvieron. A Grecco, la vida se le hizo larga y pesada: casi cincuenta años de encierro y monotonía. Nunca recibió visitas. Quienes lo conocieron cuentan que “era un hombre tranquilo y respetuoso, con una rutina diaria como cualquiera”. A los setenta y dos años murió por las heridas que le causó una jauría que vivía en la colonia. La muerte de Grecco se difundió en medios nacionales y locales, y las autoridades actuaron inmediatamente: se sacrificó a más de cien perros que vivían en las colonias y se trasladó a los pacientes más vulnerables a pabellones restaurados en el mismo lugar. 

Pero Grecco no es la única muerte en el asilo. El 9 de mayo de 2015, Jesús Martínez, otro interno, amaneció muerto en la misma colonia donde vivía Grecco. El Movimiento La Salud Para Todos –conformado por usuarios del Sistema Integrado de salud en Uruguay–, denunció una omisión de asistencia oportuna. El fallecido fue golpeado por otros dos pacientes la noche anterior y permaneció entre seis y 24 horas en la cama antes de que lo encuentren. Ese mismo día, en la colonia Santín Carlos Rossi, falleció el interno Juan Carlos Castro. Como era epiléptico lo ataban a una silla de ruedas pero por descuido lo dejaron muy cerca de la estufa. El presidente de la organización La Salud Para Todos, Rubén Bouvier, dijo que un funcionario de la morgue le informó que el fallecido presentaba quemaduras en el rostro y la entrepierna. La Academia Nacional de Medicina de Uruguay publicó un comunicado que calificó de aberrantes los hechos ocurridos en la Etchepare. Los integrantes del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado fueron convocados el 10 de junio de 2014 por la Comisión de Salud Pública del Parlamento. La directora del organismo, Susana Muñiz, declaró que ASSE hizo una “investigación administrativa”, a través de la cual certificaron ambas muertes como naturales, sin indicar cuáles fueron las causas. Según denunció un representante del Movimiento La Salud Para Todos, Bouvier, no se practicó la autopsia en ninguno de los cuerpos de los dos pacientes. Ahí quedó la investigación de sus fallecimientos: con una declaración de una funcionaria pública. Como si las muertes y los nombres de los pacientes no importaran. 

A una legislación, supuestamente, le importan los locos. Desde 1936, Uruguay tiene vigente la Ley de Asistencia al Psicópata que fue aprobada durante el período dictatorial –entre 1933 y 1938 bajo el mando del ex presidente de facto, Gabriel Terra–. La Ley fue progresista para su época –por regular la asistencia psiquiátrica en sus diferentes formas–, pero “no creó dispositivos efectivos de rehabilitación para los usuarios de salud mental, ni se adecúa a los estándares internacionales, no contempla la perspectiva de derechos humanos de los usuarios ni el trabajo comunitario con las personas”, opina la psicóloga y la integrante de la organización social Asamblea Instituyente por la Salud Mental (AI), Susana Burgos. Uruguay –por decencia y por obligación de organismos internacionales– debería comenzar a reformar sus leyes. La Organización Mundial de la Salud dio plazo hasta el año 2020 para que se cierren las colonias psiquiátricas del mundo entero. En la Asamblea –integrada por psicólogos, usuarios y familiares– coinciden en que los pacientes de salud mental no son contemplados dentro de las políticas de discapacidad. “Si te fijás en las leyes internacionales que ratifica Uruguay, hay como un acuerdo tácito de no hablar del tema”, dice Burgos. A pesar de que las colonias le cuestan al Estado uruguayo 2,4 millones de dólares mensuales, ninguno de los expertos reconoce que se hayan realizado cambios significativos en la calidad de vida de los pacientes en estos últimos años. Como declararon los integrantes de la AI, estas instituciones responden a una búsqueda sanitarista, no son terapéuticas y no resuelven el problema de los pacientes.

Si la vida de los pacientes no ha cambiado es porque ha faltado voluntad política de cambio. El ex director de las colonias y psiquiatra jubilado, Ángel Valmaggia, explica que para encarar una transformación efectiva se debería internar a los enfermos en hospitales generales porque los centros psiquiátricos de atención monovalente no hacen más que estigmatizar al paciente. Además, se debería poner a los internos en residencias de no más de quince personas en casas tuteladas –espacios acomodados para mejorar la capacidad de reinserción en la comunidad–   para formar cooperativos de trabajo y vivienda. En agosto de 2015, la Administración de los Servicios de Salud del Estado cuenta con cuatro casas tuteladas –que albergan entre 8 y 14 personas cada una–, y propuso crear 25 más para el próximo quinquenio. La rehabilitación va de la mano con la inserción del paciente en la comunidad y las colonias psiquiátricas están muy lejos de lograrlo. El ex director de las colonias y psiquiatra jubilado, Ángel Valmaggia, lo resumió así: “en diez años de gobierno de izquierda [Tabaré Vázquez y Pepe Mujica] le han dado derechos a todas las minorías, menos a los pacientes psiquiátricos.” Con el cierre de las colonias, el presupuesto que tienen podría ser derivado a tratamientos comunitarios, dijo Valmaggia. 

Una nueva legislación con enfoque de derechos humanos –promovida por organizaciones sociales y profesionales del área– está creciendo en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Su misión es muy clara: demostrar que el defectuoso modelo asilar para salud mental tiene los días contados en el país.  En 2007, desde el Ministerio de Salud Pública de Uruguay en conjunto con las organizaciones sociales se redactó un anteproyecto de ley de salud mental que quedó encajonado en el 2009. Según los integrantes de la AI, lo que llevó al fracaso de este anteproyecto fue que la Sociedad de Psiquiatría que siempre se mostró reacia ante la propuesta de cerrar las colonias y del hospital Vilardebó. Además, se buscaba crear un órgano revisor integrado por familiares, usuarios, profesionales del área y el Estado para un correcto control de los derechos de los pacientes. Sin embargo, hubo una fuerte resistencia de la Sociedad de Psiquiatría que se amparó en un código de ética –que es parte de su formación médica–, y en que el cierre de las colonias y el órgano revisor iban a ser una amenaza para su labor. Si las colonias estatales siguen vigentes es porque el Estado así lo quiere. 

La muerte de Grecco marcó un punto de partida para Uruguay. El país está avergonzado, intenta tapar la verdad con declaraciones sencillas y se aprovecha de que a muy pocos les importan los locos. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay está trabajando con profesionales del área, usuarios y familiares para crear la nueva Ley de Salud Mental, un proyecto que el ministro de esta cartera, Jorge Basso, pretende tener pronto para el 2015. Con esta ley, se buscará cerrar las colonias pero no hay garantías de ello. Las organizaciones sociales no dan tregua: mientras que no se concreten sus reclamos, no van a parar. Mientras tanto, los pacientes psiquiátricos seguirán viviendo en el olvido en uno de los países más reconocidos por sus políticas inclusivas y Uruguay mostrará que no es tan perfecto como parece. 

Bajada

Los pacientes psiquiátricos no tienen derechos en el país más libertario de América

Periodista uruguaya del periódico La Diaria. Es una de los 16 integrantes de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas , iniciativa inédita para impulsar el periodismo regional y destacar nuevos talentos.