Altos impuestos en Ecuador: un mito con excepciones

Todos los impuestos generan alguna distorsión en la economía, pues alteran los precios y las cantidades demandadas de los productos. Aun así, son necesarios porque financian gasto público que se justifica ya sea por un tema de eficiencia asignativa o de redistribución de los recursos. Con los tributos se financian servicios elementales como la seguridad, justicia, educación y salud, que si estuvieran privatizados en su financiación serían inaccesibles para gran parte de la población. Para Ecuador, que es un país petrolero y con poca privatización en los servicios públicos y los sectores estratégicos de la economía, la correcta medición del tamaño del sector público es la recaudación de impuestos sobre el PIB (Ingresos No Petroleros en el SPNF del BCE) que llegó al 23.81% en 2014, un aumento de seis puntos porcentuales en relación a 2007, cuando se situaba en el 17.81%.  Afirmaciones como que el Estado debe de tener un tamaño no mayor al 4% o 5% del PIB son visiones anacrónicas. No siguen ninguna métrica de cálculo seria, pues solo en educación, un gasto público del 5% del PIB puede considerarse como adecuado. En Ecuador a menudo se escucha que los impuestos son excesivos pero aquello no es cierto, salvo casos específicos.

El IVA es el impuesto que más recauda (6.34% del PIB en 2014), y que menos distorsiones genera a la economía, porque es un impuesto que recae sobre el consumo y que grava la mayor cantidad de bienes. En Ecuador, de hecho, se tienen dos tasas de impuesto para el IVA: una del cero por ciento, que aplica para la mayoría de bienes que hacen parte de la canasta básica, y el IVA general, que es del 12%, por ello incluso si se comparan canastas de consumo de acuerdo a distintos perfiles de ingreso el IVA no es regresivo que suele ser la mayor crítica a este impuesto. Si se compara este impuesto con el de los países de Sudamérica con salida al mar Pacífico, la de Ecuador resulta la tasa más baja. En Chile la tasa es del 19%; en Perú, 18%, y en Colombia, del 16%. El IVA es también un impuesto que no golpea la competitividad, porque los exportadores están exentos de este impuesto.

Adicional al IVA, en Ecuador también existen impuestos a los consumos especiales (ICE) que gravan productos como los tabacos, los licores, automóviles, bebidas azucaradas, etc. El objetivo de estos impuestos –más allá de recaudar fondos, pues recolectan apenas el 0.80% del PIB– es desincentivar el consumo de estos bienes: se entiende que generan externalidades negativas. Es así que el objetivo de un impuesto al tabaco es que la gente fume menos o que en caso de fumar contribuya más al fisco: si esta persona se enferma, le cuesta a toda la sociedad, pues el sistema de salud es público. Es justo que quien fuma contribuya un poco más, así tratando de evitar el problema del polizón, que se da cuando un individuo se apropia de un beneficio por el cual no pagó o pagó menos de lo que debía.

Al igual que en el IVA, los impuestos a los consumos especiales no son los que causan problemas de competitividad y tienen tasas similares en países vecinos. En Chile, Colombia y Perú este tipo de impuesto también se aplica a la gasolina, porque se entiende que este bien también genera externalidades negativas como congestión vehicular y contaminación. Lamentablemente en este punto en Ecuador se sigue una política contraria a la lógica económica y la gasolina se subsidia, lo cual nos sitúa más cerca a Venezuela y Bolivia que a los países del Pacífico. El país bolivariano de Chávez y ahora Maduro, pese a tener el combustible más barato del mundo (siete centavos el galón) es el país con mayor inflación, lo que evidencia que subsidiar combustibles fósiles no es la mejor política para mantener baja la inflación. Este incluso es un subsidio regresivo que beneficia en mayor proporción a los ricos que a los pobres, pues estos últimos tienen una menor probabilidad de poseer vehículos privados, según Cepal retirar este subsidio en Ecuador aumentaría el bienestar .

Los impuestos que podrían considerarse altos en Ecuador son los que se imponen al sector externo, las partidas arancelarias y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD, del 5%). Este último es un impuesto que ningún otro país tiene. Estos tributos arancelarios, más que a un fin recaudatorio –representan el 1.35% del PIB– obedecen a la lógica del actual gobierno de evitar la salida de divisas y sostener niveles de empleo en sectores protegidos, como el de confección y elaboración de zapatos, que se han beneficiado de estos tributos. Sin embargo, ese beneficio se produce a costa de un menor bienestar para los consumidores porque pagan un precio más alto al que se obtendría liberalizando estos sectores. También cabe aclarar que Perú, Colombia y Chile no han renunciado a su política monetaria y que ante un shock externo no tienen que recurrir a salvaguardas para proteger al sector interno frente al externo ya que allá la moneda sufre un ajuste automático, se da una depreciación de la moneda.

En Colombia el peso se depreció en alrededor de un 40% durante el último año, siendo que esto no ha generado ningún impacto inflacionario (algo que suele considerarse como el peor impuesto), como tampoco lo han generado las salvaguardas en Ecuador. Lo que ocurre hasta cierto punto es que cuando productos del extranjero se encarecen (una depreciación puede verse como un impuesto a las importaciones), se sustituyen con nacionales. La diferencia está en que una depreciación abarata sus exportaciones y encarece importaciones, lo cual es explicado por el teorema Marshall Lerner, mientras que la imposición de salvaguardas no genera ese impacto por lo que es menos eficaz. Si Ecuador tuviese moneda propia y la manejase adecuadamente con un esquema de metas de inflación del 2% al 4%, siendo la cotización de la moneda un objetivo secundario, de seguro que sería más factible pensar que los impuestos al sector externo deban de reducirse. Sin embargo, por el esquema de dolarización, hasta cierto punto, se justifica que se implementen acciones temporales como la imposición de salvaguardas, lo que ya sucedió en 2009 y ha ocurrido nuevamente en 2015, pues la baja del precio del petróleo obliga a que se implementen mecanismos que busquen corregir los desbalances del sector externo.

Las contribuciones sobre la nómina laboral para financiar pensiones, seguros por riesgos de accidente y salud son vistas a menudo como un impuesto más cuando la calidad de las prestaciones otorgadas no es la adecuada. En Ecuador, el aporte patronal y el del empleado suman una tasa del 20.55%. Comparada con Colombia, se queda bastante corta, pues allá los impuestos sobre nómina superan el 37.5%. En Chile, el pago de estos rubros asciende al 25,03%, mientras que en Perú –entre aportes a pensiones y salud– se paga 23%. El tema con estos tributos es que encarecen la contratación de mano de obra y, al igual que las subidas en el salario mínimo y demás compensaciones salariales, generan presión sobre informalidad laboral, esto si –y solo si– el nivel de competitividad del salario mínimo no está acorde a la competitividad del país. Claro está que estas contribuciones tienen fines específicos, y de hecho no son recursos manejados directamente por los gobiernos centrales. En el caso de Ecuador, el IESS es autónomo y obtuvo una contribución del 4.69% del PIB en 2014, una contribución que en 2006 fue del 3.32%. Este aumento de la recaudación se debe a un mejor control del pago del impuesto y no a una elevación de las tarifas.

En cuanto al impuesto a la renta, hay que diferenciar el sujeto de pago del impuesto. Para las personas naturales, este es un impuesto progresivo que se paga en función de los ingresos percibidos y para el cual existe una serie de exenciones. El impuesto efectivo en realidad es bastante bajo, incluso si no se toman en consideración deducciones de gastos en salud, educación, alimentación, vivienda, etc. Para muestra, la siguiente tabla: