México está conmocionado, de nuevo, por la muerte. El 31 de julio se encontraron cinco cuerpos torturados en el otrora apacible barrio de clase media en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México. La conmoción aumentó con el nombre de una de las víctimas: Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista auto-exiliado en DF desde junio de 2015, luego de las amenazas recibidas en el estado de Veracruz, en el sureste del país. Rubén, considerado un “periodista incómodo”, nos ha recordado que hay oficios que no se pueden ejercer libremente en México y que el poder, nuevamente, intenta maquillar los crímenes que no puede justificar.
Rubén residió y trabajó ocho años en Veracruz donde cubría con frecuencia movimientos sociales en la región y exigía –junto con otros colegas– la protección a su gremio. Él luchaba para acabar con una epidemia ferozmente selectiva: México se ha convertido en “uno de los países más peligroso del planeta para ejercer el periodismo”, con al menos 100 periodistas asesinados y al menos 21 desaparecidos desde el 2000, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana. La ONG Internacional Artículo 19 ha registrado que cada 26,7 horas un comunicador social es agredido en este país y que en ninguno de los casos más graves documentados, existen personas sentenciadas. Veracruz tiene el triste y preocupante récord de ser el estado con mayor riesgo dentro de la epidemia: 16 periodistas asesinados desde el 2000, de los cuales 10 corresponden a los últimos cinco años, es decir, bajo la administración del actual gobernador priista Javier Duarte.
Cuando se conoció el multihomicidio, las noticias se concentraron en Rubén por razones que todos comprendemos: un periodista amenazado en un estado limítrofe del Golfo de México que es encontrado muerto en el Distrito Federal es una terrible noticia para un país que ha querido convencernos de que la violencia está “regionalizada”, es aislada, nos es lejana y ajena. El mensaje del crimen fue claro: se acabó el mito de la capital como refugio sanctum para los periodistas hostigados en otros estados. Safety no more. La violencia no tiene empache en alcanzarnos en cualquier lugar porque la criminalidad no necesita ni identificación ni pasaporte para hacer el viaje, sólo requiere de una impunidad bien instalada. Esta se ha institucionalizado y esparcido en México sin ningún muro que la detenga.
A medida que procesábamos el acontecimiento, las redes sociales –con la velocidad y la confusión que les caracterizan– nos fueron dando más información de los otros cuatro cuerpos encontrados en la Colonia Narvarte. Cuatro mujeres. Enseguida nos enteramos de un nombre: Nadia Vera Pérez, promotora cultural y joven activista de #YoSoy132 –movimiento ciudadano impulsado por estudiantes mexicanos para rechazar la imposición mediática de candidatos y exigir transparencia y pluralidad en épocas de elecciones– y que también había sido amenazada en Veracruz. Luego de otro: Yesenia Quiroz Alfaro, de quien poco sabemos más allá de que era una joven maquillista de Michoacán pero que desde niña residió con sus padres en el estado de Baja California y se mudó a la capital. Después apareció Olivia Alejandra Negrete, trabajadora doméstica del vecino estado de México, de quien tampoco se conoce mayor información y cuya invisibilidad en tan horrible historia ha sido denunciada por la asociación civil “Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar” (CACEH) quienes exigen que su muerte sea investigada en igualdad de condiciones y no como un “daño colateral” por tratarse de una empleada doméstica.
De la cuarta víctima no obtuvimos identidad sino después de más de cinco días. La llamaron Simone. La llamaron Nicole. Los medios solo repetían esto: que la víctima era colombiana, que era mujer, que al parecer era edecán y modelo. Tres pecados capitales. De esa ‘triple realidad’ se podían desprender las hipótesis más veloces de uno de los crímenes más violentos en la historia reciente del Distrito Federal mexicano: Nicole, Simone, o Mile Virginia Martin –como finalmente la identificaron– dueña de un Mustang y joyas a pesar de no tener “empleo fijo” y ser “edecán y modelo” ha pasado a ser, de acuerdo a varios medios de comunicación, el centro de las investigaciones. La indagación enfocada en ella surge porque fue quien presentaba mayores signos de tortura que el resto de las víctimas y porque imágenes de videos filtradas a un periódico local muestran a tres hombres (¿los presuntos asesinos?) huyendo en el Mustang del que se supone era propietaria Mile Virginia.
Todo pareciera indicar que las autoridades mexicanas quieren distraernos, que han olvidado que dos de las víctimas eran un periodista y una activista amenazados en un país catalogado –con plenas evidencias– como uno de los más riesgosos y difíciles en todo el mundo para ser periodista o defender derechos humanos. Parecen también olvidar las autoridades, que dentro de los tristes récords que ahora ostenta México el país está en el “top 10” de los feminicidios cometidos con armas. Ciudad Juárez y ahora el Estado de México son un constante recordatorio de la tragedia que representa la violencia de género en el país, que va más allá de nacionalidades y de los prejuicios que vienen adjuntados.
La gran incógnita es si la sociedad mexicana y la comunidad internacional llegarán a conocer la verdad sobre este terrible crimen. La gran preocupación es si las víctimas recibirán justicia. La declaración inicial del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de que los asesinatos podrían ser el producto de “un robo” no fue una buena señal. Aunque posteriormente las autoridades han asegurado que se analizan “todas las líneas de investigación” aún tenemos fresca en la memoria la rueda de prensa –del 27 de enero del 2015– en la que el entonces Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Karam, nos contara de la manera más impávida la explicación de “todo lo ocurrido en Ayotzinapa” argumentando además que su narración constituía la ‘verdad histórica’ de uno de los episodios de violación de derechos humanos más paradigmáticos de los últimos tiempos.
A casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el ‘desmoronamiento’ de la teoría presentada por el entonces procurador es más que evidente. Preocupa, sin duda, que los prejuicios malamente asociados a la nacionalidad de Mile Virginia, y lo que se diga de su ocupación o lo que interpreten los medios y el público de tal, puedan llevar a la construcción de una ‘nueva verdad histórica’ capitalina que lleve a que una víctima se vuelva culpable de su propia tragedia. Preocupa además que esos mismos prejuicios contribuyan a hilar narco historias colombianas y redes trasnacionales de crimen organizado, que si bien existen, no necesariamente tienen que explicar toda la violencia que ocurre en un evento como este en donde, insistimos, hay dos víctimas cuyas profesiones de alto riesgo deben informar y guiar líneas de investigaciones sólidas y transparentes. Preocupa que caigamos en la trampa de pedir firmeza para algunos, olvidarnos de las historias de otros, estereotiparlos a todos por sus particularidades. Mile Virginia, Nadia, Rubén, Olivia Alejandra y Yesenia merecen justicia y como parte de esa necesaria procuración de justicia, sus familiares, la sociedad mexicana, y todos los que nos solidarizamos con ellos, merecemos saber qué sucedió en la Colonia Narvarte el 31 de julio porque el derecho a la verdad es una de las pocas maneras que conocemos para ir superando la profunda tristeza y la indescriptible indignación que crímenes como este nos causan. Justicia, llanamente, con todo lo que verdaderamente implica.
Las autoridades disfrazan el crimen de un periodista y una activista de DDHH y quieren construir otra [falsa] versión oficial
