Los militares aún creen que pueden elegir si obedecen o no a las autoridades civiles. El seis de julio de 2015, durante una entrevista en GamaTV, el Ministro de Defensa Nacional, Fernando Cordero, y el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luís Garzón, desmintieron el audio anónimo de una supuesta reunión del mando militar donde se había decidido quitar el respaldo al gobierno de Rafael Correa, el día anterior. El general Garzón dijo en la entrevista que las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y protectoras de libertades, garantías y derechos. El Ministro resaltó que su gran sintonía con el gobierno garantiza la obediencia militar se ha visto materializada en presupuestos de defensa altos y aumentos de su capacidad. Sus respuestas demuestran que, culturalmente, las Fuerzas Armadas del Ecuador han asimilado que su bienestar depende de su obediencia a los gobiernos civiles. Pero hay algo que ninguno de los dos admitió: en el Ecuador, los militares aún creen que pueden decidir si obedecen o no a los civiles.
La respuestas del general Garzón y del ministro Cordero demuestran que en Ecuador los militares y el gobierno viven en una interdepencia de iguales, que viven en acuerdo para evitar que el primero le quite el respaldo al segundo. Esto es evidente cuando el general Garzón descarta un golpe porque “respetan la Constitución”, y no porque sientan que eso podría destruir a las propias Fuerzas Armadas. Este escenario crea la duda de que, si así como tienen la capacidad de respetar la Constitución, se reservan, también, la posibilidad de irrespetarla cuando sus altos mandos lo decidan. Según el profesor Brian Loveman de San Diego State University, pensar así ha causado gran parte de las intervenciones militares en Latinoamérica. Se la conoce como democracia protegida —un modelo en el que las Fuerzas Armadas piensan que tienen la autoridad para deliberar por los intereses permanentes del Estado—. Las Fuerzas Armadas en Ecuador nombran a estas acciones como objetivos permanentes nacionales y es parte de distintos textos educativos castrenses tales como Planificación Operativa Militar de la Armada del Ecuador (Ed. 1979).
La historia de Latinoamérica rebosa de ejemplos: desde el derrocamiento de Allende en Chile hasta la Junta Militar en Argentina, cada ejército justificó que sus acciones eran necesarias a pesar de que las reglas constitucionales se las impedían. En Ecuador también sucedió: durante el Gobierno de Jamil Mahuad, un grupo de coroneles interpretó que no debían obedecer a sus superiores militares por que implicaba no actuar ante una crisis nacional. La caída de Jamil Mahuad se dio porque las Fuerzas Armadas consideraron que tenían que prevenir el colapso institucional del país, y prevenir un enfrentamiento civil en lugar de defender el Congreso Nacional ante la marcha indígena que lideraba el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas.
Esto es más peligroso de lo que parece. Bajo esta lógica, la respuesta del general Garzón implica que los militares aún no se ven enteramente como un agente comandado por un principal: el gobierno democrático elegido por los ecuatorianos. Tanto la oposición como Alianza País pueden ser afectadas por Fuerzas Armadas que creen gozar, y en efecto usen, de autoridad suficiente para rehusarse a cumplir órdenes o decidir remover su respaldo. Sin una milicia verdaderamente sujeta al control civil, los partidos políticos no tienen garantizada la libertad de decisión y acción constitucional que necesitan para cumplir sus mandatos. Además, unas Fuerzas Armadas que no están sujetas al control civil de manera absoluta, incrementa la crisis de confianza que afecta la democracia y defensa del Ecuador. Por ejemplo, si un actor de oposición gana las siguientes elecciones y cree necesario implementar reformas que puedan dejar insatisfechos a los militares, lo pensará dos veces ante el temor de que le quiten el respaldo. Esto no quiere decir que el gobierno civil tiene la facultad de ordenar que los militares abusen los derechos constitucionales de la población, lo que quiere decir es que se necesita madurez civil para ejercer un mando informado sobre los militares. Parte de esa madurez es solucionar conflictos políticos sin alterar la cadena de mando civil que rige a los militares.
Los gobiernos que sospechan del poder que tiene las Fuerzas Armadas buscan disminuir los riesgos evitando reformas militares necesarias pero problemáticas. En el caso ecuatoriano, algunas de estas reformas son mayor empoderamiento y entrenamiento profesional militar, reducciones de personal que liberen presupuesto para modernización y operaciones, y una administración de la defensa más profesional. Para lograr estas y otras reformas, las fuerzas armadas deben ser percibidas como verdaderamente obedientes y sujetas al mando civil nacional. En todo caso, es necesario preguntarnos si es que queremos unas Fuerzas Armadas que tengan la capacidad de resolver conflictos políticos, aunque signifique debilitar la democracia ecuatoriana.
Tanto la oposición como Alianza País tienen un interés mutuo en terminar con el modelo de democracia protegida. Si no se logra instaurar una verdadera sujeción militar al gobierno civil, la democracia ecuatoriana, independientemente de quien la lidere, no podrá desarrollarse plenamente. Para finalizar este modelo es necesario lograr que los militares asocien la desobediencia a las órdenes civiles como un acto que destruye a la institución militar. Esto permitirá que los civiles logren la confianza necesaria para involucrarse en los temas militares y, lo más importante, no teman que estos tomarán una postura política que altere la cadena de mando nacional, que hoy es ocupada por Alianza País, pero mañana podría ser manejada por la oposición.
Las Fuerzas Armadas ecuatorianas olvidan
