Sí, mi amor, es lo que parece

El secretario de inteligencia Rommy Vallejo negó la relación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) con la empresa italiana Hacking Team. Su declaración se parecía a la de Clinton cuando negaba su relación con Mónica Lewinsky, como cuando un niño sosteniendo el florero roto en las manos dice “mami, yo no fui!”, como cuando el esposo infiel sorprendido in fraganti afirma con solvencia “mi amor, ¡no es lo que parece!”. La realidad es que, más de una vez, Vallejo ha atentado contra la privacidad.

La  intervención del secretario de inteligencia Vallejo fue pomposa. Trató de convencer a periodistas —filmados por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) al ingreso, desarmados de sus celulares, grabadoras y tablets— de que él es una especie de ángel de la guarda de la lucha anti-delincuencial, que no espía a nadie y que opera dentro de la legalidad. Vallejo, tan determinado a transparentar sus actividades, sólo aceptó cuatro preguntas: de Ecuavisa, El Comercio, Telesur y Radio Ciudadana, de las que sólo contestó las de los dos últimos —ambos órganos mediáticos afines al gobierno. Negó su relación con la empresa Hacking Team, clasificó a los contratos con otras empresas como algo confidencial y declaró que la visita de cuatro asambleístas a los exteriores de su bunker redujo la productividad de la secretaría en más del 40%. Con eso se quedó tranquilo y terminó la rueda de prensa. Como si sus palabras automáticamente borraran el nombre de la Senain de los correos con Hacking Team. 

Lo peor es que el Secretario tuvo la desfachatez de decir que quienes señalaron a la Senain “han hecho un show patético”. Patético es que este oficial de policía siga negando todo ante la irrefutable evidencia sobre la afectación de la privacidad de los ciudadanos ecuatorianos, revelada nada más y nada menos que por Julian Assange —el huésped favorito de la Embajada ecuatoriana en Londres—, y su equipo de Wikileaks. Patético es que un gobierno que se jacta de tener el respaldo de la mayoría de los ecuatorianos tenga que espiar las conversaciones ajenas por si acaso le vayan a dar un “golpe blando”. Patético es que, después de guardar silencio desde diciembre de 2012 cuando se negoció la contratación de Hacking Team a través de terceras empresas como Robotech, de repente la inteligencia ecuatoriana convoque a una rueda de prensa para, supuestamente, mostrar cuán transparente son sus actividades. El secretario de inteligencia está convencido de que puede escoger cuándo responder las preguntas de los ecuatorianos. 

Esto no es algo nuevo para él. Cuando defendí al ex oficial militar Diego Mauricio Vallejo Cevallos —sometido a dos juicios penales sin fundamento—, llamamos al mayor Rommy Vallejo a declarar como testigo. En aquel entonces, Vallejo era jefe de la unidad de inteligencia de la Presidencia de la República —técnicamente, la  Unidad de Gestión de Seguridad Interna (UGSI)— creada en 2007. Le pedimos que explique por qué su personal siguió a Diego Vallejo dentro y fuera del país, por qué se hostigó a su familia con correspondencia anónima, y por qué se interceptaron sus líneas telefónicas y las de varios de sus contactos por un tiempo prolongado. Desde luego, Rommy Vallejo nunca apareció. La Presidencia envió a los jueces un oficio indicando que “justo” había salido del país. Rommy, siempre tan oportuno, aparece o desaparece cuando se lo ordenan: como con su rueda de prensa después de que el nombre de la Senain fue descubierta en los correos de Hacking Team. 

Rommy Vallejo responde de la misma forma en que los servicios de inteligencia ecuatoriana lo han hecho cuando sus actividades son descubiertas. Por ejemplo, los oficiales que en la época de Febres-Cordero pertenecían a la Dirección de Inteligencia del Ejército y dependencias como Contrainteligencia Quito —varios actualmente procesados por crímenes de lesa humanidad de tortura, violencia sexual y desaparición forzada— han declarado ante las autoridades que ellos sólo leían los diarios y armaban carpetas con recortes de prensa.  Casi como Rommy que, según él, “no hace nada”. Parece que Vallejo se olvida que, en realidad, la privacidad es un derecho humano reconocido por varios estándares internacionales y que, intervenir en conversaciones ajenas, sí es “hacer algo”. 

Irrumpir sin límites en la privacidad para mantener el orden social es extremadamente peligroso. El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión reconoció en un reciente informe  que, debido a los avances en Internet y en la tecnología de la comunicación, este acto podría afectar al derecho a la privacidad y a la libertad de pensamiento y expresión de las personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos dice que los avances en la tecnología permiten un rápido acceso a información en teléfonos celulares y computadoras personales que puede ser controlada de forma inapropiada por los Estados, que deberían garantizar que su intervención sea responsable, autorizada por la ley, y que tenga ciertos límites supervisados por las autoridades competentes. Es decir, se puede hacer como excepción. Cuando se practica como regla, son ilegales y deben ser drásticamente sancionadas. Estas ilegitimidades incluyen aquellas realizada por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes. El Estado debe asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de adecuar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales de protección del derecho a la vida privada. Vallejo debería poner mucha atención sobre estos informes: la privacidad no es un lujo sino un derecho. 

La vigilancia, la interceptación y recopilación ilícita o arbitraria son contrarias a una sociedad democrática. Es bastante irónico que el gobierno ecuatoriano haya adoptado por consenso con 192 países una resolución para cuidar la privacidad en la era digital y con la misma pluma haya firmado un contrato con Hacking Team. “El derecho a la privacidad en la era digital”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2013, instó a los Estados a respetar y proteger la privacidad, examinar sus prácticas y procedimientos de supervigilancia y, sobre todo, permitir que los ciudadanos sepan qué información personal suya está recopilando el Estado. 

La orden informal de espiar a “los de siempre”, los “tirapiedras”, los “antipatrias” y otros bichos es cada vez más frecuente.. Para vigilar a alguien debería haber una orden legítima de un juez basada en las disposiciones legales existentes e indicios serios, datos precisos o fuertes presunciones de que alguien está, intentará o ha cometido un delito grave. De todas formas, el investigado debe tener el derecho de conocer qué información ha sido almacenada y con qué propósito. Si es que la información recolectada no es pertinente para la investigación de un delito, el afectado podrá solicitar que esos datos sean borrados o destruidos de los registros. No se debería ordenar a través de Twitter con un “Senain favor atender”, o en alguna alocución televisiva de algún Ministro, o por telefonazo de determinado funcionario de la Presidencia de la República.

El incremento de programas gubernamentales para interceptar comunicaciones privadas llamó la atención de varias organizaciones sociales y académicas. En 2013, firmaron un conjunto de “Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones”. En esencia, es una versión extendida del test de validez de las restricciones a derechos humanos. Aquí consta que, aunque son fundamentales, la privacidad y la libertad de expresión no son un derecho absoluto e infrangible. Éstos pueden ser restringidos mediante una ley si es que se presenta un motivo legítimo para temporalmente traspasar estos derechos. Esta posibilidad es utilizada por la Senain para fundamentar su irrupción en llamadas telefónicas, correo electrónicos y conversaciones de mensajería instantánea. De nuevo: volviendo la excepción la regla. El (supuesto) fin justificando los (dudosos) medios. 

La evidencia divulgada en el curso de las últimas semanas sobre las actividades de Hacking Team y sus vínculos con el gobierno ecuatoriano, entre otros, muestra una realidad preocupante: el régimen espía a quienes disentimos y cuestionamos sus posturas abusivas y arrogantes. Nos espía seguramente con la intención de luego criminalizar nuestra disidencia, ridiculizar nuestras posturas o chantajearnos moralmente para que nos quedemos callados. Es lamentable que en nuestra región sea la propia Organización de los Estados Americanos y su Programa de ciberseguridad desarrollado por la Secretaría de Seguridad Multidimensional la que aconseje a los Estados cómo espiar. Es aún más lamentable que bajo una fachada de legalidad, varias legislaciones de países de América —entre ellas la ecuatoriana— faculten la intercepción y monitoreo de las comunicaciones privadas. Aunque esta legislación tiene la presunta intención de combatir el crimen, su irregular interpretación o aplicación de esta función, se ha convertido (en más de una ocasión) en instrumento de persecución y hostigamiento contra activistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos. En el Ecuador, se ha llegado a divulgar comunicaciones personales de líderes de opinión a través de medios públicos con la bendición y hasta felicitación presidencial.  Pregúntenle a Martha Roldos.

En estas circunstancias, los ciudadanos tenemos que seguir exigiendo transparencia. El show que dio el 20 de julio la Senain y la Secom no es una explicación satisfactoria. El Gobierno debe dedicarse a la correcta administración de los intereses de toda la ciudadanía y salir de nuestros grupos de Whatsapp.  La Senain no tiene ninguna razón de ser en el marco de un Estado democrático y de derechos, con libre circulación de ideas —que dizque somos— que no mantiene conflictos con otros países. No existe justificación alguna para un dispendio desmedido de recursos —menos en época de recesión— solo para reafirmar el ego de ciertas autoridades blandas que parece que sueñan a diario con que les dan un golpe. Los funcionarios que metieron la pata pretendiendo jugar a James Bond deben aceptar sus culpas, no negarlas. Corregir estas situaciones empieza por reconocer “¡sí, mi amor, es lo que parece!”.